¿Qué desgasta más al Gobierno? ¿La amnistía o el caso Koldo? No hay respuestas unívocas ni unánimes. La fortaleza del gabinete gubernamental vendrá marcada por el desarrollo y aplicación de la ley que borrará los delitos a implicados en el procés y por los descubrimientos y hechos probados que se produzcan en el caso del asesor del exministro José Luis Ábalos (Koldo García). En el Ejecutivo defienden sin titubeos a la expresidenta de Baleares y presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el punto de mira de la oposición. El camino será tortuoso, pero el Gobierno planea, en la medida que pueda, simultanear la tramitación de la ley de amnistía ―fuera de su control una vez sea aprobada y pase al ámbito de los jueces―, con medidas de calado. Para estas necesitará, como ahora, los votos de ERC, Junts, y el resto de los socios externos. Con todo, el PSOE y el Gobierno son optimistas. Su esperanza descansa en que creen que Carles Puigdemont ha variado su posición respecto a su futuro y a la relación con Madrid. El acuerdo para la ley de amnistía fue el punto de inflexión.
El nudo del acuerdo no hubiera sido posible sin que los portavoces de ERC y Junts hubieran abdicado de su propio forcejeo: el de quién consigue más. Así lo explicó este periódico en su edición del sábado. Se avinieron a escuchar las propuestas de los negociadores socialistas después de tomar en consideración las sugerencias de la Comisión de Venecia. Esas conversaciones entre los independentistas vinieron precedidas de las que habían mantenido el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con sus respectivos interlocutores de ERC y Junts.
El Gobierno y el partido que lo sustenta, además de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, asumen que las manifestaciones de los líderes independentistas no ayudarán al Ejecutivo. No solo, como afirman en público, porque los independentistas ni dejarán de serlo ni nadie se lo pedirá, sino porque la escalada verbal continuará. “Ahora, a por el referéndum de autodeterminación”. Así lo anuncia el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el propio Puigdemont. ERC no se quedará atrás en el terreno de las aspiraciones nacionales. El PP tiene base para seguir en su línea de denuncia.
Aún así, fuentes gubernamentales y del PSOE aseguran que Puigdemont ha entrado en una fase distinta, más realista que en la que se ha movido durante sus seis años en Waterloo, desde que se fugó de España.
El expresidente catalán ha aceptado la ley de amnistía, que se aprobará previsiblemente en torno al mes de junio, a sabiendas de que su inmunidad total no está garantizada. Su equipo anuncia que dejará “el exilio” para volver a Cataluña el próximo julio. En todo caso, después de las elecciones europeas. En privado, sin embargo, distintos interlocutores señalan que el político independentista no tiene decidida la fecha de su regreso, ni tampoco habrá un automatismo entre la publicación de la ley en el BOE y su regreso. Lo cierto es que ha aceptado la última versión de la ley que le ha ofrecido el Gobierno.
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El desgaste del Ejecutivo seguirá y de ello se encargarán cada día el PP y VOX. No juntos, pero sí en paralelo. La férrea oposición, en las instituciones y en la calle, no alterará el plan de Pedro Sánchez de seguir adelante con la legislatura, que está en sus comienzos. Primero, los Presupuestos, junto a anuncios de mucho calado, como el reconocimiento de un Estado para los palestinos; ya que el de Israel es una realidad. La propuesta, trascendental, se llevará al Congreso y será sometida a votación de todos los grupos. Junts, tanto ahora como en la etapa del partido de Jordi Pujol, mantiene una estrecha cercanía con Israel. En esta y en otras propuestas de legislatura se verá hasta dónde llega el cambio que el Gobierno quiere ver en Puigdemont.
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