Playbadalona, una compañía dedicada al juego, volvió a ser el pasado año el mayor moroso de la Hacienda catalana. Van tres años seguidos en lo más alto del listado, ahora con una deuda de 9,3 millones de euros, una cifra que difícilmente la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) cobrará, puesto que la sociedad, propietaria de un bingo, presentó concurso de acreedores y estaba pendiente de su liquidación. Su deuda representa un 11% de la que acumulan los mayores deudores de la Generalitat, cuyos nombres salen a la luz cada vez que superan los 600.000 euros. En 2023, la ATC contaba a 51 personas y empresas en esas condiciones, con un volumen total de 83,8 millones de pagos pendientes, un 13,5% más que un año atrás.
El listado de morosos de la Generalitat lo integran otras empresas del juego como PlayBadalona, pero también promotoras inmobiliarias y compañías de agua que un año sí y otro también están en el listado. De hecho, dos de esas últimas, Rec Madral (7,9 millones) y Riera de Cabanyes (7,4 millones), vinculadas entre ellas, figuran como la segunda y tercera empresas que más dinero deben. Ninguna de ellas tienen deuda con la Hacienda estatal, según el listado publicado también este viernes. La deuda con la ATC se explica básicamente por el impago del impuesto de Sucesiones, el de Transmisiones Patrimoniales o el de Patrimonio, todos cedidos por el Estado a la Generalitat, o por otros como el canon del agua o el tributo al juego.
Otros negocios del juego que entran en el listado de la Agencia Tributaria, principalmente por no abonar la tasa sobre el juego que es competencia de la Generalitat, son Recreativos Caballero y Recreativos Geuros, que deben 2,4 millones y 869.000 euros respectivamente, mientras que la deuda de Moramar asciende a los 3,3 millones y la de Agref es de dos millones.
Por lo que se refiere a personas físicas, los mayores deudores son Montserrat Unanue (3,2 millones, gestora de una sociedad de alquiler de bienes inmobiliarios) y Nancy Janneth Suárez (propietaria de un locutorio, con 2,58 millones), dos personas que ya constaban en el listado del año pasado. Le siguen Víctor Juan Fontfreda, dedicado a las operaciones inmobiliarias y que se estrena en el listado este año, y el también inversor inmobiliario Joaquín Gil Lorente (1,5 millones).
En la lista está también se encuentra la empresa dedicada a la reparación de embarcaciones Roses Shipyard, que tiene facturas fiscales por un importe de 1,28 millones de euros, y una filial de la antigua Sacresa, Sacresa Terrenos-2 (642.000 euros). El hecho de que en el listado aparezcan tres ramas familiares formadas por dos o tres hermanos hace pensar que parte de las deudas tengan su origen en el impuesto de sucesiones.
La publicación del listado por parte del Departamento de Economía y Finanzas está dentro del plan de Prevención del Fraude de la ATC y tiene como objetivo promover la conciencia cívica y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Tras la publicación de este listado, los afectados pueden interponer un recurso o abrir un proceso judicial a través del contencioso-administrativo.
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