La Fiscalía Anticorrupción ha subrayado la “abrumadora” prueba existente contra las 19 personas que se han sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional por las maniobras urdidas hace dos décadas por la trama Gürtel en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), gobernado entonces por el PP. El tribunal ha declarado este lunes el juicio visto para sentencia, después de que el ministerio público haya cerrado acuerdos de conformidad con 18 de los procesados, que han conseguido una reducción de las penas solicitadas, a cambio de admitir los delitos que se les imputan. Entre los confesos se encuentran el propio cabecilla de Gürtel, Francisco Correa; su antiguo número dos, Pablo Crespo; el constructor Fernando Martín, expresidente de la promotora Martinsa y del Real Madrid; y Ginés López, exalcalde del municipio.
En su alegato final, la fiscal ha insistido en que se ha acreditado el desembarco de la trama en Arganda, donde los corruptores se conchabaron con altos cargos locales para “obtener adjudicaciones públicas, bien para Correa, bien para empresas para las que intercedía” —como Martinsa y las “habituales” Constructora Hispánica y Teconsa, ya implicadas en otras líneas de investigación—. Para conseguir esos proyectos, se pagaban “comisiones” ilegales. Por ejemplo, Anticorrupción destaca que Fernando Martín abonó a Correa una mordida de 25 millones de euros (el mayor pelotazo de Gürtel) para lograr la concesión de un plan de desarrollo urbanístico. El líder de la red corrupta repartió después ese dinero con, entre otros, el alcalde Ginés López y con Benjamín Martín Vasco, quien fuera concejal del Consistorio, consejero delegado de la Sociedad de Fomento local y diputado del PP en la Asamblea de Madrid.
El ministerio público ha resaltado los informes de Hacienda y de la Policía Nacional, que analizaron una “ingente” documentación para acorralar a los sospechosos. Hace dos semanas, el inspector jefe que lideró las pesquisas sobre el caso Gürtel, Manuel Morocho, aseveró que la trama se hizo con el “control” absoluto de la “contratación pública” de Arganda. “Controlaban todo el proceso de ejecución y facturación”, recalcó el agente, que apuntó que las concesiones ya estaban decididas de antemano y los expedientes administrativos solo “servían” para ofrecer una “imagen exterior de legalidad”: “En muchos casos, las ofertas que se presentaban eran del mismo grupo o de un tercero que presentaba una oferta controlada por ellos”.
Todos los acusados, excepto uno, han admitido los hechos. “Como consecuencia de mi relación con Correa, este fue beneficiario de los contratos que constan en las actuaciones y, fruto de ello, me ofreció y acepté las entregas en efectivo y regalos”, reconoció el exalcalde Ginés López. “Se acordó que, a cambio de garantizar la adjudicación a favor de Martinsa, Francisco Correa cobraría de Fernando Martín una dádiva de 25 millones de euros, acordando que 12 millones se abonarían cuando el Ayuntamiento adjudicara las parcelas a Martinsa y el resto conforme avanzara la ejecución, en el bien entendido de que desde el Ayuntamiento no se pondrían trabas”, confesó el expresidente del Real Madrid.
A cambio de admitir los hechos, Fernando Martín pactó con la Fiscalía, que pedía inicialmente casi 20 años de cárcel para él, que solo se le condene a tres años y cuatro meses de prisión por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho y contra la Hacienda Pública (aunque ninguna de las penas por separado para cada uno de esos delitos supera los dos años, lo que le permitiría evitar su entrada en un centro penitenciario). En la misma línea, el exregidor Ginés López, que se enfrentaba una solicitud de 17 años de reclusión, acordó que solo se le impongan cinco años y siete meses de prisión por varios delitos (sin que ninguna de las penas por separado supere los dos años, por lo que también podría esquivar la cárcel).
Un acusado se defiende
La última sesión del juicio, celebrada este lunes, ha comenzado con la declaración de Luis Bremond, exfuncionario del Ayuntamiento de Arganda y asesor jurídico. Es el único que ha defendido su inocencia tras rechazar un acuerdo con la Fiscalía. Este procesado ha insistido en que no participó en ninguna ilegalidad y que “jamás” traficó con “información privilegiada” para beneficiar a la red Gürtel. Su defensa pide su absolución.
Esta vista sobre el desembarco de la trama en Arganda era el penúltimo juicio del caso Gürtel. Ya solo queda la vista oral que versará sobre la estructura societaria urdida por la red corrupta para blanquear dinero. Por esos hechos, la Audiencia Nacional abrió juicio oral contra 26 personas.
