Isabel Díaz Ayuso justificó este lunes su plantón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que el líder socialista la había difamado al calificar a su novio, el empresario comisionista Alberto González Amador, como “delincuente fiscal confeso”. González Amador engañó a Hacienda dos años consecutivos declarando gastos que nunca tuvo por casi 1,8 millones de euros, lo que le permitió eludir el pago de 155.000 euros en 2020 y 195.000 euros en 2001, muy por encima de lo que se considera delito fiscal (a partir de 120.000 euros). El novio de la presidenta aceptó su culpa en un proyecto de conformidad pactado con la fiscalía, pero este documento no se ha ratificado aún judicialmente, y como consecuencia de ello aún no ha sido condenado.
Algunos juristas sostienen que no cabe utilizar la calificación de “delincuente fiscal confeso” para definir a la pareja de Ayuso porque aún no se ha celebrado el juicio —pendiente de que se resuelvan recursos de las acusaciones populares para investigar otros supuestos delitos del comisionista— y por la referida falta de ratificación en el acuerdo de conformidad. Esa aceptación de la culpa permite rebajar la pena de prisión que le correspondería (de al menos dos años a solo ocho meses).
La causa penal que afecta a González Amador acumula suficientes pruebas como para considerar, ya que se trata de un “delincuente fiscal confeso” en el significado común de estas palabras, aunque no haya sentencia firme y, por tanto, no se les pueda dar validez jurídica. Esas pruebas son las que siguen:
El negocio redondo que no pagó impuestos. Un año antes de convertirse en la pareja de Ayuso, González Amador hizo un negocio redondo ajeno a su actividad habitual de consultor y auditor en el sector sanitario. El empresario consiguió que una empresa gallega de distribución de productos farmacéuticos, Mape, le comprase a una empresa catalana, FCS, millones de mascarillas en lo peor de la pandemia. Por esa gestión cobró casi dos millones de euros, una comisión del 4,5% del total de lo facturado.
Su empresa, Maswell Cremona, ingresó aquel año 2020 más de 2,3 millones de euros; seis veces más que el año anterior. Pese a ello, González Amador declaró en el Impuesto de Sociedades una base imponible y una cuota tributaria mucho menor que el ejercicio anterior. Para conseguir esa aparente cuadratura del círculo engañó a Hacienda con una factura de 620.000 euros en gastos deducibles ocasionados por el supuesto pago a una empresa mexicana, MKE, a cambio de su intermediación en la búsqueda de clientes y contratos. Pero ese pago nunca se hizo ni el comisionista logró contratos en México pese a lo cual González Amador utilizó la factura para eludir el pago de impuestos que le correspondía en la declaración que presentó el 14 de julio de 2021. Seis meses antes de presentar sus cuentas ante Hacienda, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ya sabía que no había pagado 620.000 euros a la empresa mexicana y que incluyó en la casilla de gastos deducibles.
Reiteración en el delito. El 12 de mayo de 2022, la Agencia Tributaria informó a González Amador que había abierto una inspección fiscal ante las sospechas sobre su declaración del Impuesto de Sociedades presentada el año anterior. Pese a esta amenaza, en la siguiente declaración del Impuesto de Sociedades que presentó el novio de Ayuso el 22 de julio de 2022 volvió a incluir unos gastos, en este caso de 922.000 euros, que también eran falsos. Tras el pelotazo de los dos millones con la compraventa de mascarillas en España, el comisionista González Amador intentó vender vacunas anticovid a Costa de Marfil, para lo que firmó diversos contratos. En uno de ellos se establecía que González Amador cobraría el 7,5% del total de la venta: dos millones de vacunas a 15 euros por dosis. En otro, el empresario se comprometía a pagar el 3,25% de su beneficio a una empresa llamada Gayani a cambio de su intermediación para conseguir el contrato. Y aunque González Amador supo en junio de 2021 que su oferta había sido rechazada por las autoridades de Costa de Marfil y que no había pagado la parte comprometida de su comisión a Gayani, incluyó un año después en su declaración del Impuesto de Sociedades el gasto de 922.000 euros que nunca hizo.
La admisión de la culpa. Tras una decena de complejas explicaciones a los inspectores fiscales, González Amador acabó admitiendo ante la Agencia Tributaria que había declarado gastos que nunca tuvo, que no tenía intención de cometer un fraude delictivo, pero que cuando entendió la gravedad de los hechos —que la Ley considera delitos— procedió a ingresar esas cantidades en Hacienda.
En esta declaración por escrito de González Amador está la confesión de su culpa y el intento de evitar el juicio mediante un pago del dinero defraudado, algo que hizo y que quedó documentado en el expediente tributario. Y eso pese a que en una de las respuestas a la Agencia Tributaria, el representante de González Amador explicó que entendían la dificultad de evitar las consecuencias de los dos fraudes fiscales: “A la vuelta a la actividad cotidiana en septiembre 2022 y una vez verificado que el concurso [de vacunas de Costa de Marfil] no va a ser finalmente adjudicado a nuestra empresa, mediando la anulación de la deducción de dicha factura y la presentación de una nueva declaración complementaria, pero consultado el tema con la asesora de la sociedad, esta nos indica que ya no se puede ni se debe hacer, toda vez que la sociedad Maxwell está ya inmersa en una inspección fiscal que ha sido finalmente ampliada a ese ejercicio y la realización de cualquiera variación o modificación respecto de lo inicialmente presentado, ni se debe hacer, ni tiene efecto alguno, e incluso se puede malinterpretar”. La asesora fiscal de González Amador le explicó a qué se enfrentaba. Había cometido dos delitos fiscales que no se podían borrar —”ni se debe hacer, ni tiene efecto alguno e incluso se puede malinterpretar”— mediante una declaración complementaria.
Hacienda devuelve lo declarado en falso. Pese a conocer ya en septiembre de 2022 la gravedad de los delitos cometidos, la pareja de Ayuso incluyó en la contabilidad de su libro diario y dentro del capítulo de ingresos los montos referidos a las facturas falsas de MKE y Gayane. Más tarde intentó, en julio de 2023, reparar el daño presentando una declaración del Impuesto de Sociedades donde incluyó como ingresos todo el dinero que había declarado en falso como gastos en las declaraciones de 2021 y 2022. Un nuevo reconocimiento de los delitos cometidos. Pero Hacienda no aceptó esa treta y le devolvió lo declarado en falso: 552.000 euros.
Por si no fueran suficientes las evidencias documentales sobre el reconocimiento de culpa por parte de González Amador ante la Agencia Tributaria, los abogados del comisionista remitieron por correo electrónico el pasado 2 de febrero a la fiscalía de delitos económicos una propuesta de conformidad donde, a cambio de aceptar los dos delitos fiscales y pagar una multa superior al medio millón de euros, le rebajarían la condena a solo ocho meses de cárcel. Cuando la juez citó por primera vez a González Amador para tratar la querella por delito fiscal, en junio pasado, el abogado del empresario y la fiscalía habían acordado un proyecto de conformidad basado en el reconocimiento de los delitos por parte del investigado. Alberto González Amador parece un delincuente fiscal confeso y algunas de sus acciones desde que se inició el procedimiento de la inspección fiscal conducen a consolidar esa idea que ni siquiera el, cuyo abogado demanda por difamación a todos los que utilizan esa denominación para referirse a su cliente, ha rebatido en los órganos donde podía haberse defendido negando que hubiera defraudado a Hacienda cantidades superiores a 120.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021.
