Ni siquiera a la tercera fue la buena. El Gobierno de Giorgia Meloni fracasa por tercera vez en su intento de enviar a los inmigrantes irregulares rescatados en el Mediterráneo a los dos centros que Italia construyó en Albania, para después repatriarlos. El Tribunal … de Apelación de Roma ordenó la liberación inmediata de los 43 migrantes retenidos en el centro de Gjader, Albania.
El pasado domingo, Italia había reanudado el traslado de inmigrantes a los centros de Shengjin y Gjader en Albania después de una interrupción de casi dos meses. La nave Cassiopea, de la Marina Militar, partió de las aguas de la isla de Lampedusa con 49 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo por patrulleras italianas. Fueron desembarcados el martes en Albania y de inmediato, tras una inspección médica, seis inmigrantes fueron reenviados a Italia porque eran menores o vulnerables. En los dos traslados anteriores de inmigrantes -en octubre y noviembre del año pasado- los jueces de inmigración del Tribunal de Roma no validaron su retención en Albania, alegando que no podían ser repatriados a sus países de origen porque no reunían garantías de «seguridad».
Este viernes, los magistrados del Tribunal de Apelación de Roma, tras analizar los expedientes de cada uno de los inmigrantes enviados el domingo a Albania, en su mayoría bangladesíes y egipcios rescatados en el Mediterráneo, suspendieron la medida de retención y remitieron los casos a la Corte de Justicia de la Unión Europea. Este Tribunal tiene previsto pronunciarse el próximo 25 de febrero sobre la clasificación de los países de origen como «seguros». Precisamente, la oposición criticó duramente las prisas del Gobierno para reanudar los traslados de inmigrantes a Albania, sin esperar al próximo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En diciembre, el Tribunal Supremo estableció que la definición de países seguros «es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los demás ministros que intervienen concertadamente». Según la sentencia del Tribunal, corresponde a la política «evaluar cualquier circunstancia específica» que pudiera generar riesgos específicos para el solicitante de asilo individual si regresa a su país de origen. Esta sentencia fue determinante para que el Gobierno Meloni reanudara el pasado domingo las operaciones de envío de inmigrantes a Albania.
Pero los jueces italianos se atienen a la doctrina de la Corte de Justicia de la Unión Europea, una instancia que está por encima de los tribunales italianos. La nueva decisión de los jueces de inmigración del Tribunal de Apelación de Roma supone un varapalo para el Gobierno Meloni, que mantiene un duro enfrentamiento con la magistratura por el tema de la inmigración, recrudecido en los últimos días por el caso Almasri. Este general, jefe de la policía judicial de Libia, acusado de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional, fue detenido en Italia el 18 de enero en Turín, para ser liberado y repatriado dos días más tarde a Trípoli en un vuelo de Estado de los servicios secretos italianos. Los medios italianos destacan que la liberación del general libio fue una medida del Gobierno Meloni que se habría hecho por razones de Estado y de «seguridad nacional», a cambio de frenar la emigración desde Trípoli.
