«El Gobierno utiliza a los menores para la confrontación política»

—Tras haber incumplido con el primer reparto de menores ¿cree que el Gobierno actuó para evitar más reprimendas del Tribunal Supremo?

—Es evidente que el Gobierno de España no quiere cumplir con sus obligaciones. Si no, no hubiéramos tenido que acudir al Supremo ni este tener que dictar tres autos. No sé si es incapacidad, improvisación o nula voluntad de cumplir con el TS.

—¿Se plantean volver a los tribunales si se incumple de forma reiterada ese calendario?

—Obviamente, lo pondremos en conocimiento porque no vamos a ser cómplices de la desobediencia.

—¿Le da la sensación de que el Gobierno le está dando largas a Canarias, que están tratando de ganar tiempo?

—No sé si es ganar tiempo o utilizar como elemento de confrontación política a los menores. No consigo entender cómo recibimos a 250.000 ucranianos en un tiempo récord, con el Gobierno de España sacando pecho, diciendo que teníamos el mejor sistema de protección internacional del mundo, no entiendo cómo montamos un show con aviones militares sacando a refugiados de Afganistán, con todo una ristra de ministros a pie de pista en Torrejón de Ardoz saludando, y somos incapaces de sacar 946 niños de Canarias cuatro meses y medio después.

—Usted ha hablado en las últimas horas de improvisación por parte del Ministerio, ¿por qué lo dice?

—Cuando debían haber empezado las derivaciones, no habían comunicado ni quienes eran los cuidadores que iban a acompañar a los niños ni a dónde iban a ir los niños. Improvisación porque hacen un decreto, en el último Consejo de Ministros, para dotar con 40 millones la creación de 1.200 plazas, y no sabemos ni cuándo se van a crear, ni dónde se van a crear ni qué tipo de plazas van a ser.

—Esas palabras le han costado el reproche de la ministra Saiz, que le llamó «desleal»…

—La ministra Saiz y el Gobierno de España son lo que están siendo desleales con esos niños, con los tratados internacionales y con Canarias.

—¿Esa improvisación cree que viene motivada, tal vez, por una descoordinación entre los propios ministerios implicados?

—Descoordinación y algún otro interés detrás. Creo que hay intereses electorales, partidistas y de confrontación, que están haciendo que esta situación perjudique a los niños y a Canarias. Esto evidentemente es un caldo de cultivo para la ultraderecha, para la xenofobia, para el populismo… y creo que eso, ahora mismo, al Gobierno de España le interesa.

—¿Teme que el 28 de agosto no empiece el reparto ordinario?

—El histórico no nos ofrece garantías de cumplimiento. Pero vamos a esperar y a desearlo. A partir de septiembre las condiciones de navegación serán mejores y van a empezar a llegar más.

—En ese tiempo de espera hay muchos menores que ya han cumplido la mayoría de edad. ¿Qué hacen luego, desprotegidos y sin documentación?

—Se quedan en Canarias desprotegidos o algunos se meten de polizones en barcos para intentar llegar al continente. Se les están vulnerando sus derechos. Tuvimos que acudir al Supremo, es decir, una administración denunciando al Gobierno de España, para que cumpliesen con su obligación. Esa situación de desprotección y de vulnerabilidad, es más que evidente. Hoy son menores y mañana son adultos, de un día para otro estás en un recurso y tienes unas medidas de protección y al día siguiente te vas a la calle sin papeles y sin posibilidad de nada. Un Gobierno que se autoproclama de los débiles, de los vulnerables, de las personas y de los derechos humanos, esté cometiendo durante más de dos años este atropello y que lo siga cometiendo conscientemente, es un poquito fuerte.

—Sánchez pasa 20 días de sus vacaciones en Canarias y ni tan siquiera se ha acercado a un centro para ver la realidad en persona y saber lo que está sufriendo Canarias. ¿Lo entiende?

—Yo no lo haría, es evidente que no actuaría así. Pero bueno, cada uno es dueño de sus actos.

—Dijo la ministra Saiz que «no habrá excepciones», pero que a Madrid, por ahora, no iban a ir los 600 niños previstos… ¿Se tendrán que quedar aquí?

—En Canarias no se pueden quedar. Canarias entra en contingencia migratoria cuando triplique su capacidad ordinaria y eso va a ser en torno a los 2.200 menores. El Estado tendrá que decidir, es al que le compete la distribución.

—Sánchez le prometió hace un año pagarle lo que le debía de 2023 ¿Cuál es la deuda a día de hoy del Estado con Canarias?

—A día de hoy nos deben los 50 millones de 2024 y, como mínimo, 100 millones del 2025, con lo cual 150. Pero ahora que el Supremo ha dicho que los menores de protección internacional son competencia exclusiva del Estado, nosotros entendemos que el dinero que nos hemos gastado en esos menores extranjeros no acompañados lo tiene que pagar íntegro el Estado, con lo cual estamos hablando de una cantidad superior a los 190 millones de euros. Nos vemos en la obligación de acudir al Supremo para reclamar ese dinero.

—¿Y cómo soporta eso las finanzas de su administración?

—Teniendo que derivar gasto público de los canarios para estas partidas porque, además, ni siquiera para eso se nos ha permitido incumplir las reglas de gasto.

—¿Cree que el Gobierno de Sánchez no ha sido lo suficientemente valiente para pedir la misma ayuda a Europa que España ofreció en su momento, por ejemplo, con el Aquarius?

—Europa le ha dado ayuda, de hecho, Europa le ha dado alrededor de 600 millones de euros a España para la migración. Pero los ha dedicado a los adultos desentendiéndose de los menores.

—¿Cómo valora la negativa de Ayuso o Azcón de acoger a niños que dice el Gobierno que les toca a sus comunidades?

—Se podrá estar de acuerdo o no con la política del Estado en materia migratoria, que yo no estoy de acuerdo, pero por encima de todo hay que proteger al menor. Una vez que los menores están en tu territorio, son vulnerables y tienes que atenderlos.

—Si llega un autobús con unos menores de Canarias, que en ese momento todavía están bajo la tutela de su administración, los ponen en la puerta de un centro de Madrid y la Comunidad Autónoma da la orden de que los niños no entren…

—Estoy convencido de que la Fiscalía de Menores intervendrá y será el fiscal el que tendrá que decirle a la Comunidad Autónoma de Madrid que cumpla con su obligación y si no que apechugue con las consecuencias.

—¿Considera que se podría haber hecho mejor el reparto y no pactando con Junts?

—El Estado lo podía haber hecho sin haber cambiado la ley, porque el artículo 2 de la Constitución se lo permite. Pero el Estado no ha querido hacerlo. Igual que el Estado coge a los niños en altamar y me los deja en el muelle de La Restinga y me tengo que hacer cargo yo, podría coger a esos niños y en vez de llevarlos a Tenerife llevarlos a Madrid, a Barcelona o a Zaragoza.

—¿Cuál es la situación de los centros gestionados por la ONG investigada por malos tratos?

—De entrada, hay secreto de sumario. Nosotros estamos a disposición del juez. Los niños que estaban en esos recursos fueron distribuidos por orden judicial. Lo que sí hemos hecho es reforzar todas las inspecciones en esos y en todos los centros para ver las condiciones de los menores, que por otro lado, llevamos más de dos años diciendo que son insostenibles. Lo ideal es tener recursos de 20 o 30 menores, no de 300. El Estado nos ha sometido a una condición de hacinamiento.