El Grupo Tragsa, de capital social íntegramente público -integrado por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec- y bajo sospecha por el caso Jésica, ha copado la mayoría de las adjudicaciones de obras públicas contratadas por las administraciones a medios propios entre los años 2021 y 2023, tal y como ha podido saber THE OBJECTIVE. Las constructoras españolas llevan varios años denunciando el fuerte incremento de la contratación por parte de las administraciones públicas de los medios propios, es decir, de empresas públicas, sin necesidad de acudir a un concurso público y, por tanto, a la libre competencia y concurrencia.
La última en hacerlo ha sido la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Seopan, que denuncia, al igual que ha hecho en diversas ocasiones la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el incremento en esta forma de realizar grandes proyectos. Una cuestión que crece desde el año 2021 cuando el ámbito del medio propio se amplía mediante el RD-ley 36/2020, lo que posibilita al sector público la ejecución mediante encargo a medios propios de las prestaciones de los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
Este marco normativo ha incrementado los encargos a entes instrumentales desde entonces. Según el informe anual de supervisión de la contratación de OIReScon, el volumen de encargos a medios propios en 2023 fue de 4.093 millones de euros, lo que duplica el de 2021, de 1.935 millones de euros. «En las diferentes administraciones cuando tienes que ejecutar un plan, como el Plan de Resiliencia, y tienes unos plazos, es más fácil acudir al encargo a medios propios porque es más rápido y no tienes que ir a licitación ni a concurrencia que demora unos tres meses», explican fuentes del sector a THE OBJECTIVE.
Este fuerte incremento de los encargos de adjudicaciones de obras públicas a empresas de la administración está además altamente concentrado. Según la patronal, el 64,2% de este crecimiento en los encargos lo han copado diez empresas públicas, especialmente Tragsa y Tragsatec con el 21% y 17,5%, respectivamente. «Para la administración es mas fácil dárselo a estos medios propios, pero lo estamos sacando del mercado, se está sacando del mercado la concurrencia pública», añaden estas fuentes, como están señalando desde «CNMC, TSJUE el propio OIReScon». Estas mismas fuentes señalan que «es una barbaridad sacar toda esta cantidad de millones de la libre competencia» al tiempo que añaden que el proyecto final «es más caro».
El horizonte temporal de ejecución de fondos europeos a mediados del 2026 «ha acelerado que las administraciones de todo tipo, desde estatales hasta locales, hayan abusado de esto», lamentan. «Esto es un problema porque estamos dando esta cantidad de millones al propio sector público, entonces es un círculo y no pasa a la economía real. Se pierde competitividad».
«Abuso» de medios propios
Este «abuso» de medios propios por parte de las administraciones de 2021 se produce mientras la licitación pública de concesiones de obras está en mínimos. En 2024, según los datos de Seopan solo se produjeron 11 concesiones licitadas de 312 millones de euros, frente a los 5.274 millones de euros licitados en 2023. Además, el informe anual de supervisión de la contratación de 2024 de OIReScon, hace referencia a que en 2023 las concesiones representaron un 5,1% del total de la contratación y que un 19,3% de las concesiones licitadas quedaron desiertas.
El encargo a medios propios también se está generalizando en los procesos de reconstrucción de los daños ocasionados por la dana del pasado mes de octubre en Valencia. En concreto, tal y como recuerda la patronal de las grandes constructoras, los RRDD-ley 6 2024 y 7/2024, autorizaron encargos a Tragsa para la reparación y reconstrucción de explotaciones agrarias mediante un acuerdo marco de 570 millones de euros y un régimen de ayudas directas de 1.745 millones de euros para reconstruir infraestructuras locales, permitiendo a las administraciones de la zona contratar la redacción de proyectos y ejecución de obras al Grupo Tragsa.
En el punto de mira
Tragsa y su filial Tragsatec están especializadas en medio ambiente, agricultura, desarrollo rural y emergencias, obras y servicios para la Administración. Tragsatec fue clave como ejecutora de gran parte de los contratos del Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como contamos en este diario. Este plan, con cierto paralelismo con el Plan de Recuperación y Resiliencia actual, intentó reactivar la economía en plena crisis financiera mundial.
En un corto periodo de tiempo se repartieron ingentes recursos públicos (12.000 millones de euros) en obras de dudosa utilidad como construcción, túneles, carreteras y proyectos medioambientales. Ahora, el mismo grupo público ha ejecutado fondos europeos al menos por valor de 1.000 millones de euros. La compañía está en estos momentos en el punto de mira por la contratación de Jésica Rodríguez -la mujer que acompañó al exministro José Luis Ábalos en diferentes viajes oficiales- en su filial de ingeniería.
Tras la declaración de esta mujer como testigo en el Tribunal Supremo, donde aseguró que estaba contratada por esta empresa, pero nunca acudió a trabajar, la gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal de Tragsa ha dimitido. Además, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado recientemente que el Grupo Tragsa, en el que está integrado la empresa Tragsatec, está llevando a cabo una auditoría interna para investigar esta polémica contratación.
