El Gobierno ha cambiado radicalmente de estrategia ante las iniciativas del PP, que desde 2023 ha aumentado mucho su poder —gobierna en 13 autonomías y la gran mayoría de las capitales de provincia, en algunas con Vox— y ha vuelto a ser el partido más votado en las elecciones generales, una categoría que había perdido en 2019, aunque eso no le bastó para llegar a La Moncloa. Si en la legislatura anterior el Ejecutivo de Pedro Sánchez ninguneaba al PP, despreciando todas sus propuestas, ahora ha decidido entrar de lleno en ellas con una estrategia muy clara: contrastar lo que dice el PP con lo que hacen sus autonomías, la prueba de fuego de la gestión de los populares. El PP supone una amenaza clara para el PSOE en las próximas elecciones, y el Gobierno ha decidido entrar de lleno en la batalla ideológica frente a los populares.
Desde la inauguración del nuevo curso político, Sánchez ha decidido entrar al choque con las autonomías del PP para tratar de contrastar dos modelos de gestión, el progresista del Gobierno de coalición y el conservador del PP con apoyo de Vox. Con la última iniciativa del PP, su plan de conciliación, que va en la línea de un giro del PP hacia propuestas más sociales, el Gobierno y el PSOE han salido en tromba a denunciar la contradicción entre lo que proponen los populares y lo que han votado en el pasado —por ejemplo, ahora plantean la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a 26 semanas, pero antes votaron en contra de la equiparación a 16 semanas para padres y madres que aprobó el Gobierno e incluso la recurrieron ante el Tribunal Constitucional— pero también de lo que están haciendo sus propias autonomías, en las que según el Gobierno hay una línea clara de recortes en cuestiones relacionadas directamente con la conciliación.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, puso específicamente el ejemplo de Andalucía, la joya de la corona del PP y antaño granero socialista, a la que Sánchez está prestando especial atención últimamente para intentar debilitar la imagen de Juanma Moreno como un barón moderado alejado del ala dura de su partido. El presidente ha recordado en varias ocasiones que Moreno está haciendo la misma política fiscal que el PP en Madrid, esto es reducción de impuestos a los más ricos mientras pide al Estado más dinero, y Alegría ha recordado que mientras el PP propone ahora la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, la Junta de Moreno ha rechazado 122 millones de euros del Estado para plazas públicas de guarderías para proteger la red privada de estos centros en Andalucía. La Junta señala que solo reclama poder usar ese dinero para las plazas ya existentes en la red privada, que son suficientes para cubrir la demanda. El Gobierno denuncia que se podrían haber creado 12.000 plazas gratuitas en Andalucía con ese dinero.
El texto incluye la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 26 semanas —eliminando que la obligatoriedad de simultanear las primeras seis— o la “jornada laboral flexible” articulada a través de “un banco de horas para disfrute del tiempo en un acuerdo entre empresas y trabajadores”. Estas ideas, que implican un cambio en la línea de oposición que seguía al PP hasta ahora, ya han generado rechazo en algunos sectores del PP.
Fue el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, quien se mostró la semana pasada por primera vez favorable a la reducción de la jornada laboral, abriendo un melón que no gustó a algunos miembros del partido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó tras las palabras de su jefe reducir el número de horas por debajo de las 40 semanales, como impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz con apoyo de Sánchez. Y el domingo se sumó a las críticas la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en conversación con EL PAÍS: “Yo no creo en la superioridad moral de la izquierda, creo en la del liberalismo. Si no ganamos la batalla cultural, no ganaremos las elecciones”. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, trató de encarrilar el debate interno matizando las propuestas: su propuesta de “flexibilidad laboral”, explicó, no tiene “nada que ver con lo que plantea” la vicepresidenta Díaz. “No es una imposición de cuatro días, sino de incentivar el banco de horas, acompañado de garantía de productividad, en el marco del diálogo social y no desde la imposición”, señaló.
Alegría bromeó con el giro del PP. “¡Cómo se habrá visto Feijóo en el espejo para querer dar este giro social! Me recuerda a ese meme de cuando haces la compra y lo que te llega a casa. Feijóo eliminó en Galicia la gratuidad de los libros de texto. En materia social, la credibilidad del PP es cero.
El PSOE recuerda que el PP está reduciendo en sus autonomías los presupuestos en ayuda a la dependencia, parte fundamental de la conciliación, y rechaza ese dinero para guarderías públicas para preservar las privadas. Pero además, el PP ha votado en contra de la convalidación del decreto que extiende el disfrute del permiso de lactancia de 28 días a trabajadoras no cubiertas por convenio colectivos. Además, en materia de pensiones, en 2021 votó en contra del complemento para reducir la brecha de género, que afecta a 820.000 pensionistas, el 90% mujeres. El PSOE tiene un bastión en el voto femenino, el más afectado por políticas de conciliación, y también en los pensionistas, y quiere evitar a toda costa que el PP intente colarse en estos colectivos.
La política social de la coalición es, según interpretan en La Moncloa, una de sus grandes bazas electorales —Feijóo sufrió uno de los peores momentos de la campaña de las generales precisamente con su error sobre la revalorización de las pensiones por parte del PP, mientras Sánchez reivindica que nadie las ha subido tanto como su Gobierno— y no van a conceder ni medio metro al PP, que claramente está buscando otro tipo de imagen después de meses de oposición centrada en un ataque sin cuartel al Ejecutivo sin apenas propuestas porque entendía que Sánchez podía caer en cualquier momento. Este giro es interpretado en el PSOE como una asunción de que la legislatura va para largo, pero los socialistas han cambiado su estrategia y ahora piensan responder a todas las iniciativas de los populares. Además, están revisando la política de Feijóo al frente de la Xunta, y sostiene que el 75% de las familias en Galicia llevan 15 años sin gratuidad de libros escolares por una decisión del líder del PP. También en Castilla y León se ha reducido, explican en el PSOE, la aportación a la dependencia, o en Madrid 11.400 familias se han quedado sin plaza en las escuelas infantiles públicas este curso. En Extremadura, insisten, se ha eliminado la gratuidad universal de los comedores escolares, mientras Ayuso ha llevado a la Comunidad de Madrid a ser la región española con menor inversión en políticas sociales por habitante: 2.464 euros, frente a los 3.124 euros de media española, según los datos que maneja el PSOE.
Mientras, el PP, que registró este martes su Proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad, insiste en suavizar su imagen y rechazar cualquier contenido ideológico de sus iniciativas. “Nuestra alternativa no es ni de derechas ni de izquierdas. Es la de un Gobierno con propuestas útiles y capaces de conseguir grandes acuerdos que mejoren la calidad de vida de las personas”, aseguró Miguel Tellado, el portavoz del PP, que es precisamente el ariete de los populares y el que cada semana lanza las acusaciones más duras contra los socialistas. El PP también está preparando un paquete de medidas de vivienda, uno de los asuntos estrella del Gobierno para esta legislatura, pero hay diferencias muy claras entre las propuestas de unos y otros. Mientras la coalición apuesta por la construcción masiva de vivienda pública y ayudas a los jóvenes de rentas bajas para comprar su casa, el PP planteará en plan exenciones de impuestos para propietarios que pongan en alquiler pisos en desuso y para quienes compren casas. Entre las ideas del plan está la de bonificar por completo el impuesto de sucesiones y donaciones a familiares que destinen el dinero recibido a comprar una vivienda, algo que según la coalición beneficiaría a las rentas más altas, que son las que tienen más dinero para donar a sus hijos.
