Un enorme sofá rosa, muebles lacados en blanco con patas torneadas en plata, un enorme vestidor atestado de ropa y un cuarto de baño desde el que se bajaba a un enorme jacuzzi con camas balinesas. Todo el lujo que cabía en una de las casas registradas a los hermanos Monis de Chiclana de la Frontera cuesta que creer que fuese fruto de un trabajo legal, máxime para quienes tienen un amplio historial delictivo. Lo curioso de su caso es que el origen fundamental de tanta ostentación no era directamente el narcotráfico, sino el suministro de combustible, conocido como petaqueo, a diversas organizaciones de narcos.
Esa actividad centrada en la logística a los narcos del Estrecho es la que ha llevado a detener a los 15 supuestos integrantes de la mafia de Los Monis en la operación Navegante, realizada por la Guardia Civil, la Policía Nacional y Agencia Tributaria a finales de noviembre y dada a conocer este martes. El pilar más complejo de las pesquisas ha sido conectar que esos centenares de bidones de gasolina que almacenaban en cualquier parte —en campos, en garajes e incluso en habitaciones de casas en las que vivían— estaban destinados a alimentar las narcolanchas de terceras organizaciones de narcos. La diferencia es el salto cualitativo entre la mera infracción administrativa de la tenencia de gasolina a la petición de ingreso en prisión provisional que la Fiscalía Antidroga ha realizado en este caso y que ha fructificado para los cuatro principales investigados.
Los integrantes de la mafia figuran ahora como investigados por organización criminal, contrabando continuado, tráfico de drogas y tenencia de combustible, aunque el principal sustento de las pruebas existentes contra ellos es que eran un grupo coordinado para suministrar gasolina a narcolanchas, desde hace al menos un año. En ese tiempo, el clan prosperó tanto que saltó desde los intrincados esteros de Chiclana al resto de la bahía de Cádiz, como la propia capital o San Fernando. Es en el Juzgado Número 4 de esta última localidad en el que, a finales de noviembre, el titular acordó el ingreso en prisión de los principales cuatro investigados, según ha adelantado el periódico local La Voz de Cádiz y ha confirmado EL PAÍS.
La mafia estaba “totalmente estructurada y jerarquizada”, según ha explicado la Guardia Civil. En la cúspide del clan figuraban los hermanos J.M.R. y M.M.R., Los Monis, viejos conocidos para los agentes. De hecho, a M.M.R. le figura una condena de 2024 por delitos contra la salud pública, tiene otra sentencia por contrabando de 2023 y está a la espera de juicio en la Audiencia junto a su hermano por otra causa más. “Uno de ellos hasta estaba ya en prisión y tuvimos que sacarlo para que estuviese presente en uno de los registros”, apunta una fuente cercana al caso.
Los investigadores atribuyen a Los Monis el control y financiación de la adquisición de los 2.475 litros de gasolina que se le ha encontrado a la mafia dispersas en decenas de petacas. Los agentes también creen que son ellos los que adquirían vehículos, lanchas, motores —en los registros se han decomisado cuatro motores, una neumática de cuatro metros de eslora y tres neumáticas más— que luego empleaban para su actividad logística a mafias del hachís, con los que mantenían contactos de confianza. Los dos hermanos también se encargaban de asegurar el traslado seguro del combustible y de los víveres para los pilotos de las narcolanchas. Justo detrás de ellos, figuraba un lugarteniente de los cabecillas que asumía el rol de persona de confianza para el contacto con otros otros miembros de la organización.
Los Monis se sabían vigilados desde hace meses, conscientes de que la presión policial en la zona de Cádiz pasa ahora por cortar las alas a los petaqueros de los narcos, especialmente poderosos en la zona de Chiclana y alrededores. Por eso los investigadores detectaron como los hermanos estaban alternando las ubicaciones para los avituallamientos y disponiendo de nuevas guarderías de combustible situadas en distintos puntos de la provincia “con la intención de dificultar la vigilancia y la acción policial”, según ha asegurado la Guardia Civil.
Buena parte de esas sospechas han quedado confirmadas en siete registros realizados en Chiclana, El Puerto y Puerto Real. Allí, además de armas y medios tecnológicos —los agentes han decomisado cinco armas, una granada, tres GPS, 27 teléfonos y dos más con tecnología satélite— los investigados escondían la gasolina donde podían, como bajos de edificios en los que residían numerosas familias o en cuartos contiguos a dormitorios infantiles. “Todo ello, con el peligro que entraña transportar este tipo de productos inflamables e incendiarios en furgonetas, lo que genera un grave riesgo para las personas en caso de explosión”, ha añadido el Instituto Armado de Cádiz.
Los hermanos aceptaban de las mafias de la droga pagos en metálico —en los registros se ha recuperado hasta 21.580 euros— y en fardos de hachís —también se les ha intervenido siete kilos de marihuana y 18 pastillas de hachís—. Esta línea de investigación está resultando clave para hilvanar una conexión entre los petaqueros y los narcos que no siempre es fácil en las pesquisas policiales. En los seguimientos los agentes han atestiguado con cámaras térmicas la presencia de narcolanchas atestadas de fardos, aunque no se ha llegado a intervenir ninguna.
“Aquí estamos hilando todo y a ver qué pasa”, explican fuentes cercanas a la Fiscalía, que a la vez están apuntalando el delito de contrabando —que tiene que ser con embarcaciones que superen los 50.000 euros de valor—. Actualmente, la normativa española no contempla como delito el almacenaje o transporte de grandes portes de gasolina. Eso complica sobre manera el cerco a los petaqueros y la toma de medidas penales contra ellos. El pasado mes de noviembre un Juzgado de Chiclana admitió la petición de prisión provisional para un hombre detenido por transportar 5.000 litros de gasolina e intentar darse a la fuga. En ese caso, el hombre figura como investigado por un delito de resistencia y otro por tenencia o depósito de sustancias explosivas e inflamables.
A finales de 2023, la Fiscalía Antidroga de España ya introdujo en su memoria una propuesta de reforma legislativa para incluir un nuevo tipo penal específico “que castigue sin más la tenencia o el transporte de gasolina”. La idea, impulsada por la Fiscalía Antidroga de Andalucía, sería similar a la que se hizo en 2018 para declarar género prohibido a las narcolanchas. En esa línea, el PP tiene previsto proponer en el Senado que los petaqueros puedan ser condenados a hasta ocho años de prisión por sus portes de combustible, en una propuesta que también incluye endurecer las penas por narcotráfico.
