El PP de Isabel Díaz Ayuso ha impuesto este miércoles su mayoría absoluta para impedir la comparecencia en la Asamblea del profesor canadiense François Béland, un investigador que ha analizado los datos de la primera ola de la pandemia para concluir que el 7 de marzo de 2020 las residencias de mayores comenzaron a sufrir un triaje que impidió que en lo peor de la crisis sanitaria se atendiera a los ancianos en los hospitales. La decisión, adoptada cuando Más Madrid ha intentado convocarle para hablar el lunes ante la comisión de Familia y Asuntos Sociales, ha venido acompañado de otro veto, en este caso a que intervenga un representante de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Dos resoluciones que retratan cómo la muerte de 7.291 ancianos en las residencias durante lo peor de la pandemia sigue siendo una herida imposible de cerrar.
“Hay un veto ideológico todo el rato”, lamenta Emilia Sánchez-Pantoja, la proponente de Más Madrid. “No quieren que se hable de este tema”, añade. “Se ponen muy nerviosos cada vez que queremos hablar de lo que sea que tenga que ver con residencias”, afirma. Y lamenta: “En ningún otro Parlamento pasan estas cosas”.
Entre la activación de la comparecencia y la cita oficial habrían pasado apenas cinco días. Ese dato ha sido destacado por la letrada de la comisión, según fuentes presenciales, que ha considerado que el plazo era demasiado escaso. Puesta ante la posibilidad de dejar para más adelante la activación de esas iniciativas, la diputada de Más Madrid ha mantenido su propuesta inicial por una sencilla razón: “El presidente [Miguel Ángel Rumayor] ha dicho que era irrelevante si había pocos o muchos días, porque ellos iban a impedir que ese tema fuera al orden del día”.
Y así ha sido: la Mesa de la comisión, dominada por el PP, ha tumbado las dos iniciativas.
Este diario solicitó la versión de los conservadores sobre lo ocurrido, pero estos se remitieron al Parlamento, al considerar la polémica un asunto propio de la institución, pese a que en la Mesa de la comisión de este miércoles solo han votado dos diputados, los dos del partido de Díaz Ayuso.
“La Mesa de la comisión de Familia y Asuntos Sociales ha entendido que para la siguiente sesión no procedía sustanciar esa comparecencia porque el tema había sido más que debatido de forma reciente”, ha explicado un portavoz del Parlamento regional, que dirige el conservador Enrique Ossorio.
Falta total de democracia
En el PSOE, representado en la comisión por Lorena Morales, Santiago Rivero y Silvia Monterrubio, ven “feísimo, fatal, una vergüenza y una falta total de democracia” la decisión del PP, que además tiene precedentes.
En febrero, una representante de Amnistía Internacional dice en esta comisión que en las residencias se documentaron durante la pandemia “violaciones de derechos humanos”; critica “la discriminación en bloque” que supuso el veto a los traslados a hospitales; y escucha cómo el PP compara a la oposición con la Inquisición.
El incendio es total, y los conservadores empiezan a maniobrar para que nunca más vuelva a ocurrir algo así.
Pasa, por ejemplo, en marzo, cuando el presidente de la comisión de familia reclama a una portavoz de la Asociación para los Derechos de los Mayores que no hable de las muertes en las residencias, pues no ha sido convocada con ese motivo. “Si no puedo hablar, me voy”, reacciona la interpelada, Carmen López
Y vuelve a ocurrir en mayo. El PP de Isabel Díaz Ayuso avanza entonces que hará valer su mayoría absoluta para impedir que en la Asamblea se escuche a los integrantes de la comisión ciudadana que concluyó en marzo que se podrían haber evitado hasta 4.000 muertes de ancianos en las residencias. Incluso cuando no estén convocados por ese motivo. Por eso la Mesa de la comisión de Familia y Asuntos Sociales rechaza que intervenga en el Parlamento María Victoria Zunzunegui, convocada por Más Madrid como experta en epidemiología y geriatría. Un caso de “censura preventiva y por si acaso”, según denuncia entonces la oposición.
El último capítulo de ese rechazo a hablar sobre lo que ocurrió en las residencias durante la pandemia, que el PP considera “un asunto del pasado”, incompatible con el trabajo parlamentario porque la legislatura es distinta, se vive este miércoles.
Así, se impide la comparecencia de Béland, cuyo estudio concluye que el primero de los protocolos de hospitalización enviado el 18 de marzo a los geriatras que tomaban las decisiones de ingreso sancionó por escrito lo que ya estaba ocurriendo desde el 7 de ese mes.
El estudio confirma los hallazgos publicados por InfoLibre y las denuncias de los familiares de la residencia Monte Hermoso, un caso que causó conmoción el 17 de marzo, el día que se supo que al menos 19 mayores habían fallecido sin traslado al hospital después de que estallara un brote de covid. El Hospital Clínico San Carlos llevaba al menos cuatro días rechazando los ingresos.
La decisión de restringir las derivaciones se tomó el fin de semana en que comenzaban a llegar a los medios avisos de la saturación en los hospitales, según el análisis de Béland. También eran conocidos por entonces los problemas del sistema sanitario italiano, el país que en ese momento tenía mayor número de muertes de covid, por detrás de China.
La caída de las hospitalizaciones coincide con el día en que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) inició la gestión centralizada de las camas hospitalarias, una medida que los autores del estudio encabezado por Béland han encontrado referida muy de pasada en la memoria de ese año, publicada en la web. Fue el lunes siguiente cuando el Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso comenzó a anunciar decisiones drásticas, en primer lugar el cierre de los colegios; y el jueves, que los mayores serían atendidos en las mismas residencias, que iban a ser “medicalizadas”, una palabra que evocaba la idea de un fuerte refuerzo médico, algo que nunca sucedió.
