Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias del Gobierno de Carlos Mazón durante la dana que dejó 228 muertos y un reguero de destrucción en Valencia, ha asegurado este viernes ante la jueza que investiga penalmente la riada, Nuria Ruiz Tobarra, que el subdirector de Emergencias de la Generalitat estaba de vacaciones el día de la catástrofe, según informan a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.
Argüeso ha declarado en la Ciudad de la Justicia de Valencia como investigado junto a la que fuera consejera de Justicia e Interior durante las inundaciones, Salomé Pradas. Y ambos, que fueron destituidos por Mazón cuatro semanas después de la riada, han defendido la gestión del president. El jefe del Consell desembarcó en el Cecopi —el centro de emergencias autonómico— a las 20.28 horas, 17 minutos después de que se remitiera la alerta a móviles que —según la magistrada— podría haber salvado vidas. Sin embargo, Argüeso le ha explicado ante la magistrada, el fiscal, su defensa y los letrados de las acusaciones particulares y populares que este comportamiento que las acusaciones de víctimas consideran negligente no magnificó la dimensión de la catástrofe.
El que fuera número dos de Emergencias ha indicado a la magistrada que se ha enterado recientemente de que los bomberos forestales fueron retirados del barranco del Poyo, detonante de la tragedia tras desbordarse y causar inundaciones letales en municipios valencianos como Catarroja o Paiporta. Y, como Pradas, ha culpado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -que depende del ministerio de Transición Ecológica- y al Consorcio de Bomberos de la tragedia. También ha asegurado que el 112 –el número de atención telefónica de la Generalitat –no informó al Cecopi, el centro de emergencias autonómico. Y ha obviado que Argüeso era el máximo responsable del Cecopi.
Argüeso ha defendido ante la jueza que el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia durante la dana, José Miguel Basset, ya jubilado, no le reportó de que había retirado a sus agentes del barranco del Poyo. Basset dijo el pasado 2 de abril durante su comparecencia en la comisión de investigación de la riada de la Diputación de Valencia que se dejó de vigilar el barranco del Poyo porque el caudal bajó y había “ganas de comer”.
La jueza imputó a Pradas y Argüeso el pasado 10 de marzo por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están penados con hasta cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.
La Fiscalía se opone a la imputación de Argüeso
La Fiscalía de Valencia se ha opuesto este viernes a la imputación de Argüeso en un escrito que apoya el recurso de apelación del ex número dos de Emergencias de la Generalitat, según un documento al que ha tenido acceso este diario. El Ministerio público, que no descarta que Argüeso vuelva a tener durante la instrucción de la causa la condición de investigado considera que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se puede “desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea”.
