Nuevo plantón institucional del Partido Popular (PP) al Gobierno central, esta vez en la reunión de la sectorial de Justicia que se celebra este viernes en Barcelona. Los consejeros de Justicia de las siete comunidades del PP donde esa competencias está transferida han declinado reunirse con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un encuentro donde se abordaba la nueva ley de eficiencia judicial, que entró ayer en vigor. El PP ha argumentado que la reunión era una mera “foto” y no se abordaban cuestiones esenciales como la financiación.
Estaba previsto que a la conferencia, que se celebra en el Recinto Modernista de Sant Pau y que preside Bolaños, asistieran los titulares de esa cartera en el País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Comunitat Valenciana, Aragón, Canarias, Navarra y Madrid. Sin embargo, los representantes populares han optado por no participar en protesta, algo que el ministro ha calificado de “gamberrismo institucional”.
“Es obvio que cada día se parece más a Vox, ha abandonado la política institucional”, ha criticado Bolaños sobre el PP. Para el ministro, los consejeros de ese ramo del Partido Popular prefieren “el enfrentamiento y el boicot” de foros multilaterales como la Conferencia Sectorial a “trabajar por la justicia”. Se trata de un episodio más del choque político entre el Gobierno y las instituciones en manos del PP. La semana pasada, el ministerio de Defensa y la presidencia de la Comunidad de Madrid chocaron por la cancelación del desfile del Dos de Mayo.
Para la Comunidad de Madrid, la Conferencia de Justicia es un “paripé” y ha emplazado Bolaños a repetir la cita, abordando en profundidad la ley de eficiencia de la justicia. “Ninguno de los puntos que nos parecían fundamentales han sido recogidos y no han sido incorporados al orden del día”, ha censurado el titular de Justicia madrileño, Miguel Ángel García Martín.
Menores migrantes
Horas antes del encuentro, Bolaños confirmó que el Gobierno ha retirado el recurso que había presentado contra las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo, que obligaban al Estado a hacerse cargo en 10 días de más de 1.000 menores migrantes que están bajo tutela de los servicios de protección de Canarias.
La nueva ley recoge modificaciones en cuestiones como los desahucios por ocupación, las golden visa o la regulación sobre los pisos turísticos, además de una amplia reforma de la planta judicial, sustituyendo los juzgados unipersonales por los tribunales de instancia, y que obligará a acudir a la mediación en el ámbito civil y mercantil antes de recurrir a la vía judicial.
El Supremo dictó el 26 de marzo una medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a garantizar en diez días la acogida de unos mil menores migrantes no acompañados que están actualmente a cargo de los servicios de protección de Canarias, aunque la Abogacía del Estado recurrió esta decisión. El Ejecutivo, sin embargo, ha decidido retirar ese recurso después de la reunión que mantuvieron ayer el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para abordar esta cuestión. En declaraciones a la prensa, Bolaños ha dicho que el Gobierno ha dado este paso “como muestra de lealtad y buena fe en la negociación” y con el objetivo de “trabajar en el acuerdo y no tanto en el procedimiento judicial”.
