El Consell de la República, el órgano impulsado por el expresident Carles Puigdemont en 2017 para hacer las veces de parlamento paralelo en el extranjero, ha emitido un comunicado tras reunirse este martes en el que anuncia que reducirá la masa salarial del equipo técnico en un 50%. La decisión responde a la situación financiera valorada como “moderadamente preocupante” por la auditoría realizada sobre las cuentas del ente de 2023. El gobierno de la entidad ha analizado el contenido de ese estudio económico y ha asumido sus “conclusiones y recomendaciones” con la “responsabilidad” de revertir “cualquier disfunción o déficit”.
El órgano, con sede en Waterloo (Bélgica), cuenta con ocho empleados y ahora el Consell decidirá cómo aplicar el recorte. Además de este ajuste, basado en que los gastos superan los ingresos, el Consell ha tomado otras tres medidas: delegar la gestión del ámbito financiero en dos miembros más del gobierno de la entidad; dar por efectuado el requisito de presentar la justificación del uso de fondos y fijar unas normas básicas de gobernanza claras. Los acuerdos reflejan, dice el texto, la prioridad de la dirección de velar por la viabilidad del Consell de la República como garante del 1-O y de los derechos de sus miembros.
El apartado sobre los justificantes del uso de fondos alude a que el vicepresidente Toni Comín presentó gastos por un importe de 15.530 euros, entre los que figuraba, entre otros, una multa; el alquiler y un apartamento durante 15 días, un pago de impuestos y retirada en efectivo de 6.000 euros. Comín achacó el desembolso a gastos de representación en viajes al sur de Francia por su condición de vicepresidente del órgano. El Consell dijo entonces que esa información, contenida en una auditoría, era provisional y que trascendió porque sufrieron un ataque informático. La auditoría, con fecha del 14 de octubre y difundida este jueves, dice que el contable consideró que no eran gastos relacionados con el exilio. El informe los cataloga de “posibles irregularidades”, aporta cifras y un desajuste.
La difusión de la auditoría ha coincidido en el tiempo con la publicación de una información de El Mon sobre un supuesto desvío de una partida de 28.000 euros por parte de Comín para utilizar fondos para pagar un acto del 1-O de 2022 que eran donaciones destinadas a ayudar a los mossos arrestados por proteger a Puigdemont en el acto del pasado 8 de agosto en Barcelona. La denuncia la formula miembros de la sociedad instrumental que da cobertura legal y financiera al Consell.
“Es absolutamente falso y muy fácil de demostrar. Lo que se afirma en la denuncia es “imposible”, sostienen fuentes del Consell, que explican que las cuentas bancarias con las que se gestionaron los dos procesos, el pago de la factura y la petición a donantes de dinero para los agentes autonómicos, son “dos cuentas diferentes”. En el caso de las donaciones para los mossos, la cuenta de destino era “una cuenta distinta de la cuenta con que se pagó la factura pendiente del acto del 1-O del 2202″, aseveran.
Comín mientras tanto, continúa en Bruselas a la espera, nuevamente, de poder ocupar su escaño de eurodiputado. La sentencia de finales de septiembre del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que desestimó el recurso que había presentado junto con Puigdemont contra la decisión del Parlamento Europeo que, en el verano de 2019, les impidió asumir automáticamente su escaño, ha sido un duro revés. Sobre todo porque llegó después de constatar que ni él ni Puigdemont van a poder beneficiarse, al menos en el futuro inmediato, de la ley de amnistía, pese a que tras su aprobación daban por seguro poder regresar a Cataluña desde el verano y habían organizado sus vidas políticas, y personales, en torno a esa perspectiva.
Pese a ello, tanto Comín como su partido se dicen decididos a mantener el pulso y seguir reclamando su puesto en el hemiciclo, se tarde lo que se tarde. Al fin y al cabo, en 2019 también les llevó seis meses lograrlo. Ahora incluso la espera podría ser aún más larga: respaldada por la sentencia del TJUE, la actual presidenta de la Eurocámara, la conservadora Roberta Metsola, no ha movido ficha alguna para facilitar la entrada en el hemiciclo de Comín.
De este modo, al exconseller solo le queda intentarlo de nuevo por la vía judicial: si logra que el Supremo envíe una cuestión prejudicial al TJUE consultando si está de acuerdo con el derecho europeo la legislación electoral española, que considera indispensable que un parlamentario acuda in situ al Congreso a jurar o prometer la Constitución, algo que debería saberse en principio este mes de noviembre, podría presentar de inmediato una medida cautelar para que se le permita ocupar su escaño mientras los jueces de Luxemburgo dirimen el fondo del asunto. Si el Supremo no accediera —como no hizo tampoco hace cinco años—, entonces, reconocen las fuentes, solo cabría esperar a que pueda acogerse a la amnistía para regresar a España a prometer su cargo.
Pese a lo por el momento complicado de su futuro en Bruselas, Comín, que sigue manteniendo contactos con otros eurodiputados —como exlegislador puede seguir entrando al Parlamento Europeo—, se dice dispuesto a continuar en la capital belga, desde donde también se dedica al Consell y a cuestiones relativas al partido, el tiempo que haga falta. Aunque la soledad pese, tanto o más, que los reveses judiciales.
