Giro en la política sobre la deuda de las renovables. El Gobierno ha pagado íntegramente un laudo dictado en 2021 a la japonesa JGC Holdings Corporation. En total, 32 millones de euros. La decisión supone un punto de inflexión, ya que pone fin a varios años de bloqueo. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, ha condenado a España en 26 ocasiones a abonar indemnizaciones que ya alcanzan los 1.885 millones de euros. El Ejecutivo se niega a compensar a las compañías alegando a una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Ciadi reconoció en noviembre de 2021 que España debía indemnizar con 23,5 millones de euros a JGC Holdings por la retirada retroactiva de primas a las renovables hace ya más de una década. Como el Gobierno no abonó la cantidad, la compañía japonesa decidió llevar el caso a la justicia ordinaria.
Un juez del Tribunal del Distrito de Columbia, Rudolph Contreras, reconoció a finales del año pasado la deuda e instó a las autoridades españolas a satisfacerla, incluyendo intereses de demora y el reembolso de los costes del proceso. En caso de no hacerlo, abría la puerta a embargar activos españoles. El acuerdo alcanzado entre las partes evitará ese escenario poniendo fin a la disputa.
Acuerdo con el Gobierno
El laudo, gestionado por el fondo Blasket Renewable Investments, fue llevado a los tribunales de Estados Unidos por el bufete Gibson Dunn. El abogado acreditó que la sentencia no había sido cumplida y, por tanto, España había incurrido en una situación de impago e incumplimiento. El de JGC Holding es el primer pago que realiza el Gobierno español.
«Aplaudimos esta decisión del Gobierno, pero es importante reconocer que sigue habiendo otros 26 laudos dictados en contra que serán ejecutados en los tribunales en caso de no ser abonados. Es un desenlace inevitable. Al incumplir sus obligaciones internacionales, España solamente termina por aumentar la carga de obligaciones que debe pagar el contribuyente y, además, desincentiva la captación de inversión extranjera, precisamente en un momento en el que resulta vital atraer inversiones en energía e infraestructuras», ha valorado el abogado Matthew D. McGill, socio de Dunn.
El pago de este laudo representa un precedente importante para el resto de acreedores, que siguen buscando un acuerdo. De no ser posible, preparan nuevas medidas para la ejecución de sentencias firmes ante tribunales de terceros países. La justicia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica ya ha autorizado distintas medidas orientadas a proteger a los afectados, como el embargo cautelar de todo tipo de activos españoles en su país.
El origen de la polémica se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios.
Embargo de activos
Las compañías afectadas acudieron al Ciadi. De los 52 procedimientos presentados, el órgano vinculado al Banco Mundial les dio la razón en 26. La última resolución, la de Mitsui, elevó a 1.885 millones de euros el monto que debe pagar España por las renovables. Sin embargo, hasta ahora no habían recibido ni un solo euro, por lo que optaron por acudir a los tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica y Australia ya han permitido el embargo de activos españoles para contrarrestar los impagos.
El primer país que autorizó la confiscación de activos españoles fue Reino Unido. Entre los bienes embargados de manera cautelar se encuentra la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina de promoción económica de la Generalitat, el Instituto Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias y el cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.
La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Sin embargo, las empresas afectadas sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). El mismo del que Europa, con España a la cabeza, ya ha anunciado que quiere abandonar.
