La nueva tasa turística está en riesgo en Cataluña. Un mes después de que el Govern de Salvador Illa aprobara con los Comuns el decreto ley que permite doblar el gravamen en los establecimientos turísticos, ERC se inclina por rechazar la propuesta en el próximo pleno del Parlament. Los republicanos, con el apoyo del sector hotelero, cuestionan el modelo porque consideran que no debe darse el mismo trato a Barcelona que a otros municipios turísticos. La falta de apoyos del Govern pone en riesgo la aplicación definitiva de la nueva norma en la próxima temporada de verano.
El grupo municipal de ERC en Barcelona siempre había impulsado medidas de control a la masificación turística, como por ejemplo la creación, en 2019, del impuesto adicional a las pernoctaciones en la capital catalana. Su voluntad era que en los frustrados Presupuestos municipales de 2025 se recogiera la posibilidad de aumentar hasta los ocho euros lo que el Ayuntamiento pudiera recaudar de más. De ahí que cause extrañeza que los republicanos ahora desmarquen de una medida similar.
“No todo el país es como Barcelona”, aseguran fuentes de la dirección de ERC. Los republicanos entienden que la fórmula del decreto ley, que tendría que entrar en vigor el 1 de mayo, perjudica a buena parte del territorio catalán y “pone en riesgo el trabajo hecho para descentralizar el turismo”, como apuntó el diputado Albert Salvadó en un encuentro con el sector hotelero de Tarragona hace unos días. En el último pleno también se criticó desde la bancada de ERC que los albergues de la Generalitat tuvieran que pagar la misma tasa que un hotel de tres estrellas.
Aunque aceptan que las negociaciones con los socialistas siguen en marcha, los republicanos descartan dar por bueno el decreto ley tal y como lo pactaron Govern y Comuns y quieren incluir su visión en una nueva normativa. Creen que también se tendría que estacionalizar el gravamen, para así no “penalizar” la temporada baja. La federación de Tarragona aboga por “diferenciar las dos épocas” de turismo. La duda es si forzarán que se haga un nuevo decreto ley —como sucedió con los campings— o si darán el visto bueno al actual, con la obligación de que se tramite como proyecto de ley.
A pocos días de que finalice el plazo para que el parlamento catalán valide las nuevas tarifas aprobadas por el Govern (el pleno se celebrará entre el 6 y el 8 de mayo), los recelos de última hora de ERC ilustran la dificultad de mantener el equilibrio entre los tres socios de investidura. La posición de los republicanos inquieta a PSC y Comuns, que contaban con su apoyo para esta cuestión, y muestra las dificultades que plantea la formación de Oriol Junqueras al Ejecutivo de Illa para contar con sus apoyos: rechazó negociar los presupuestos autonómicos; y obligó al Gobierno catalán a trocear los suplementos de crédito (aún siguen negociando) y a redactar un nuevo decreto de campings para zonas inundables para sortear su negativa.
El Govern y Comuns anunciaron hace dos meses un acuerdo para doblar este año la tasa turística en Cataluña, cuya recaudación debía dedicarse en un 25% a políticas de vivienda. De este modo los socialistas mantenían la sintonía con uno de sus socios de investidura y los Comuns lucían el pacto como un triunfo propio al juntar en la misma carpeta fiscalidad turística y vivienda.
El acuerdo entre Comuns y Govern tampoco encontró apoyos entre Junts. Los posconvergentes afearon al Ejecutivo que tomara el camino del decreto ley (el Parlament tiene un plazo de 30 días hábiles para validar el texto aprobado por el gobierno) y elevó la cuestión al Consejo de Garantías Estatutarias, la institución que vela por la adecuación de las nuevas normas al marco estatutario y constitucional. Su dictamen recomendó vehicular las modificaciones como proyecto de ley (el Govern propone un texto al Parlament para que el resto de los grupos realicen enmiendas) porque, entendió, los decretos ley únicamente deben responder a cuestiones de “necesidad extraordinaria y urgente”. Fuentes del Govern expresaron “el más absoluto respeto” por las conclusiones del organismo, que no son vinculantes; y afirmaron que estudiarían la cuestión.
Según la nueva tabla de tarifas del impuesto sobre las estancias turísticas en Cataluña, los hoteles de cinco estrellas, campings de lujo y equipamientos equivalentes cobrarán 6 euros adicionales; los de cuatro estrellas, 2,40; los establecimientos de uso turístico, 2 euros; y el resto de equipamientos, 1,20. Este mismo impuesto es ligeramente superior en Barcelona, donde los cargos oscilarán a partir de ahora entre los 2 y los 7 euros. En total, un turista que se hospede en un hotel de lujo de Barcelona abonará en verano hasta 11 euros al día por la tasa: los siete del gravamen autonómico más los cuatro del recargo municipal. También suben las tasas de los cruceristas, que pagarán entre cuatro y seis euros en función de las horas que estén en suelo catalán.
