El juez instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado este martes en una providencia a la Oficina en España del Parlamento Europeo que le “expida y remita certificación de la condición de diputado de dicha Institución de Luis Pérez Fernández”, alias Alvise. Este es el primer paso antes de pedir al Supremo que impute al eurodiputado por la financiación ilegal de su partido Se Acabó la Fiesta (SALF). El político tenía una causa abierta en la Audiencia Nacional por la financiación de la campaña de SALF en las últimas elecciones europeas, pero Alvise no estaba obligado a ir a declarar por su condición de aforado. La Fiscalía Anticorrupción presentó este lunes un informe ante la Audiencia Nacional en el que considera que existen indicios sólidos y bien apuntalados de que el eurodiputado recibió ese dinero del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo a cambio de “favores futuros”, como cambiar la legislación sobre ese tipo de activos para que este empresario se beneficiase. Calama, un día después, hace el primer movimiento para elevar la causa al alto tribunal.
El escándalo del caso Alvise saltó a la luz este septiembre tras una denuncia de Romillo, que confesó la entrega de 100.000 euros en efectivo al ahora eurodiputado en plena campaña. El juez citó a Alvise a declarar el pasado 20 de noviembre, pero este se negó a acudir. Romillo, que sí declaró ante el juez, afirma que no hubo un contrato entre ambos y Alvise nunca le dio a cambio del monto ningún servicio, a pesar de las promesas del político. “Las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de Gobierno con Feijóo y con Abascal y esto significa que yo, en un posible acuerdo de Gobierno, puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativa a bitcoin, etcétera”, le dijo a Romillo, según consta en un audio que ambos se intercambiaron y que el empresario aportó junto a otros mensajes a la Fiscalía. Todo lo contrario a la versión del político, que difundió un vídeo después de que saliera el caso a la luz asegurando que los 100.000 euros los ganó por un “trabajo” y que lo cobró “sin factura” para evitar pagar impuestos: “El Estado me saquea más de la mitad”.
La Ley de Financiación de Partidos prohíbe las donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros al año y establece que aquellas superiores a los 25.000 deben notificarse al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses tras su aceptación. La presunta financiación ilegal de Alvise surge de la causa instruida por Calama sobre la supuesta estafa piramidal cometida por Romillo a través de Madeira Invest Club, una plataforma de inversión calificada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como un “chiringuito financiero”. Romillo construyó una red societaria que prometía a sus más de 3.000 inversores hasta un beneficio del 53% a través de la comercialización de obras de arte digital y artículos de lujo mediante transacciones ocultas al fisco, sin control alguno de la identidad de los inversores o el origen de los fondos. A finales de septiembre, Madeira Invest Club cerró repentinamente y algunos de los inversores denunciaron al empresario por estafa en la Audiencia Nacional. Tras estallar el escándalo, Romillo denunció a Alvise ante la Fiscalía General del Estado y esta, tras analizar la información aportada el especialista en criptomonedas, remitió la denuncia a la del Supremo, la competente para investigar a los europarlamentarios.
Posteriormente, después de que la Fiscalía considerara que la Audiencia Nacional debía comenzar también las pesquisas sobre el pago de los 100.000 euros a Alvise, el magistrado dio luz verde a esta segunda línea de investigación sobre la financiación ilegal. El instructor señaló que el eurodiputado podría haber actuado como “cooperador necesario” en la estafa del empresario. Calama no podía imputar al eurodiputado por su aforamiento, pero advirtió que, si brotaban indicios suficientes, elevaría la causa al alto tribunal, lo que parece que hará en breve tras solicitar información de Alvise al Parlamento Europeo.
