Cuatro meses y medio después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incumpla de nuevo su compromiso de convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos, que no se reúne desde marzo de 2022, el Partido Popular ha decidido forzar al PSOE a pronunciarse registrando el 25 de abril una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados. En este texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Grupo Parlamentario Popular quiere que la Cámara alta inste al Ejecutivo a cumplir el Reglamento y reunir esta cumbre autonómica.
Los populares forzarán al Grupo Socialista a votar para instar al Gobierno a «convocar de manera inmediata y urgente la Conferencia de Presidentes, máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en cumplimiento del artículo 4 del Reglamento de dicha Conferencia». Además, el PP solicita en su iniciativa parlamentaria que en la citada reunión «se aborden los efectos que van a suponer los pactos entre el presidente del Gobierno y los partidos independentistas sobre principios básicos como la equidad de trato entre los españoles o la independencia judicial, entre otros, así como la situación de nuestras cuentas públicas alertada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal».
El Grupo Popular propone «debatir, en el seno de la Conferencia, las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales que afectan a las comunidades autónomas» y «exigir que en dicha reunión se traten los asuntos de importancia para el Estado de las Autonomías».
En la exposición de motivos para justificar esta petición, los populares señalan que «es indiscutible que los términos de los pactos entre el Partido Socialista Obrero Español y diferentes partidos independentistas que se han hecho públicos para respaldar al Gobierno resultan de interés para los gobiernos autonómicos, ya que rompen con la igualdad y la solidaridad entre territorios y no se ajustan a la legislación vigente ni a los principios fundamentales que respaldan el Estado de derecho. Este aspecto ha sido incluso señalado por escrito y comunicado por parte del Poder Judicial. Nos encontramos frente a decisiones que, si finalmente entran en vigor, tendrán repercusiones en todas las regiones y perturbarán la armonía entre los españoles».
Los populares sostienen que «la aprobación de una ley de amnistía, la condonación de la deuda sin que haya mediado la negociación preceptiva en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera o el traspaso de competencias a determinadas regiones, confieren privilegios a una parte de España e imponen distorsiones que chocan con la protección constitucional que ampara al conjunto de los españoles».
Además, subrayan que «la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también ha recomendado que se convoque una Conferencia de Presidentes para tratar cuestiones relacionadas con la estabilidad presupuestaria, teniendo en cuenta la próxima elaboración del plan estructural fiscal en el marco de las nuevas reglas fiscales, tanto a nivel bilateral con las comunidades autónomas como a través de los mecanismos multilaterales existentes para la coordinación de la política económica».
En este contexto, ante la preocupación e inquietud de la sociedad española a la vista de los acuerdos que permitieron la investidura del presidente del Gobierno y el contexto económico sobre el que alerta la AIReF, «la convocatoria de la Conferencia de Presidentes es inaplazable. Urge, por tanto, clarificar las consecuencias de los compromisos políticos del Gobierno, dado que suponen, ya a priori, un menoscabo evidente a los principios básicos que configuran el Estado de derecho y un horizonte económico complejo».
Finalmente, recuerdan que «el Reglamento de la Conferencia de Presidentes fue modificado en abril de 2022 y desde entonces se debería haber convocado por el presidente Pedro Sánchez en dos ocasiones cada año (art. 4). Sin embargo, el citado reglamento se ha incumplido por parte de Presidencia del Gobierno. Por otra parte, el mismo reglamento fija que la Conferencia de Presidentes será convocada a petición de diez presidentes de comunidades autónomas, hecho que se produjo en los últimos meses de 2023″.
Esta proposición no de ley se presentó un día después de que todos los gobiernos de comunidades y ciudades autónomas del Partido Popular, 14 ejecutivos en total, firmaran una carta dirigida al presidente del Gobierno exigiendo la convocatoria inmediata y urgente de la Conferencia de Presidentes. Esta nueva petición se produjo después cuatro meses y medio después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se comprometiese a dicha convocatoria.
En la misiva, todos los dirigentes territoriales del PP recordaron la obligatoriedad de convocar la Conferencia en caso de que la soliciten diez presidentes autonómicos o más, según el artículo 4 de su Reglamento, y acusaron a Pedro Sánchez de «bloqueo» por no convocarla en tiempo y forma.