La declaración como investigado de Santos Cerdán en el Tribunal Supremo el próximo lunes será, como era previsible, a puerta cerrada. El magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta por la supuesta trama de corrupción que tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, ha rechazado la petición que formuló esta semana la defensa de Cerdán para que el interrogatorio pudiera seguirse en directo en un canal específico de videostreaming o en TVE. En una resolución dictada este viernes, el instructor recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece que las actuaciones judiciales son reservadas y no tienen carácter público hasta que se abre juicio oral.
La del lunes será la primera comparecencia ante el juez del ex secretario de Organización del PSOE, cuya supuesta participación en la trama corrupta se destapó hace dos semanas a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En un escrito, su abogado Benet Salellas, defendió que la retransmisión en directo de la declaración fomentaría la “transparencia” y evitaría “juicios paralelos”, pero la petición tenía escaso recorrido porque las declaraciones de investigados o testigos durante la fase de instrucción son, por ley, secretas y solo accesibles a las acusaciones y las defensas.
Esto es lo que le recuerda el juez, que considera la solicitud del letrado “inconciliable” con la ley. Puente advierte además de que durante la instrucción de este caso ha tenido que tomar medidas después de que se filtraran a los medios las primeras declaraciones como investigados de Ábalos, Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama.
El magistrado explica que, para evitar que volviera a pasar, acordó que las copias de las grabaciones audiovisuales no se entregaran a las partes y se quedan en el Supremo a disposición de las defensas y las acusaciones. Desde entonces, afirma Puente, “ninguna de las ya numerosas declaraciones posteriores ha trascendido”. El juez admite que, no obstante, en la causa se están produciendo “continuas filtraciones”, muchas veces parciales, y lamenta que “no se dispone legalmente de mecanismos efectivos para impedir que dichas filtraciones se produzcan y, producidas, para proceder con éxito a su persecución”. “Es un buen motivo de reflexión para el legislador”, advierte Puente, que añade: “No puede corregirse una patología con otra mayor (o, desde luego, no menor). Ni puede accederse, por eso, a una petición que derechamente pretende del instructor que ignore la legislación vigente, incurriendo en una conducta que podría, incluso, de accederse a ella, presentar perfiles delictivos”.
La defensa de Cerdán había solicitado también que se incorporara a través del Punto Neutro Judicial toda la información disponible en los registros públicos sobre la situación patrimonial del investigado, su esposa e hija. El juez admite la petición en lo que afecta a Cerdán y la rechaza en relación con sus familiares porque el investigado carece de legitimación para solicitar la consulta de esos datos “sin perjuicio de lo que pudiera acordarse al respecto razonadamente en la presente causa especial”.
En otra resolución, el juez contesta a la petición que le formuló el PSOE para que se realice un “expurgo” de la cuenta de correo electrónico corporativa de Cerdán, que fue clonada el pasado viernes por la UCO, para que se excluya “todo aquello no relacionado con el objeto de la causa”. El magistrado recalca que el partido no está personado en la causa, por lo que no puede hacer “sugerencias o indicaciones”. No obstante, Puente recuerda que “por descontado, únicamente permanecerá en el procedimiento aquello que resulte de interés para el mismo”.
El instructor rechaza también la petición que había formulado el comisionista Aldama para viajar a México del 1 al 20 de julio, alegando motivos profesionales. El juez le recuerda que tiene retirado el pasaporte y no puede salir de España, no solo para evitar una posible fuga, sino para que pueda comparecer ante él siempre que sea llamado, “lo que depende del devenir de la investigación y no puede preverse con particular antelación”. Asimismo, Puente deniega la petición de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que se ha personado como acusación popular, de estar presente en la declaración de Cerdán. El instructor recuerda que las acusaciones populares en este caso están unificadas y que la dirección la lleva el PP, por lo que solo el abogado de este partido puede estar presente.
