El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene imputada a Begoña Gómez desde hace un año, quiere a los abogados callados. El juez ha cumplido con sus amenazas y, tras recabar vídeos sobre las declaraciones que se hicieron a la prensa después del interrogatorio de la esposa de Pedro Sánchez del 18 de diciembre, ha sancionado con el pago de 5.000 euros a la defensa de la mujer del presidente del Gobierno, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho. El instructor, que acumula quejas por los excesos cometidos en las pesquisas, también ha decidido multar con 500 euros a los letrados Marta Castro y Javier María Pérez-Roldán, que representan respectivamente al partido Vox y al grupo ultracatólico Hazte Oír, personados como acusación popular.
En una causa plagada de filtraciones a los medios, el juez Peinado concluye que los letrados han incumplido el deber de “sigilo” por comparecer ante los periodistas después de que Begoña Gómez declarase por primera vez ante el magistrado (en las citaciones anteriores, ella se había acogido a su derecho a no responder a las preguntas). Multitud de reporteros se congregaron aquel día ante el juzgado debido a la enorme repercusión mediática, social y política que levanta este caso. No solo se encuentra imputada la esposa del jefe del Ejecutivo, sino que el propio instructor ha acudido al palacio de La Moncloa para tratar de interrogar a Pedro Sánchez. Y, este mismo miércoles, el magistrado tiene previsto volver al complejo presidencial para tomar declaración como testigo a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
A lo largo de su resolución, fechada este 14 de abril y a la que tuvo acceso EL PAÍS, Peinado carga principalmente contra el abogado de Gómez. Según el juez, Camacho compareció ante las cámaras de televisión tras la declaración de su cliente del pasado 18 de diciembre para “trasmitir” de “forma clara y extensa” todo lo “acontecido en la sala”. “Expone con detalle lo manifestado por [la esposa de Sánchez]”, afirma el magistrado. A preguntas de los periodistas, el letrado resumió ese día las líneas generales de la defensa de la principal imputada en la causa; quien, además, solo había respondido en el juzgado a las preguntas de Camacho.
Pese a ello, en un escrito plagado de reproches, Peinado arremete contra el abogado de Gómez. “Ha habido un exceso en su comportamiento en cuanto al ejercicio de su derecho de defensa”, critica el magistrado, que le recrimina igualmente que explicara en público “su percepción subjetiva del curso de la instrucción”. El juez le censura, incluso, que no presentase alegaciones contra el intento de multarlo: para el magistrado, esa actitud evidencia un “menosprecio”, una “clara indiferencia”, un “total desinterés” o que está “huérfano de argumentos”.
Hace apenas dos semanas, el juez ya puso en la diana a Camacho. Al quejarse de que los servicios de seguridad le hicieron esperar en el acceso de La Moncloa un “tiempo sensiblemente superior al necesario” cuando acudió el pasado verano a interrogar a Pedro Sánchez, el magistrado añadió que, sin embargo, al abogado defensor se le había dejado pasar “sin espera de ningún tipo”. El letrado de Gómez ha acudido muchas más veces al complejo presidencial, ya que su cliente vive allí. Para Juan Carlos Peinado era la primera vez.
Respecto a las multas impuestas a los abogados de Vox y Hazte Oír, Peinado admite que ni siquiera ha conseguido recabar los vídeos con sus declaraciones. Pero usa sus escritos de alegaciones como elementos para imponerles la multa de 500 euros. El magistrado argumenta que, en esos documentos, “ellos mismos reconocen haber hecho” manifestaciones a los periodistas, aunque estos letrados justificaban sus comparecencias públicas y pedían que se practicase una serie de pruebas —que el instructor rechaza por considerarla “superflua”—. Sobre la decisión de imponerles 500 euros (10 veces menos que a Camacho), Peinado considera que la infracción queda “atemperada” en ellos porque hicieron declaraciones a la prensa tras hacerlo el letrado de la esposa del presidente del Gobierno.
