El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El juez de la Sala Segunda concluye así la instrucción sobre la filtración y abre el procedimiento abreviado contra el fiscal general, que podría enfrentarse a penas de hasta 4 años de prisión. También propone procesar a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. THE OBJECTIVE adelantó recientemente que el Supremo ya ultimaba el auto de procesamiento de García Ortiz.
La decisión tiene lugar ocho meses después de que el Supremo asumiera la investigación el pasado octubre. En un principio, cuando el asunto estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la causa se centró en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para dar detallada cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal a cargo de la investigación fiscal, Julián Salto. El auto del Supremo se muestra muy crítico con el papel del fiscal general en este asunto, ya que entiende que «la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución».
Cuando el caso saltó al Supremo, el alto tribunal abrió causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, pero descartó la entidad delictiva de dicha nota de prensa. No obstante, en los meses siguientes se fue ampliando la investigación: para abarcar otra vez el citado comunicado, para incluir las presuntas filtraciones de las diligencias de la Fiscalía contra González Amador por presunto fraude fiscal, y para añadir también el correo electrónico que su defensa envió el 2 de febrero de 2024 ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar.
La fiscal jefe de Madrid
La Sala Segunda también propone procesar a Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid a quien García Ortiz escribió en la noche del 13 de marzo de 2024 para encargarle hacerse con esos correos confidenciales de Alberto Gónzález Amador. Comunicaciones que había mantenido su defensa con la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, de la que Rodríguez era superior jerárquica.
El magistrado ha trasladado a Fiscalía y a las acusaciones toda la información obtenida durante la instrucción por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De esa forma, se abre un plazo de diez días en el que se puede solicitar apertura de juicio oral vía escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
Borrado de pruebas
Entre esas pruebas entregadas se incluyen las pesquisas realizadas sobre los dispositivos móviles de García Ortiz, que fueron formateados para borrar todo rastro de los mensajes. Una maniobra tras la que los instructores vieron un presunto intento por eliminar pruebas de esas conversaciones previas a la filtración de la carta del novio de Ayuso en medios afines a Moncloa.
Cabe recordar que hace tan sólo unos días, el juez del Tribunal Supremo aceptó que Vox se persone en la causa como acusación popular en la recta final de la investigación, si bien tendrá que actuar de forma unificada con la que ya ejercía la Fundación Foro Libertad y Alternativa.
La Unidad Central Operativa (UCO) apreció en su investigación la «participación preeminente» del fiscal general del Estado en la filtración de los datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El informe, al que tuvo acceso THE OBJECTIVE, realiza un relato cronológico de «todas las comunicaciones entre la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, con otros miembros de la Fiscalía en relación con los hechos investigados». Los investigadores se han ceñido al plazo fijado por el juez que instruye la causa en el Supremo que va desde el 8 al 14 de marzo.
