Altos cargos de la dirección del PP y toda la cúpula de Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, compartirán este domingo fotografía en la manifestación convocada por la Plataforma por la España Constitucional en Madrid. Asociaciones que se autodenominan “constitucionalistas”, muchas de ideología ultra, alzarán la voz contra el Gobierno de Pedro Sánchez en una concentración en la que Génova no solo se siente se cómoda, sino que además apoya de manera manifiesta. Y azuza desde su cuartel general. “Hay un régimen que se desmorona”, arengaban este viernes fuentes del gabinete del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una semana en la que los populares han insistido en unas supuestas “bolsas de dinero” llegadas hasta la sede socialista de Ferraz —desmentidas por los socialistas— gracias a la querella por financiación ilegal contra el PSOE presentada en la Audiencia Nacional y desinflada en privado por miembros de la ejecutiva del PP.
Sin embargo, el efecto bumerán que pueda tener la querella ―los socialistas han anunciado que si los populares fracasan, irán ellos a los tribunales para denunciar al partido de Feijóo― no amainará la contestación. Más bien la arreciará. “El Partido Popular está comprometido en ganar a este Gobierno, en que haya un cambio en España. No voy a ocultar que tenemos muchas ganas de ganar a Sánchez y que haya un cambio en España”, expresó el portavoz popular, Borja Sémper, en Valencia, reafirmando al portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, que el jueves aseguró que el “objetivo” de su partido “es echar a Sánchez con todos los medios” a su “alcance”, informa Ferran Bono.
La estrategia de comunicación política apoyada en herramientas jurídicas del PP recuerda a los pasos dados sin remilgos por Vox hasta la fecha. “El Partido Popular se ha sumado a nuestras acciones”, ironizó en esa línea este mismo martes Abascal. Vox y su entorno han dejado tras de sí un reguero de denuncias contra el Gobierno que a veces han prosperado —como la registrada contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez—, pero que en otras ocasiones han quedado en nada. Y aun así, estos han podido calar entre los ciudadanos al haber encontrado el altavoz de los algunos medios de comunicación.
Esa estrategia seguida también por los populares ha quedado plasmada casi a diario en los medios. Cada vez que el partido explicaba el fundamento jurídico de su querella contra el PSOE, aparecía el testimonio de un empresario —un testigo anónimo, según el texto presentado al juzgado por el PP— que narró en The Objective la supuesta escena sobre bolsas de dinero llegadas a Ferraz. “Tenemos la obligación de amplificarlo”, reconocen altas fuentes del entorno de Feijóo sobre el sentido de la denuncia registrada ante la Audiencia Nacional, y que este jueves recibió el rechazo de la Fiscalía Anticorrupción al basarse solo en informaciones periodísticas al margen de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO).
En el empeño de defender su querella, y ante las sospechas de que el juez Santiago Pedraz siga la doctrina del Tribunal Supremo y las recomendaciones del ministerio público y dé portazo a su denuncia, el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, justificó el jueves usar “cualquier medio” “al alcance” de su partido para desalojar a Sánchez de La Moncloa. Con la moción de censura descartada ante la falta de apoyos, el PP afianza el endurecimiento de su estrategia judicial para afrontar una legislatura que su vicesecretario, Elías Bendodo, asumió a puerta cerrada que sería larga.
“Tenemos que hacerle frente a un Gobierno donde hay graves sombras de duda, de corrupción”, se reiteró Tellado este viernes en un foro en Huelva. “Y nosotros debemos exigir responsabilidades políticas en las Cortes generales del Estado, en el Congreso y en el Senado. Y exigiremos responsabilidades penales, judiciales, de todo tipo, en los juzgados… Donde sea necesario”, abundó.
Mientras Tellado hablaba en Huelva, el PP sucumbía en Madrid al camino que ha emprendido Vox, que este martes amenazó con acudir al Tribunal Constitucional después de que el Congreso se negase a convocar un nuevo pleno para levantar el supuesto “veto” infringido por el Senado a la ley que supondrá la reducción de penas de presos de ETA. El PP amenazó este viernes, tres días después de mover ficha la formación de Abascal, con acudir al tribunal de garantías si la Mesa de la Cámara baja no recapacita, lo cual es ya prácticamente imposible. El PP ha evitado que Vox les acuse de achantarse al anunciar su portavoz en el Senado, Alicia García, que plantearán ante el tribunal de garantías un conflicto de atribuciones por la reforma legal.
Entretanto, el Tribunal Superior de Madrid rechazó la querella de Sánchez contra el juez Peinado por prevaricación en la causa abierta contra su esposa. La decisión ha sido recibida como agua de mayo en Génova, pues les sirve de excusa si su denuncia contra los socialistas no sale adelante, como muchos en el partido vaticinan. “España tiene un conjunto de problemas en su agenda, pero la agenda que más preocupa al Gobierno es su agenda judicial”, aseveró Feijóo en Berlín después de reunirse con el presidente de la CDU, Friedrich Merz. “El perjuicio a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado alcanza ya cotas históricas. Este auto es inasumible para un presidente y prueba que está en un punto de no retorno. Costará mucho reparar el daño del Gobierno a las instituciones, pero lo haremos”, remachó luego el jefe de la oposición a través de la red social X.
