“Es nuestro deber alertar a Les Corts de que la derogación del Código ético se produce en circunstancias ciertamente anómalas”. Es una de las frases del escrito remitido al parlamento valenciano por la que fuera presidenta del Comité de ética de la Agencia Valenciana Antifraude, la catedrática de Derecho Penal de la Universitat Jaume I de Castelló María Luisa Cuerda. El escrito responde a la decisión del nuevo director de la Agencia, Eduardo Beut, elegido el pasado julio por el PP y Vox, de derogar recientemente el Código ético de funcionamiento de la entidad y en consecuencia, eliminar la citado comité.
Cuerda explica a la Mesa de Les Cortes que Beut ha adoptado su decisión sin haberse reunido “ni una sola vez” con el comité, creado en 2022 y formado por ella misma, Manuel Villoria Mendieta (catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos), Antonio Penadés Chust (abogado, historiador y periodista) y una funcionaria de la Agencia. “Ante la imposibilidad de reunirnos, y, dada la necesidad de convocar al Comité por la existencia de denuncias que, de ser ciertas, supondrían una grave infracción del Código ético, comuniqué al director con fecha de 18 de septiembre que el Comité se había reunido por la razón expuesta. El director me confirmó haber recibido esta información en un correo que me remitió el día 20 de septiembre. Por tanto, cumple señalar que la derogación del Código se produjo cuatro días después de que el director fuera conocedor de la existencia de estos expedientes y, en todo caso, antes del día 2 de octubre, fecha en la que el Sr. Beut tenía intención de recibir al Comité”, señala el escrito al que ha tenido acceso este diario,.
Y continúa la expresidenta: “Asisto con extraordinaria preocupación al hecho de que pudiera estar produciéndose una grave quiebra del principio de confidencialidad por el hecho de que órganos distintos al extinto Comité de Ética tengan conocimiento de escritos y declaraciones que tenían como destinatarios a los miembros que integraban el referido Comité, en cuyo conocimiento se pusieron datos relativos a la vida personal y profesional que deben seguir estando protegidos por la confidencialidad que se les garantizó en ese momento”.
Por todo ello, Cuerda pide a Les Corts que reclame al director de la Agencia medidas para garantizar la confidencialidad de los expedientes ya tramitados y proceda a la anulación o suspensión de la decisión adoptada hasta que los “expedientes abiertos puedan resolverse”, concluye el escrito, cuyo contenido fue adelantó por el Levante EMV.
Al derogarse el Código ético el 24 de septiembre, que recoge los valores del buen gobierno de la Agencia, se eliminó el buzón de denuncias internas, y el Comité de Ética, que velaba por la adecuada aplicación del primero. A cambio, la Agencia anunció que se adherirá al código ético de las Cortes Valencianas, que no existe, si bien apunta que en estos momentos se encuentra en elaboración y, a modo de salvaguarda, ha previsto que si en el plazo de seis meses los trabajos de elaboración del Parlamento autonómico no hubieran concluido, la Agencia se adherirá de forma provisional al código de conducta del que disponen otros órganos estatutarios como el Síndic de Greuges o la Sindicatura de Comptes. La resolución, publicada este lunes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), añade que se realizarán los trabajos necesarios para que las solicitudes presentadas hasta la fecha por el buzón de denuncias del Comité de ética tengan su correspondiente expediente electrónico en la plataforma de gestor de expedientes.
“Ha desaparecido la imparcialidad”
En este sentido, la diputada autonómica y portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha pedido que se recupere el Comité de ética presentado una iniciativa parlamentaria, además de solicitar la comparencia del director para que “dé explicaciones sobre una decisión que deja en el aire los expedientes de investigación interna y a un órgano que velaba por el buen funcionamiento de las personas que investigan a la propia administración”. “Está claro que el actual director de la Agencia no quiere ser observado ni investigado en las decisiones que está adoptando de desmantelamiento del modelo de la Agencia. Ha desaparecido la imparcialidad y la independencia. Ahora hay un órgano al servicio del Partido Popular que gobierna. Me da la impresión de que el comité de empresa de la Agencia, que aprobó la derogación del código ético, ha sido engañado, haciéndoles creer que en Les Cortes se estaba avanzando en la creación de un código ético y eso es falso”, ha afirmado a este periódico.
El nombramiento de Beut, exjefe de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana, fue objeto de polémica política. La izquierda le reprochó que hubiese sido nombrado por el PP en 2002 consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Empresariales, formada por las cajas de ahorro Bancaja y CAM y la Generalitat y su relación personal con el que fuera jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, Juan Francisco García. Beut fue también gerente y presidente de Fecoval (Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la Administración) hace más de una de una década. El PP y Vox cambiaron la ley de creación de la Agencia, que empezó a funcionar en 2027, para que su dirección pudiera ser elegida por mayoría absoluta y no por tres quintas partes de los escaños del parlamento valenciano.
Una de las primeras medidas de Beut fue el cese de los numerosos dos y tres del primer director de la Agencia Joan Llinare: la directora adjunta de la entidad y jefa de asuntos jurídicos, Teresa Clemente, y el director de Análisis e Investigación, Gustavo Segura. Este último fue el candidato considerado de continuidad, presentado por tres entidades de lucha contra la corrupción, como Llinares, a cuya sucesión también optó en un votación en la que ganó el candidato del PP, Eduardo Beut.