Por primera vez en democracia, el Congreso de los Diputados da luz verde a la constitución de hasta tres comisiones de investigación exigidas por el independentismo catalán como pago del peaje que suponen sus votos en favor del Gobierno de Pedro Sánchez. La trampa es que en realidad no son comisiones de investigación al uso para aclarar aspectos de la llamada operación Cataluña, o sobre el uso de la herramienta de espionaje Pegasus, o sobre los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. Son sólo una burda coartada política, apoyada por el PSOE, para estigmatizar a jueces, fiscales, miembros de los Cuerpos de Seguridad y de los servicios secretos españoles para victimizar al separatismo. Se trata de satisfacer a ERC y a Junts para que el Congreso ofrezca la imagen de un Estado represor que recurre continuamente a las ‘cloacas’ para criminalizar a líderes independentistas. De momento, ERC quiere que comparezcan el juez García-Castellón, el presidente de la Audiencia Nacional, el fiscal Javier Zaragoza y el general Félix Sanz Roldán, entre 60 autoridades. La ley prohíbe sin matices esta práctica de ‘lawfare’. Permitir a ERC dar este paso representa una nueva entrega inasumible de otra porción de nuestra democracia.
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El 'lawfare' contra los jueces llega al Congreso>
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