El pleno del nuevo Consejo General del Poder Judicial tiene este martes una cita para resolver el nombramiento de la persona que ostentará la presidencia del órgano de gobierno de los jueces, en una votación que requerirá el apoyo de la mayoría de tres quintos de los 20 vocales (12) y sin que por primera vez se llegue a esa situación con un candidato previamente acordado entre los dos grandes partidos. Los dos sectores —progresista y conservador— en que se divide al Consejo por el apoyo previo de PSOE y PP para el pacto de su renovación, han designado una comisión para negociar ese cargo, pero llegan al momento de la votación sin resolver el enigma. Cinco de los siete candidatos que optan al puesto son mujeres. Nunca una mujer ha presidido el Consejo General del Poder Judicial.
El pasado jueves, en la primera sesión constitutiva de este octavo Consejo del Poder Judicial salido del pacto alcanzado el 25 de junio entre el Gobierno, el PSOE y el PP, los 20 vocales ya anticiparon que en la cita de este martes decidirían sobre la propuesta para su presidencia entre los siete aspirantes, todos ellos del Supremo: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas, y Pilar Teso. Son siete magistrados: cinco mujeres, tres propuestas por el llamado sector progresista y cuatro del bloque conservador, en este caso dos hombres y dos mujeres, que cumplen el requisito de ser miembro de la carrera judicial con la categoría de ser presidente de Sala del Supremo o juristas de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
Las conversaciones entre los vocales negociadores, sin participación de los representantes políticos, no han servido de momento para llegar a la votación de este martes con una solución que garantice al menos 12 votos. La figura de la presidencia del Consejo es clave porque dispone de voto de calidad en caso de empate —aunque las necesarias mayorías reforzadas para la mayoría de las decisiones reduce su importancia— y en la composición de este órgano. Para cerrar el pacto, PSOE y PP llegaron a la solución de proponer 10 candidatos cada uno de entre los 50 jueces que en su día presentaron sus candidaturas apoyadas por asociaciones o por la firma de al menos 25 compañeros.
Fuentes al tanto de la negociación apuntan, además, que en el sector conservador del nuevo Consejo han surgido dudas y algunas discrepancias sobre a quién apoyar ahora para ese relevante cargo. El asunto no está resuelto y podría dilucidarse en el transcurso de la reunión de este martes o aplazarse para los próximos días.
El sector progresista del Consejo contaba con que en esta ocasión la presidencia recaería en una persona de ese perfil y, además, mujer. Entre los aspirantes progresistas propuestos para ese puesto solo hay de hecho tres mujeres. Una de ellas, Pilar Teso, ya compitió por esa responsabilidad en 2013 impulsada por el sector progresista frente al aspirante conservador que luego resultó elegido, Carlos Lesmes, y perdió por 16 votos frente a cuatro. Al final Lesmes dimitió y abandonó el cargo en 2022, harto de reclamar y exigir a PP y PSOE que afrontasen la renovación del Consejo, que debió resolverse en 2018, y que funcionó con el mandato prorrogado luego casi cinco años y medio por el veto de los populares y su temor a perder influencia en ese órgano de poder. Una de las peores consecuencias de esa situación fue que provocó más de 120 vacantes sin cubrir en puestos relevantes de tribunales superiores autonómicos, audiencias provinciales y del Tribunal Supremo y además del daño sobre su credibilidad.
Pilar Teso ingresó en la carrera judicial en 1985 y es especialista de lo contencioso-administrativo desde 1989. En su trayectoria ocupó destinos en los juzgados de Parla (Madrid), Barcelona, Collado-Villalba (Madrid) y la capital de España. Tras ascender a la categoría de magistrada ejerció en el Juzgado de lo Social número 2 de Cáceres (1988-1989), en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1989-1997), en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (1997-2000) y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (2000-2008) antes de su nombramiento como magistrada del alto tribunal. Las otras dos mujeres del sector progresista son la magistrada Ana Ferrer, integrante del tribunal que juzgó el procés y condenó a duras penas de cárcel a una parte del Gobierno catalán; y Ángeles Huet, magistrada de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo.
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Otra de las opciones para asumir esa responsabilidad, a propuesta del sector conservador, podría ser Carmen Lamela, magistrada de la Sala Segunda, que ingresó en la carrera Judicial por oposición en 1986. Durante la etapa de Lamela en la Audiencia Nacional, instruyó la causa sobre el procés independentista, ordenó el ingreso en prisión de Oriol Junqueras y el resto de líderes separatistas con responsabilidades de Gobierno que no huyeron de España en 2017. Por último, los conservadores también han propuesto a Esperanza Córdoba, jefa del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial entre 2014 y 2020, cuando fue elegida magistrada del Supremo.
