Un año después de que los pactos con Vox impidieran a Alberto Núñez Feijóo alcanzar La Moncloa, al líder del PP le ha caído del cielo la posibilidad de librarse de la extrema derecha. No porque lo haya buscado, porque la decisión la ha tomado Santiago Abascal motu proprio ante un movimiento del PP que, en realidad, era de alcance limitado. La ultraderecha sale de los cinco Gobiernos autonómicos de coalición con el PP porque los populares aceptaron en bloque, como estaba previsto, la acogida voluntaria de un mínimo de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias (de 209, cuando las islas necesitan reubicar a 3.000). Nadie, ni mucho menos el PP, esperaba ahora un seísmo de esta magnitud en la derecha, porque los cinco Ejecutivos de coalición PP-Vox venían gobernando sin grandes tensiones internas y aprobando una agenda legislativa pactada, como la derogación de las leyes de memoria democrática para sustituirlas por otras de “concordia” que la oposición ha denunciado como revisionistas. Los populares no se han desviado de la hoja de ruta acordada con Vox, hasta el punto de que este mismo jueves, mientras el líder de Vox insistía en dar por rotos sus pactos de Gobierno con el PP, ambos partidos exhibían sintonía política en la Comunidad Valenciana aprobando juntos una de esas nuevas leyes que no condena el franquismo. Pese a todo, y contra todo pronóstico, Abascal rompió la baraja.
A primera hora de la noche de este jueves, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox decidió retirar el apoyo parlamentario al PP y la dimisión de sus vicepresidentes, pero los barones populares tienen intención de continuar gobernando en solitario y descartan ir a elecciones de inmediato, según fuentes de estas baronías y de Génova. La dirección nacional apunta, en todo caso, que cada territorio tiene circunstancias diferentes. Todos tienen un punto en común que da tranquilidad en el corto plazo porque en las cinco comunidades autónomas están aprobados los presupuestos autonómicos de 2024, pero a partir de ahí en cada parlamento la realidad es distinta. María Guardiola, la presidenta de Extremadura, no fue primera fuerza en las elecciones autonómicas de hace un año, mientras que a Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, le queda año y medio de legislatura. Su situación es mucho más holgada que la de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, que sin Vox no suma más escaños que la izquierda. “Cada presidente analizará su contexto”, sostienen en Génova.
“Intentaremos proteger la estabilidad de los Gobiernos, pero no sabemos qué va a hacer Vox”, apuntan fuentes de la cúpula popular. Todo dependerá de cómo se comporte ahora la extrema derecha desde fuera, de si decide bloquearlo todo o está dispuesta a seguir prestando algún tipo de apoyo parlamentario a los Gobiernos del PP, pero es evidente que se quedan sin las mayorías que hasta ahora han garantizado la estabilidad. En el PP contemplan, no obstante, la posibilidad de deserciones, y que algunos miembros de Vox desafíen la decisión de la cúpula y se mantengan en sus Gobiernos.
Los populares empezaron a esperar lo peor la noche del miércoles, poco después de la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia en la que se acordó la acogida voluntaria de los menores migrantes, cuando Vox hizo público un comunicado en el que daba por rotos sus acuerdos de Gobierno con el PP y emplazaba a la reunión de su cúpula el jueves para decidir los próximos pasos. “Se van, en un 75%”, analizaba entonces en privado uno de los barones populares que gobernaba con Vox. Pero la incertidumbre dominó al PP durante todo el jueves, porque aunque el escenario principal era el de que los ultras abandonaban, la cúpula de Vox guardó bajo siete llaves su decisión y los vicepresidentes autonómicos de la extrema derecha no se la comunicaron a sus presidentes populares. “No me han dicho nada, pero todo sonaba a despedida”, contaba uno de los presidentes del PP sobre sus socios. “Creo que no hay marcha atrás”, admitía, resignado.
Los indicios de que la ruptura iba en serio se fueron acumulando a lo largo del día. En Aragón, los dos miembros de Vox —el vicepresidente, Alejandro Nolasco, y el consejero de Agricultura, Ángel Samper— cancelaron sus actos de agenda de Gobierno. En la Región de Murcia, el vicepresidente, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, ambos de Vox, ni siquiera participaron en la reunión semanal del Consejo de Gobierno. El comportamiento de los ultras fue desigual, porque en la Comunidad Valenciana decidieron aprobar junto al PP la ley de “concordia”, pero en los pasillos del Congreso Abascal dio por hecha la salida. “El señor Feijóo es el que ha decidido romper los gobiernos regionales al impedir a los líderes regionales [de su partido] votar en contra del reparto de menas [menores migrantes no acompañados]”, dijo en alusión a los 347 menores extranjeros no acompañados que serán distribuidos desde Canarias y Ceuta a las distintas comunidades autónomas (209 de ellos a los territorios del PP).
Cuando Génova y los presidentes del PP decidieron aceptar ese mínimo reparto voluntario de menores ―la decisión se pactó este lunes, en una reunión de la dirección nacional con todos los consejeros de Infancia autonómicos― no calcularon que el movimiento provocaría que Vox rompiera sus Gobiernos. Al contrario, pensaron que al aceptar solo el reparto voluntario y no el obligatorio por ley, los ultras lo aceptarían. La cúpula del PP quiso enfatizar este jueves que Abascal ha tomado una decisión de tanto calado pese a que las cifras de menores que los cinco Gobiernos han aceptado acoger son pírricas: en Castilla y León son apenas 21; en la Comunidad Valenciana, 23; en Murcia, 16; en Aragón, 20; y en Extremadura, 30. “Es muy raro cuándo han decidido irse, y es muy raro el porqué”, admiten fuentes del equipo directo de Feijóo, que apuntan a otras claves externas como las causantes de la ruptura. “Lanzaron un órdago de farol mal calculado y se lo vimos”, sostienen en Génova.
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El PP cree que Abascal se metió en un callejón sin salida por la frustración acumulada en su cuartel general en el último ciclo electoral. “Llevan unos cuantos reveses en las urnas: en Galicia, no entraron y nosotros sacamos mayoría absoluta; en Cataluña, les superamos ampliamente (con 15 escaños del PP y 11 de Vox), y en las europeas, además del mordisco de Alvise, que se llevó el 28% de sus votantes, perdieron tres puntos con respecto a las generales”, analizan en la cúpula del PP. “Además, han visto que en las elecciones francesas Le Pen no consiguió gobernar, y están preocupados por Alvise y porque no rentabilizan su presencia en los Gobiernos”, teorizan en la dirección nacional del PP.
Feijóo no esperaba este giro de guion en la derecha, pero hace de la necesidad virtud y ve una oportunidad de recuperar la centralidad perdida por sus acuerdos con los ultras de hace ahora un año, en plena campaña de las elecciones generales del 23-J. Cuando los periodistas le preguntaron en los pasillos del Congreso si le preocupaba la ruptura de los Gobiernos, contestó reivindicándose como un político con principios: “Lo que me preocupa es ser coherente con lo que uno piensa”.
El PSOE reaccionó reprochándole que, en realidad, el PP no ha tomado una decisión de Estado con los menores migrantes, porque se ha negado al reparto obligatorio por ley. “No nos interesa si se va Vox o se queda, nos interesan los niños y su futuro. Apoyar la reforma de la ley de extranjería debería ser para el PP una cuestión de humanidad”, reclamaron los socialistas al PP en un comunicado. Ferraz evitó entrar en escenarios sobre su contribución a la estabilidad de los gobiernos del PP, en línea con el planteamiento del secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, entre otras cosas, según fuentes socialistas, porque hay territorios donde el PSOE fue la fuerza más votada.
La alianza con la ultraderecha ha sido el principal flanco por el que el PSOE ha atacado a Feijóo desde que aterrizó en la política nacional y ahora el líder del PP está dispuesto a aprovechar el portazo de su principal rival en la derecha. No quiso echarlos de sus Gobiernos conjuntos —el lunes, el portavoz del partido, Borja Sémper, descartó romper los acuerdos en pro de la “estabilidad”― para no tener que responder por esa decisión ante el electorado conservador, pero los populares creen que Abascal se lo ha puesto fácil y ha decidido pagar él la factura.
