El Gobierno de España ha desoído reiteradamente varios informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre la protección a los saharauis que desde hace semanas permanecen en dependencias del aeropuerto de Barajas, en Madrid. Los documentos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, están dirigidos directamente a María Cruz Fajardo Vizcayno, subdirectora general de Asilo, que depende del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En todos los casos, ACNUR ha recomendado a España que autorice la entrada de los ciudadanos de origen saharaui en vez de intentar expulsarlos, como ha venido haciendo en los últimos días, la última vez en la madrugada de este lunes.
Uno de los casos que cuenta con al menos cuatro informes de ACNUR que lo respaldan (fechados los días 12, 14, 23 y 26 de septiembre) es el de Hamou Ali. Es un hombre de 30 años, nacido en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, que es sordomudo y padece cáncer. El 7 de septiembre, a su llegada a Barajas, presentó una solicitud de reconocimiento de apátrida y ahora cumple 24 días en una sala del aeropuerto, junto a casi 40 saharauis a los que también se les ha denegado el asilo o el procedimiento de apátrida. Ya han pasado cerca de tres semanas sufriendo hacinamiento, con comida racionada y en condiciones insalubres, según sus abogados.
En todos sus informes, ACNUR recuerda al Gobierno que la convención sobre el estatuto de los apátridas estipula que “los Estados no expulsarán a apátrida alguno que se encuentre legalmente en el territorio de tales Estados”. También cita el manual de esa agencia de la ONU que establece que “para asegurar que los procedimientos sean justos y eficientes, a los Estados se les asesora que se abstengan de expulsar a un individuo de su territorio mientras esté pendiente el resultado del proceso”. Por eso, ACNUR insta en esos informes al Gobierno de España a que “se autorice la entrada del solicitante a territorio a fin de continuar con el procedimiento de apatridia”.
Pero, además, teniendo en cuenta el estado de salud y la discapacidad de Hamou Ali, ACNUR “recomienda a las autoridades valorar la posible concurrencia en el presente caso de los requisitos para que se le reconozca un permiso por razones humanitarias”. Hasta el momento, ninguna de las vías que ha recomendado la agencia de la ONU para los refugiados la ha acogido Interior.
Fuentes de Interior han respondido a este diario que “cada caso se evalúa individualmente antes de adoptar una resolución definitiva”, que, según dicho departamento, “se atiene siempre a los criterios y requisitos establecidos en las legislaciones nacional e internacional en materia de protección internacional”. Sin embargo, han descartado comentar los informes remitidos por ACNUR o sobre cada caso en concreto alegando razones de confidencialidad.
No es el único caso en que esa agencia ha instado al Gobierno a acogerlo. Una recomendación idéntica ha emitido para Raschida Amaador, de 32 años, quien llegó a Barajas el 20 de septiembre en un vuelo procedente de Marrakech (Marruecos). Su sobrino, informó Efe, fue deportado a Marruecos después de haber llegado a Canarias en patera en 2019 y actualmente cumple una pena de 12 años en una prisión marroquí. A Raschida le fue negada la protección internacional. Su letrada pidió un reexamen de la solicitud, que también fue desestimado, pese a que ACNUR había emitido otro informe favorable a ella con fecha 28 de septiembre de 2024. Amaador fue una de las personas que Interior intentó expulsar en la madrugada de este lunes en un vuelo de Air Europa con destino a Marrakech, pero ella se negó a abordar el avión y sigue en dependencias del aeropuerto.
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Como ellos también sigue en Barajas Mohamed Aliaa, primo hermano de Hassana Aalia, un reconocido activista saharaui que vive en España a quien la Audiencia Nacional reconoció como asilado y que fue condenado a cadena perpetua en Marruecos por su participación en las protestas del campamento de Gdeim Izik en 2010. También permanece en el aeródromo madrileño la hija de Aicha El Talbe, a quien España le ha negado la protección, pese a que —con la misma documentación— Francia se la concedió a la madre y a sus hermanos.
Fatma El Galia, abogada de varios de los saharauis que están en Barajas, denuncia que “no se han dado las garantías procesales dentro del procedimiento de asilo” y pone por ejemplo el hecho de que el intérprete que se ha puesto a disposición de los retenidos es de Marruecos y habla dariya, el árabe dialectal marroquí, mientras que los saharauis hablan otra variante del árabe, hassanía. “Eso viola lo que dice la ley de asilo”, asegura la letrada, según la cual al solicitante debe proporcionársele un intérprete que hable en su lengua.
