El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, ha rechazado la apertura de juicio oral contra la que fuera vicepresidenta y consejera de Igualdad de la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2022, Mónica Oltra, y una docena de sus colaboradores más próximos, también investigados. El magistrado ya adoptó la misma determinación en abril de 2024, pero la Audiencia Provincial de Valencia le obligó a reabrir la causa y continuar con la instrucción.
La exdirigente estaba procesada en una causa que investiga si encubrió los presuntos abusos sexuales cometidos por su exmarido entre 2016 y 2017 a una menor en un centro privado con plazas tuteladas por la Generalitat que dependían del departamento de la exlider de Compromís. La resolución del instructor se produce después de que la Fiscalía se pronunciara hace dos semanas en la misma línea al estimar que no hubo delito.
El magistrado considera: “No existió infracción penal alguna y absolutamente no existe ningún indicio de que cualquiera de los acusados haya llevado a cabo hechos penalmente relevantes”.
En su resolución, el instructor se remite al auto de archivo provisional que dictó en abril de 2024 y que fue revocado por la Audiencia de Valencia tras los recursos de Vox y Gobierna, vinculado a la agitadora ultra Cristina Seguí. Además, el juez estima que las acusaciones particulares y populares se basaron en “conjeturas o sospechas, no susceptibles de convertirse en prueba de cargo alguna”. La resolución no es firme y puede ser recurrida.
El via crucis que cercó judicialmente a Oltra y a una docena de miembros y funcionarios de su antiguo departamento en la Generalitat arrancó en 2017. Una bomba política que forzó que la exdirigente abandonara en 2022 el Ejecutivo valenciano de Ximo Puig (2015-2023) y que renunciara a su acta de diputada y a sus cargos en la formación de izquierdas.
La mecha de la polémica la prendió la denuncia de una chica de 14 años que aseguró haber sufrido abusos sexuales a manos del exmarido de la entonces vicepresidenta, el educador L. R. Icardi, que fue condenado a cinco años de prisión.
En abril de 2024, el juez destacó entonces que la exdirigente no había encubierto los abusos de su exmarido, del que se separó en 2018. Sin embargo, los recursos de la víctima y de las dos acusaciones populares personadas, los ultraderechistas Vox y Gobierna, forzaron a la Audiencia de Valencia a la reapertura de las diligencias. El tribunal defendió que debía celebrarse el juicio oral para depurar las eventuales infracciones penales. La víctima solicitaba tres años y medio de prisión y 12 de inhabilitación para Oltra por prevaricación, malversación y un delito contra la integridad moral.
La nueva resolución judicial se produce justo cuando el pasado 21 de junio se cumplieron tres años de su dimisión de todos los cargos. Desde entonces, la dirigente que logró convertirse en un referente de la izquierda del PSOE, no solo en la Comunidad Valenciana, y fue una de las promotora de Sumar ha vivido apartada de la política, ejerciendo de nuevo como abogada. El entonces presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, y cargos políticos de su propia coalición, como el alcalde de Valencia, Joan Ribó, a la sazón, presionaron para que tomara esa decisión, una vez fue imputada. Oltra y Compromís siempre han denunciado que la exvicepresidenta ha sido objeto de persecución judicial por la ultraderecha, en un caso de lawfare.
