El PP se plantea aplicar la ley D’Hont en la comisión de investigación que ha impulsado el partido de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid para esclarecer un supuesto “trato de favor” en la relación con la Universidad Complutense de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De esta manera, y si el calendario se exprimiera para que hubiera seis sesiones, los conservadores podrían convocar a 10 comparecientes, por cuatro de Más Madrid, tres del PSOE y uno de Vox. Si tan solo hubiera cuatro sesiones, como está inicialmente previsto, el PP llamaría a siete comparecientes, por dos de Más Madrid, dos del PSOE y uno de Vox. Sin embargo, de aplicarse la metodología habitual, cada grupo tendría seis y cuatro comparecientes, respectivamente, uno por sesión. En consecuencia, la nueva portavoz de la extrema derecha en la Asamblea, Isabel Pérez, ha anunciado este jueves el registro de un escrito de protesta.
Si la oposición considera el planteamiento del PP “inaudito”, por carecer de precedentes, además de un intento de “cercenar” sus derechos, los conservadores defienden que “no se está haciendo nada diferente”.
“No hay cambios ni se está haciendo nada diferente”, afirma el PP, que ya ha anunciado la convocatoria de Gómez y del rector de la Complutense, Joaquín Goyache. “Como en el número de preguntas que se hacen en pleno, las iniciativas largas que se traen a la Cámara, el reparto de espacios, o el número de miembros en comisiones, en la Asamblea de Madrid se utiliza la ley D’Hont habitualmente para hacer los repartos entre grupos”, añade el partido conservador, que ha dejado abierta la puerta a convocar a Sánchez y otros cargos de Moncloa, que no tendrían la obligación de acudir al Parlamento regional.
“En el caso del cupo de comparecientes que cada uno puede traer a la comisión también se hará así, como se ha hecho otras veces”, sigue, sin aportar ejemplos de esos precedentes en el momento de publicación de este artículo, y pese a que el método no se ha usado nunca antes en comisiones de investigación, según Vox. “[Para ello] se mira cuántas comparecencias caben en las sesiones previstas y se reparten proporcionalmente, a través de la ley D’Hont, atendiendo al número de escaños de cada grupo”.
Sin embargo, la oposición cree que esa posibilidad contraviene las costumbres de la Cámara, por mucho que esté avalada por la mayoría absoluta de la que goza el PP tras las elecciones autonómicas de 2023.
“Nosotros vamos a presentar una lista muy larga de comparecientes”, ha explicado Pérez, la nueva portavoz de Vox. “El PP manifestó que quiere aplicar la ley D’Hont, por lo que solo nos tocaría una, por lo que vamos a presentar un escrito de queja denunciando la arbitrariedad del PP, porque ni en el reglamento ni en la costumbre de esta Cámara se ha aplicado nunca la ley D’Hont, y queremos poder participar en igualdad de condiciones”, ha seguido, solicitando el mismo cupo de comparecientes para todos. “El PP nos tiene que dar la mano, tenemos que estar juntos para sacar a la luz todo lo que está detrás de la cátedra de la mujer del uno [en referencia a Sánchez]”.
El partido recuerda en su escrito que las comisiones no permanentes (de estudio o investigación, como esta) están formadas por un número igual de diputados para cada grupo, frente a las permanentes, en las que sí se tiene en cuenta que la representación sea proporcional al resultado electoral. Eso detonaría la voluntad del legislador de que las investigaciones se desempeñen en igualdad de condiciones. De esta manera, argumenta Vox, el PP trataría de “sacar ventaja o rédito político y anular o cercenar el derecho a la participación del resto de grupos parlamentarios” con el rodillo de su mayoría absoluta.
“En estos casos, comisiones de investigación, no solo no es habitual aplicar la ley D’Hont: ¡Es inaudito!”, se ha quejado un diputado del PSOE con amplia experiencia en la aplicación del reglamento del Parlamento. Una fuente parlamentaria afirma que esta metodología se planteó en 2003 para la comisión de investigación del Tamayazo, cuando dos diputados del PSOE evitaron que hubiera un gobierno de izquierdas en la región, pero que finalmente se renunció a ella por limitar la capacidad operativa de todos los partidos.
Más Madrid, por ejemplo, lleva ya registrados una decena de comparecientes. El sistema que evalúa el PP para la comisión le obligaría a dejar fuera a seis de las personas que quiere convocar, incluso a más si las sesiones de la comisión no apuran el mes de febrero y se terminan antes de que acabe 2023. Así, el partido de Bergerot quiere convocar a los seis rectores de las universidades públicas madrileñas, y también al consejero de Educación, Emilio Viciana, la consejera de Economía, Rocío Albert, y al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, en su caso para valorar posibles tratos de favor a la Fundación Fray Jiménez Cisneros.
Convocatoria el 13 de noviembre
Los partidos tienen hasta la tarde del próximo martes para registrar sus peticiones de comparecencia, que tendrán que pasar el examen de la Mesa del Parlamento, controlada por el PP, al viernes siguiente.
Gómez, que previsiblemente será convocada el 13 de noviembre, como el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, venía codirigiendo hasta ahora dos másteres en el centro educativo madrileño, ocupación por la que ha sido citada a declarar por la justicia como investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.
El caso, por lo tanto, se dirime ahora mismo en dos escenarios: en los tribunales y en el Parlamento de Madrid, donde el PP y Vox no descartan pedir la comparecencia de Sánchez, cuyo equipo considera que la convocatoria de Gómez “rompe todos los puentes del entendimiento político”.
