El juicio al fiscal general del Estado empezará el próximo lunes, 3 de noviembre, con la declaración del fiscal que denunció por fraude a Hacienda al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y terminará el jueves 13 de noviembre con las conclusiones de las acusaciones y las defensas. La Sala Penal ha notificado este lunes el calendario de la vista oral en la que Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos. Serán seis sesiones en jornada de mañana y tarde, y el jefe del ministerio público declarará el penúltimo día, cuando lo hayan hecho ya 41 testigos, entre ellos, el propio González Amador y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. En otra resolución, la Sala Penal ha rechazado el recurso de García Ortiz contra la decisión del juez Ángel Hurtado de imponerle una fianza de 75.000 euros.
A una semana de que comience el primer juicio a un fiscal general del Estado de la democracia, el Tribunal Supremo ha dado a conocer el detalle de las sesiones que se celebrarán los días 3,4,5,11,12 y 13 de noviembre. La jornada de la mañana empezará a las 10.00, cuando está citado el primer testigo, y la de la tarde, a las 15.30. En medio, más de 40 comparecencias propuestas por las acusaciones y la defensa, entre los que se encuentran ocho fiscales más dos responsables de prensa de la Fiscalía; 12 periodistas, 11 guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO), cuatro políticos, dos abogados, y González Amador, personado como acusación particular.
El primero en comparecer será el fiscal Julián Salto, que en febrero de 2024 denunció a la pareja de Ayuso por fraude fiscal; tras él, las jefas de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez (quien estuvo imputada en el Supremo pero, finalmente, fue eximida) y de la autonómica, Almudena Lastra; y la mano derecha de García Ortiz en la Fiscalía General, Diego Villafañe, que también estuvo investigado. Ya por la tarde están citados los jefes de comunicación de la Fiscalía General y de la madrileña.
El martes, 4 de noviembre, hay varias comparecencias que pueden ser clave. Además de otros dos cargos de la Fiscalía y el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, comparecen el jefe de gabinete de Ayuso, González Amador, y el abogado de este en la causa por fraude fiscal, Carlos Neira. Estas citas tienen gran relevancia porque uno de los argumentos de la defensa de García Ortiz es que fue el propio abogado de la pareja de la presidenta quien rompió, unilateralmente, cualquier supuesta confidencialidad del correo y que el entorno de Ayuso diseñó y ejecutó una estrategia consistente en difundir una versión alternativa de los hechos para desviar el foco de la lideresa del PP madrileño.
En la tercera y cuarta jornada (miércoles 5 y martes 11 de noviembre) están citados la ex alto cargo de La Moncloa Pilar Sánchez Acera; el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato; y 12 periodistas, incluidos tres de EL PAÍS, que aseguran que conocieron detalles del correo que centra la investigación antes de que llegara a manos del fiscal general. Tras las testificales de varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el calendario difundido por el Supremo fija el interrogatorio a García Ortiz para la tarde del día 12, después de que la Sala haya aceptado su petición de declarar al final del juicio, una vez que se haya practicado toda la prueba, un derecho reconocido para todos los acusados a raíz de una sentencia del Supremo de 2023.
El tribunal estará integrado por siete magistrados. Cinco de ellos son los que formaron parte de la Sala de Admisión que abrió la causa contra el fiscal general: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela. La ponente de aquella resolución, que se tomó por consenso tras un fuerte debate, fue la magistrada Polo, la única de los cinco considerada progresista. A estos cinco se sumará el nuevo presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y, según las normas de reparto, el magistrado más antiguo de los que hasta el momento no han intervenido en la causa abierta contra García Ortiz, que en este caso es la magistrada Ana Ferrer, también considerada progresista.
En otra resolución, la Sala Penal ha rechazado el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión del magistrado instructor, Ángel Hurtado, de fijar una fianza de responsabilidad civil de 75.000 euros al fiscal general para hacer frente a las posibles responsabilidades económicas que se le puedan imponer en caso de condena.
García Ortiz recurrió esa medida al considerar que, como fiscal general del Estado, está exento de pagar fianza porque así lo establece la Ley de Asistencia Jurídica del Estado, que se aplica de forma habitual para eximir a funcionarios defendidos por la Abogacía del Estado, de la obligación de prestar fianza en procedimientos penales en los que se les atribuyen actuaciones desarrolladas en el ejercicio de sus funciones.
La Sala de Apelación ha desestimado esta petición porque, según los jueces, esa norma esgrimida por la Abogacía debe interpretarse en relación con los preceptos del Código Penal, que distingue entre la responsabilidad civil del Estado y la responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y agentes.
En un auto, los jueces destacan que el ministerio fiscal forma parte de los órganos del Estado, pero añade que la interpretación del artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica del Estado “no puede conducir a extender la eficacia de la exención a las autoridades o funcionarios públicos que se integran en los distintos órganos del Estado y frente a los que se siga un procedimiento penal por su actuación personal en el ejercicio de sus funciones”. “Estos últimos tienen una responsabilidad civil directa y deben responder con su propio patrimonio por lo que es de todo punto coherente que la responsabilidad que pueda declararse en la sentencia sea objeto de medidas cautelares como la prestación de fianza”, señalan. El tribunal también rechaza que la decisión del instructor carezca de motivación, o que la cuantía finalmente impuesta (que el instructor redujo de 150.000 a 75.000 euros) sea desproporcionada.
