La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha comunicado al pleno que ha recibido la petición del Tribunal Supremo español para retirar la inmunidad parlamentaria al eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Pérez, más conocido como Alvise. Este es el primer paso que debe recorrer el expediente para que la Eurocámara decida si al parlamentario ultraderechista se le levanta la inmunidad o no.
Una vez dado este paso por Metsola, la petición del Supremo se traslada a la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Este órgano parlamentario puede “pedir cualquier información o explicación que estime necesaria”, según explica la web de la propia Eurocámara. Además, existe la posibilidad de que haya una audiencia con el afectado, en este caso Alvise, para que se explique. Él también podrá presentar documentación o pruebas en su defensa.
Al final de los trámites en la comisión, esta delibera a puerta cerrada qué recomendación emite para que sea votada por el pleno del Parlamento. La decisión se adopta por una mayoría simple de eurodiputados y después se le comunica al parlamentario y al tribunal del Estado que lo ha solicitado.
En el anuncio hecho por Metsola, la maltesa no ha aclarado por cual de las dos causas que el Supremo ha cursado suplicatorios al Parlamento Europeo se ha iniciado el trámite. Hubo una petición en verano para investigar al líder ultra por, supuestamente, acosar en redes a la fiscal contra delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. No obstante, hay otra solicitud remitida la semana pasada por el Supremo por Alvise, quien tiene abiertas cuatro causas en el alto tribunal. Esta última fue por la recibir 100.000 euros de un empresario para financiar la campaña las últimas elecciones europeas de SALF.
Además de estas dos causas, el Supremo investiga al eurodiputado en otras dos causas: una por supuestos delitos de revelación de secretos y acoso a Diego Solier y Nora Junco, los dos eurodiputados que se presentaron junto a él a las elecciones europeas de junio de 2024 y han acabado denunciándole, y otra por difundir una prueba falsa de Covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad Salvador Illa. Precisamente por esta última, el instructor, el magistrado Javier Hernández, ha enviado una comisión rogatoria a EE UU para que la red social X remita información de la cuenta desde la que se difundió el test falso. La Fiscalía entiende que la publicación de este documento falso “por un medio masivo como Twitter [actualmente X], que permitía su visionado y redistribución indiscriminada”, fue llevada a cabo por el denunciado en campaña electoral “con el propósito de perjudicar a Salvador Illa en sus legítimas expectativas como candidato a la Presidencia de la Generalitat”. En su declaración del pasado 6 de junio ante el juez, Alvise aseguró que ese documento “ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales”, informa Reyes Rincón.
