César S. G., el marido de Raquel B. L., la mujer hallada muerta en una estancia semejante a un zulo en su chalé de Villabilla (Madrid) en septiembre, fue puesto en libertad el pasado 11 de noviembre, justo dos meses después de haber entrado en el centro penitenciario madrileño de Alcalá Meco. El hombre ingresó en prisión provisional, investigado por homicidio y por inducción al suicidio. La víctima fue hallada el 8 de septiembre en una cama y rodeada de medicamentos en una extraña habitación a la que había que acceder por un agujero por el que se entraba agachado. Su marido había presentado una denuncia por su desaparición cuatro días antes y aseguró que Raquel, de 52 años, se había marchado el 31 de agosto en coche a visitar a su madre en un pueblo de Toledo.
César ingresó en Alcalá Meco el 11 de septiembre y pidió su puesta en libertad un mes después, pero fue rechazada. Volvió a internarlo en noviembre, cuando el juez admitió sus argumentos y acordó su puesta en libertad provisional. Tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a la medida y adujeron, entre otros motivos, el alto riesgo de fuga por la gravedad de los hechos que se le imputan y el hecho de que ya haya vivido en otros países, como la India, donde residió 12 años. Además, César no tiene familiares ni trabajo conocido en España.
Los investigadores de la Guardia Civil trabajaron desde el primer momento para esclarecer una desaparición que ellos consideraban de alto riesgo. En esos primeros días solicitaron al marido un primer registro en la vivienda, a lo que este se negó, algo que levantó aún más las sospechas sobre el hombre y obligó a los agentes a reunir argumentos para que un juez permitiera la entrada en el domicilio. Esta solicitud fue admitida el domingo 8 de septiembre y, tras un minucioso registro, los investigadores hallaron el cuerpo de Raquel, que según los informes médicos posteriores, murió entre el 1 y 2 de septiembre por ingesta medicamentosa y no tenía signos externos de violencia.
El hombre se encontraba en ese momento fuera de la casa y, cuando regresó y observó el despliegue, trató de escapar, algo que los guardias civiles evitaron, según relataron a EL PAÍS varios testigos presenciales. Cuando fue conducido al interior de la casa, comentó a los agentes que él ya había revisado el habitáculo en el que fue encontrado el cuerpo y no había visto nada. Algo que resultó complicado de creer a los investigadores por el tamaño de la estancia y por el olor que la impregnaba.
El hombre explicó que el cuartito en el que falleció Raquel lo habían construido unos años atrás para que la mujer pudiera estar aislada de los ruidos, ya que sufría de hiperacusia, es decir, una elevada sensibilidad auditiva. Varios vecinos han confirmado que la mujer les había comentado que era especialmente sensible a los ruidos, a pesar de que es una urbanización especialmente tranquila y con pocos residentes. En la causa consta que Raquel había consumido medicamentos que la habían llevado a la inconsciencia en los meses posteriores y su marido había avisado a emergencias.
Varios elementos son de interés para reconstruir lo que condujo a la muerte de Raquel. Por un lado, el 1 de septiembre, la mujer llamó a emergencias a las once de la mañana y dijo que estaba atrapada en un zulo y que estaba acompañada, tras lo que la llamada se cortó antes de que pudiera ser transferida a un médico. Otro dato que consta en la investigación es la geolocalización del móvil de la mujer, que muestra que en ningún momento desde el 31 de agosto abandonó su domicilio, cuando supuestamente se había ido a visitar a su madre en Toledo. Además, el coche que ella solía usar, un Toyota Avensis oscuro a nombre de César, fue encontrado a apenas dos calles de la vivienda conyugal y varios residentes en la zona confirmaron que llevaba aparcado allí varios días. Los investigadores dudan de la versión que da César que alega que no vio su coche aparcado en la esquina de enfrente en varios días.
Raquel era agente de seguros de viaje en unos grandes almacenes, aunque lo hacía en calidad de autónoma, por lo que tenía la capacidad de teletrabajar. Los superiores de la mujer confirmaron a la Guardia Civil que en los últimos tiempos había trabajado con normalidad y que, incluso, había sido muy activa en los meses de verano, algo que contradijo las explicaciones dadas por su marido que aseguró que estaba de baja desde hacía tres años por su depresión. Según declaró en su día la familia de la mujer, esta les había contado que en los últimos tiempos habían surgido las diferencias con su marido e incluso les planteó la posibilidad de separarse e irse de la casa.
La defensa del acusado aduce que no está clara la participación del acusado en el fallecimiento de su esposa y que, por tanto, no se puede mantener a alguien en prisión por una “imputación genérica”, ya que, concluye, esta presunta participación en la muerte solo se deduce porque tardó en presentar una denuncia de desaparición y por “manifestaciones policiales”. La letrada también señala que los informes médicos obrantes en la causa concluyen como causa más probable de muerte el suicidio, teniendo en cuenta el cuadro psicológico de la víctima y el resultado toxicológico. La defensa también contempla la posibilidad de que el investigado no fuera consciente de que su mujer había muerto en ese habitáculo, puesto que estaba especialmente diseñado para un “aislamiento total”.
En el recurso que ha permitido su libertad, la abogada añade que la llamada que hizo Raquel a emergencias es una prueba de que no estaba incomunicada y que si hubiera sido voluntad de su esposo inducirla al suicidio, no le habría dejado dentro un terminal móvil. La abogada concluye que no hay pruebas objetivas de que la idea del suicidio partiera de César ni que este colaborara en que este se llevara a cabo. El juez ha aceptado los argumentos de la defensa en este caso y ha decretado su puesta en libertad, aunque le ha impuesto otras medidas, como la retirada del pasaporte y la firma en el juzgado cada semana.
