Agentes de los servicios de inteligencia han llegado a tal nivel de desconfianza con el Gobierno que han empezado a no reportar algunos de sus informes a los mandos ante el temor sobre el uso que se le puede dar a los mismos, según fuentes solventes consultadas por THE OBJECTIVE. «Hay mucha pasividad y se trabaja bajo la cultura del miedo porque lo que se está viendo es que en el PSOE hay una organización criminal y el Gobierno es el mayor enemigo de España, es la principal amenaza», dicen. Igualmente, apuntan a una desconfianza mutua entre los servicios de inteligencia: «Se están vigilando mutuamente. Nadie comparte nada porque no se sabe cuál es la intención».
No son momentos fáciles para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los diversos servicios de inteligencia que trabajan para el Gobierno. Los casos de presunta corrupción que afectan al entorno más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su familia, al PSOE y a miembros del Ejecutivo mandatan, por orden del juez, a los agentes a actuar para desmantelar las diversas tramas corruptas. El ataque del Gobierno a la Justicia y a estos cuerpos policiales los sitúa en una posición muy comprometida. Para algunos, el deber está por encima de las presiones que puedan recibir del régimen, el sanchismo, que consideran «insurrecto» contra las instituciones del Estado, y se afanan por sacar a la luz toda la verdad. Para otros, los que no están afectados directamente por estos mandatos judiciales, la actitud es la de brazos caídos: conocer lo que sucede pero no reportar la información.
«Ahora mismo se está produciendo una enorme desconfianza entre los diferentes servicios de inteligencia», señalan a este periódico agentes de estos cuerpos, «muchísima. Ahora estamos espadas en alto y lo que toca es defender a ultranza a la UCO. El PSOE no es un partido político, sino una organización criminal supranacional. Existen muchas dudas sobre hacia dónde vamos porque el Gobierno está haciendo lo que es peor para España». Estas fuentes subrayan que «Sánchez está totalmente perdido y su manera de protegerse es mantenerse en el poder. Encuentra su refugio en Moncloa».
A juicio de estas fuentes, «una de las atribuciones del CNI es preservar las instituciones del Estado, lo que pasa es que el Estado está atacando al Estado. Lo que sucede ahora es que si los agentes van en dirección contraria, es que están en la dirección correcta, porque están protegiendo la estructura del Estado. El problema es que no pueden dar información al que lucha contra ti». En esta línea, insisten en que «las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que velan por la integridad de las instituciones, tienen que rebelarse contra el Gobierno».
Un ejemplo es el narco túnel de Ceuta, que, siempre según estas fuentes, el CNI y el Cifas, la inteligencia militar, sabían de su existencia hace más de un año, «y no actuó. Los que no lo sabían era la Guardia Civil, que son los que han actuado, y lo han desmontado. La información está totalmente compartimentada, y esto es un ejemplo de la desconfianza mutua en la estructura del Estado porque estamos en una especia de insurrección». El caso de Marruecos es muy significativo porque este «narco túnel es un ataque a nuestra integridad territorial».
Otro caso de esta desconfianza es la presencia en España de Carles Puigdemont, que no quisieron detenerlo en el centro de Barcelona. «¿Nadie lo sabía?», se preguntan estas fuentes. «Claro que sí, lo que pasa es que hay miedo de detenerlo y cumplir la ley. Esto es una discrepancia muy grande, el CNI tiene que preservar las instituciones, pero es el mismo Gobierno el que realiza esta acción».
Estos colectivos admiten que «estamos deseando que haya un presidente que luche por los intereses de España. Lo único que pedimos es separación de poderes, independencia judicial, libertad de expresión», subrayando que hay muchos agentes en esta línea. Sin embargo, también alertan de la «muerte civil» a la que les pueden someter, citando el caso del exagente de la UCO, Juan Vicente Bonilla, al que tergiversaron sus palabras sobre colocar una bomba lapa diciendo que era para el presidente del Gobierno, cuando la realidad es que lo comentaba sobre sí mismo. «Es muy peligroso lo que han hecho con él. Imagínate que es alguien que tenga una información un poco relevante, le pueden imponer quince años por delito de traición. Y a lo mejor ha filtrado un documento con una buena intención. Hay que tener mucho cuidado».
