El Ayuntamiento de Madrid ha hecho pública este lunes la lista y la localización de las viviendas de uso turístico (VUT) que tienen licencia urbanística para “ofrecer más garantías y seguridad a los usuarios de esta opción de hospedaje”. En este mapa constan 1.008 alquileres legales ―lo que supone tan solo el 7,47% de los 13.502 pisos vacacionales que el Ayuntamiento estima que operan― y la mayoría están en los distritos Centro, Tetuán y Arganzuela.
La medida fue reanunciada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el pasado 14 de mayo y forma parte del plan para tratar de poner orden en este mercado que ya presentó el 25 de abril. El aumento de estos pisos para turistas está causando, tal y como reconoce el Consistorio, la huida en masa de los vecinos del centro y problemas de convivencia, además de afectar al propio turismo. Tras un acto en Usera, Almeida ha explicado que la publicación del listado tiene por objetivo que “los madrileños sepan cuáles son ilegales y si quieren denunciar lo hagan con pleno conocimiento” y también que los turistas sepan si el establecimiento en el que se alojan cumple con la legalidad.
Según el mapa de VUT legales, ni uno solo de los 21 distritos se salva de la turistificación y los que concentran la mayor parte son Centro, con 158 pisos, el 15,67% del millar total; Tetuán (138, el 13,69%); Arganzuela (115, el 11,4%); y Chamartín (101, el 10%); seguidos de Salamanca (79, el 7,83%); Ciudad Lineal (63, el 6,25%); Carabanchel (56, el 5,55%); Chamberí (52, el 5,15%); y Puente de Vallecas (41, el 4,06%).
Ya con porcentajes más pequeños se encuentran con el 3,57% (36) Retiro; el 3,47% (35) Fuencarral-El Pardo; el 3,37% (34) Latina; el 2,87% (29) Usera; el 2,18% (22) Moncloa-Aravaca; el 1,68% (17) Hortaleza; el 1,09% (11) Moratalaz; el 0,59% San Blas-Canillejas (6); el 0,49% (5) Barajas; el 0,39% (4) Villaverde; el 0,29% (3) Vicálvaro, y el mismo porcentaje (3), en Villa de Vallecas.
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La explicación de que haya tantísimas viviendas ilegales ―la plataforma Inside Airbnb apunta que en realidad hay más de 24.000― radica en que el trámite para legalizar un piso turístico es doble: se requiere una autorización autonómica y una licencia municipal.
La primera es un alta de actividad y no puede otorgarse sin la segunda, que establece requerimientos como que el piso cuente con un acceso independiente al del resto de los vecinos, una doble entrada de la que carecen la gran mayoría de los inmuebles de la capital. Por esta razón, se les deniega la licencia municipal, pero sí que obtienen la autorización de la Comunidad, que no cruza los datos con los del Ayuntamiento para comprobar si la licencia municipal ha llegado a aprobarse.
La nueva normativa, para el primer semestre de 2025
Este caos administrativo dificulta el cierre de los apartamentos que no cumplen con la normativa, lo que ha colmado la paciencia de las comunidades de vecinos y se ha convertido en el caballo de batalla de la oposición. Preguntado por este diario si se planea eliminar esta doble autorización o compartir las bases de datos entre Ayuntamiento y la Comunidad para que actúen de forma colegiada, el área de Urbanismo responde que se está trabajando en la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “para establecer el nuevo texto que regulará las VUT” y que, de momento, este punto no está definido.
El nuevo PGOU se elaborará con el objetivo de “incrementar la oferta de vivienda residencial en la zona centro, atrayendo nuevos vecinos”. También se quiere ofrecer “un turismo de calidad a los visitantes”, mejorar la vida de los madrileños que se ven afectados por los ruidos, molestias y problemas de limpieza que generan estas viviendas y “dotar de mayor seguridad” a los turistas que opten por en este tipo de alojamientos.
Pero la nueva regulación va para largo. Aunque se esperaba que el Consistorio hiciera público el borrador este mes, ahora se prevé que el proyecto inicial se llevará a Junta de Gobierno en septiembre. Luego será sometido a información pública y se espera elevar el redactado definitivo a pleno durante el primer trimestre del año que viene, con lo que entrará en vigor en el primer semestre de 2025. Entretanto, Almeida anunció una moratoria por la que se “congelan” las licencias para VUT.
Además de publicar el mapa, de modificar el PGOU y de suspender temporalmente la concesión de licencias, el plan del Gobierno municipal para tratar de poner orden en este mercado sin ley contempla el endurecimiento de las sanciones y el refuerzo de la plantilla de inspectores.
En cuanto a las multas, el Ayuntamiento explica en una nota que no tiene una normativa sancionadora específica. Hasta ahora, se usaba la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, que establece que primero se ordena el cese de actividad y, después, si el propietario no acata, se imponen multas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros. A partir de ahora, se actuará al amparo de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que tipifica como infracción grave la implantación de un uso incompatible con la ordenación urbanística.
Bajo esta legislación, el Ayuntamiento lanzará un primer aviso de cese. En caso de incumplimiento, habrá una sanción firme de 30.001 euros; una segunda sanción firme de 60.001 euros si continúa la actividad irregular, y una tercera de 100.001 euros si persiste. “Las sanciones son acumulativas en caso de que se mantenga el quebrantamiento de la ley”, subraya Urbanismo en un comunicado.
Sobre el refuerzo del cuerpo de inspectores, la Subdirección General de Inspección y Disciplina cuenta con 65 trabajadores ―que no solo atienden pisos turísticos, sino todo tipo de asuntos urbanísticos― y este verano la plantilla se incrementará en un 15%, 10 personas más. Según detalla el Ayuntamiento, Inspección recibió en 2023 un 51% más de denuncias que en 2022 ―686 frente a 454― que afectaban a viviendas de uso turístico. El 82% procedían de ciudadanos (563) y, del total de inspecciones realizadas (4.093), se verificó que 478 pisos eran VUT y se logró que 243 dejaran de serlo.
El actual Gobierno municipal critica que el Plan Especial de Hospedaje (PEH) que el equipo de Manuela Carmena aprobó el 27 de marzo de 2019, no logró evitar su proliferación. Sin embargo, ese plan tiene ya cinco largos años en los que no ha vuelto a legislarse nada al respecto y la oposición sostiene que el PP madrileño la ha llevado al fracaso al reducir la plantilla de inspectores con dedicación exclusiva a controlar VUT.
En la ciudad, según detalla el Ayuntamiento, operan 14.699 establecimientos turísticos, de los que el 92% son viviendas (13.502) que ofertan 158.756 plazas, de las que el 30% están en VUT (47.589). El resto, en 320 hoteles, 473 pensiones y hostales, 130 apartamentos turísticos, 14 hoteles-apartamentos y 260 establecimientos, sumando casas de huéspedes, hostels y albergues. “Las VUT se han incrementado en la ciudad un 41% desde 2017″, anota el Consistorio, que subraya que “se han contabilizado 5.564 viviendas turísticas nuevas en este periodo, mientras se han creado 50 establecimientos turísticos, lo que se ha traducido en que el 65% de las plazas turísticas nuevas corresponden a las VUT”.
De todos los problemas, los más graves son el aumento del precio de la vivienda y lo que al Ayuntamiento llama “desertización residencial del centro”. Entre 2007 y 2023, la población censada en la capital ha crecido un 4,86% (154.943 habitantes), pasando de 3.184.988 ciudadanos a 3.339.931. En el centro, sin embargo, ha caído un 1,14 % (1.610 personas), de 141.297 vecinos a 139.687. “En este distrito hay un turista alojado por cada dos residentes y, en la almendra central, hay uno por cada nueve vecinos”, concluye el Ayuntamiento. En la zona, proliferan pegatinas y pintadas con el lema Fuck Airbnb.
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