Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, ha informado a los medios de comunicación que el Ministerio de Justicia e Interior trabajan para concretar una serie de cambios en el Código Penal con la finalidad de aumentar la presión sobre el narcotráfico en las costas andaluzas. Las declaraciones se producen en el marco de la reunión de la Mesa de Coordinación Operativa del IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. En la reunión ha destacado la ausencia de Fernando Grande-Marlaska y el director de la Guardia Civil.
Uno de los objetivos más notables es establecer el castigo penal a las embarcaciones que nutren a las narcolanchas y sirven de apoyo logístico en los portes de droga. Esta práctica se conoce como «petaqueo» y la Policía asegura que en ocasiones resulta complejo determinar que la gasolina que almacenan estas embarcaciones está destinada a actividades ilícitas.
El análisis que se está llevando a cabo sobre esta frecuente actividad resulta ser una tradicional reivindicación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como informó THE OBJECTIVE, la denuncia que recae sobre las personas que participan en el «petaqueo» solo supone una sanción administrativa. Las ínfimas consecuencias por formar parte de este engranaje del narcotráfico ha hecho que esta función sea atractiva incluso para los más jóvenes.
Según los últimos datos oficiales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han ejecutado 1.712 operaciones policiales contra el narcotráfico, 106 correspondientes a acciones ilegales de carácter financiero. Casi mil personas han sido investigadas o detenidas y un total de 27.000 kilos de sustancias estupefacientes han sido sustraídas.
El refuerzo de plantillas en las zonas cubiertas por el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar figuró una inversión de 40,1 millones de euros en los últimos cinco años, con un incremento de 17,5 millones para 2024 y otra nueva ampliación por determinar en 2025.
Resultados insuficientes
Los datos presentados por el Ejecutivo contrastan con los últimos episodios vividos en las costas. Al suceso del trágico fallecimiento de dos guardias civiles en Barbate se han sumado otras embestidas a patrulleras y la continua presencia de narcolanchas en las playas de Costa del Sol durante Semana Santa.
Muy lejos de que el narcotráfico muestre signos de agotamiento, las continuas operaciones a plena luz del día prosiguen sin que los agentes sientan una mayor protección. Mientras que los narcotraficantes exhiben machetes en sus redes sociales como signo de amenaza, guardias civiles y policías expresan la carencia de medios, la falta de motivación y exigen una inteligencia operativa común que permita hacer frente al narcotráfico.
El sindicato de la Guardia Civil AUGC ha expresado en numerosas ocasiones que a pesar de que las cifras en inversión y plantilla hayan aumentado, el contexto sigue siendo muy similar al de 2018. Gran parte de esta situación es propiciada, fundamentalmente, por una legislación laxa que anima a los narcotraficantes a seguir operando en las costas andaluzas.
Una tramitación nada fácil
Aunque la noticia ha suscitado reacciones positivas, expertos apuntan a la dificultad de la tramitación de esta ley. Al ser necesaria la reforma de Ley Orgánica, la modificación del Código Penal requiere la aprobación del Congreso de los Diputados con mayoría absoluta, cuestión que se plantea compleja si se tiene en cuenta la situación parlamentaria.
Fuentes consultadas por THE OBJECTIVE agregan la urgencia de tramitar esta modificación para que la persecución al narcotráfico sea integral. Horas antes de la llegada de Rafael Pérez al Campo de Gibraltar, la Guardia Civil ha incautado en los municipios de Conil y Chiclana dos furgones que tenían más de 4.000 litros de combustible almacenados en garrafas, supuestamente para más tarde abastecer a las narcolanchas ubicadas en el mar.
Otro de los aspectos más destacados de la cita ha sido el compromiso sobre la apertura de nuevas investigaciones en Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla. Además, el secretario de Estado de Seguridad ha puntualizado la petición por parte de los jefes de Policía para incrementar la colaboración internacional con Marruecos y Portugal.
Como informó THE OBJECTIVE, Gibraltar supone un ejemplo de firmeza con respecto al «petaqueo». Según la modificación en septiembre de 2021 de la Ley del Petróleo, conocida como «Petroleum Act», las multas se incrementan considerablemente y las penas de prisión van desde los diez años a prisión permanente en caso de que se haya producido una muerte o lesiones graves.
Según la Fiscalía General de Estado, la nueva legislación gibraltareña genera una derivación de este tipo de prácticas sobre nuestro país, donde gran parte de las multas impuestas a los «petaqueros» no son cobradas porque las personas que participan en ello son consideradas insolventes.
