No hay sesión parlamentaria de control al Gobierno en la que el PP deje de denunciar que los socialistas han “prostituido mujeres con dinero público”. Los populares excavan en la mina de las revelaciones sobre los enchufes en empresas públicas de mujeres relacionadas con el exministro de Transportes y exnúmero dos del PSOE José Luis Ábalos. El PP ha inscrito a cuatro de ellas en la lista de posibles comparecientes en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, cuyos trabajos han cumplido un año sin visos de que vayan a concluir. La primera acudirá a testificar este lunes.
La comisión del caso Koldo vivió un chusco episodio el pasado jueves. Patricia Úriz, expareja el exasesor de Ábalos que ha dado nombre a las indagaciones sobre esa trama de corrupción en la que ella misma está imputada, apareció embozada con un pañuelo y unas grandes gafas de sol, y se negó a declarar. Algo muy similar se teme que pueda suceder este lunes, aderezado con mayor ruido y expectación mediática.
La llamada a testificar es Jésica R., la mujer que mantuvo una relación sentimental con el entonces ministro Ábalos y que, según ha reconocido ella misma, estuvo en nómina de las empresas públicas Ineco y Tragsatec sin ir a trabajar. Le llamaban la “sobrina de Ábalos”, según declaró el presidente de Tragsa, Jesús Casas, el pasado día 2 ante la comisión. Algunos medios de comunicación la han venido tachando de prostituta profesional. “Puta, putita, sugar baby… como quieran llamarlo”, escribía el pasado domingo una columnista de uno de los grandes diarios de la capital.
Jésica R. acudió al Supremo el pasado 27 de febrero a declarar en condición de testigo, también embutida en gafas y ropa oscuras para ocultar su rostro. Ante el juez, mientras admitía que había cobrado sin trabajar, se quebró en varias ocasiones hasta el punto de que el magistrado, en una decisión muy poco habitual, le permitió salir por una puerta trasera para no toparse de nuevo con la prensa.
La comisión parlamentaria, sin embargo, le ha denegado la solicitud de comparecer a puerta cerrada, previa consulta a los servicios jurídicos, apuntan fuentes del Senado, que señalan que la mujer no justificó debidamente su petición. La creencia general es que rehusará declarar. A lo único que la obliga la ley es a comparecer y explicar los motivos de su silencio. Pero su exposición pública será mucho mayor que en el Supremo. “El PP solo quiere montar el circo”, critica el portavoz socialista en la comisión, Alfonso Gil. “Sin entrar en culpables o inocentes, en el proceso judicial los comparecientes tienen unos derechos. Aquí, como ya sucedió con otros anteriores, no se están respetando”.
“No nos interesa la vida privada de Ábalos”, replica el portavoz popular, Alejo Miranda, “esto no va de prostitución”. El PP justifica la llamada a la mujer porque se trata de “una pieza clave”: “Ha recibido contraprestaciones de una trama de corrupción, un empleo público y el alquiler de un piso de 2.700 euros mensuales. A los contribuyentes que pagan sus impuestos les interesa saber que se ha usado el dinero público para pagar un servicio que no tiene nada que ver con el servicio público”.
A la espera de si los populares siguen adelante con el plan de llamar a otras tres mujeres presuntamente colocadas por Ábalos en empresas públicas, el asunto volverá al Senado tras la Semana Santa con la comparecencia del actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Será la segunda vez que Puente pase por la comisión. Su compañero Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y expresidente de Canarias, ya lleva tres. Desde que se constituyó el 1 de abril de 2024, la comisión suma 50 sesiones celebradas y 60 comparecientes. Su vigencia se ha prorrogado otros seis meses y a la vuelta de vacaciones se ampliará su plan de trabajo por quinta vez. Los socialistas están convencidos de que el PP la mantendrá hasta que termine la legislatura.
“Esta es una trama que crece y se reproduce”, argumenta Miranda. “Las investigaciones judiciales y los informes de la UCO ofrecen novedades constantemente. Y revelan contradicciones sobre cosas que se habían dicho anteriormente. No queremos suplantar a los tribunales, solo buscamos responsabilidades políticas”. La diputada de UPN María Caballero, una de las más activas de la comisión, coincide: “Verdaderamente hay más implicados y ramificaciones de lo que se pensaba al principio. Los mismos socialistas están sorprendidos, para ellos está siendo duro”.
Muy por el contrario, la izquierda asegura que lo que advierte es “frustración” en el PP, según el socialista Gil. La comisión no ha ofrecido hasta ahora grandes revelaciones y su cobertura mediática se ha ido tornando más discreta. Joan Queralt, representante de ERC y catedrático de Derecho Penal, cree que los populares no han conseguido ir más allá de lo que gira en torno a Ábalos y que siguen buscando algo que les permita sentar en la comisión al presidente Pedro Sánchez y ponerlo en apuros. Su ventaja, subraya, es que disponen de un acceso privilegiado al sumario judicial ya que está personado en la causa y encabeza todas las acusaciones particulares.
Gil incide en que la comisión y ciertos medios informativos se retroalimentan. “Cualquier cosa de cualquier pseudomedio, esté o no contrastada, les vale para seguir estirando”. El socialista deplora que se enviase con sello del Senado al Tribunal Supremo un escrito de un abogado que denunciaba el bulo de que varios ministros tenían cuentas en paraísos fiscales. “Cada informe de la UCO se toma como una sentencia judicial”, tercia Queralt. Lo mismo ocurre, dice, con las acusaciones del empresario Víctor de Aldama. Siempre socarrón, el senador catalán lo resume parafraseando un dicho latín: “Aldama dixit, causa finita”.
