El PNV asegura que la devolución del Gobierno de la titularidad de un edificio en París que el partido adquirió en 1937, y que pasó a manos de la dictadura franquista, es ya irreversible, pese al rechazo este miércoles en el Congreso de los Diputados del real decreto ley que recogía esta medida.
El pleno del Congreso ha tumbado el real decreto ley ómnibus que incluía, entre otras medidas, la devolución al PNV de este edificio, situado en la avenida Marceau de París y que alberga en la actualidad la sede del Instituto Cervantes.
Sin embargo, el PNV ha señalado que este edificio lleva tiempo en manos de la formación, ya que su transmisión fue recogida en el real decreto ley que aprobó el pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros y que este miércoles se ha sometido a votación parlamentaria para su convalidación.
La formación nacionalista vasca alega que la no convalidación de un real decreto ley produce el cese inmediato de sus efectos a partir de ese momento, pero no anula los efectos producidos durante su vigencia, que es en este caso la transmisión de la titularidad del inmueble, ya completada.
Por ello, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, había comentado a los medios antes de la votación en el pleno que no estaba preocupado «jurídica ni políticamente» ante la posibilidad de que no saliera adelante el real decreto ley, como finalmente ha ocurrido con el rechazo del PP, Vox y Junts.
Fuentes del PP consideran, no obstante, que la no convalidación del real decreto ley deja claro que el inmueble de París no pertenece al PNV, independientemente de lo que hayan registrado hasta ahora, y subrayan que este edificio es patrimonio del Estado.
El real decreto ‘ómnibus’, con varias medidas económicas y sociales, incluía la entrega del edificio al PNV y el pago de un alquiler a esta formación para que el Cervantes pueda seguir ocupándolo hasta el 31 de diciembre de 2030, además del traspaso de otras dos propiedades en Noyan y Compans, también en Francia.
Todas estas medidas relacionadas con el PNV fueron aprobadas el pasado mes de diciembre en el Consejo de Ministros y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno lo hizo en aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que prevé la restitución de bienes incautados a las fuerzas políticas durante la dictadura en el extranjero como consecuencia de procesos judiciales o administrativos.
Sin embargo, fuentes del PNV explican a EFE que era necesario dar a estas decisiones rango de ley, y por ello se incluyeron en este real decreto ley que acaba de ser rechazado.
