La defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al juez del Tribunal Supremo que analice posibles conversaciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y su sucesor y exdirector de comunicación del PSOE Ion Antolín; y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada.
En un escrito, adelantado por Europa Press y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el abogado de González Amador solicita al magistrado Ángel Hurtado que acuerde dicha diligencia después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyera que dichos cargos de Moncloa tuvieron acceso al e-mail –por el que se investiga al fiscal general del Estado– que acabó en manos del ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato antes de que se publicara en la prensa.
En concreto, solicita que se amplíe el análisis de los dispositivos de García Ortiz y de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a «todas las conversaciones que figuren en los dispositivos mantenidas» con dichos cargos de Moncloa señalados en el último informe de la UCO y con tres periodistas, si las hubiera.
Copias de «todas las conversaciones»
Respecto de estas personas también pide al magistrado que ordene a las compañías telefónicas para que «conserven los datos generados y tratados» desde 7 de marzo. Y, además, quiere que se reclame al director de gabinete del Grupo Parlamentario Asamblea de Madrid (GPAM), David del Campo, sus conversaciones entre el 7 y el 14 de marzo con Valles, Antolín y Sánchez Espadas. Al margen, insta al instructor que pida a Google la copia de «todos los correos electrónicos» de la cuenta personal de García Ortiz en los que se incluya «Ayuso» y «ciertamente se han cometido dos delitos».
La defensa también solicita al magistrado instructor la imputación de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Además de su imputación, ve pertinente que se pida a Meta –propietaria de WhatsApp– la copia de «todas las conversaciones y archivos» que García Ortiz y Villafañe hubieran generado desde el 7 de marzo, así como «información sobre el posible borrado de conversaciones».
Cabe recordar que en el informe que realizó la UCO sobre la información incautada en el registro al despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, los agentes apuntaron que Rodríguez señaló el que el 7 de marzo se envió «todo» lo relativo al caso de González Amador a Villafañe.
Protocolos de borrado
En el marco del escrito, pide al juez que requiera al delegado de protección de datos de la Fiscalía la «copia de los protocolos» relacionados con el uso de teléfonos móviles por parte de los fiscales, así como con el uso del correo electrónico personal.
También solicita la «relación de ocasiones en las que desde el 7 de marzo miembros de la Fiscalía General del Estado hayan cambiado de dispositivo».
