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Canarias pagó cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que nunca llegaron. El Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres encargó la operación a una empresa de compraventa de vehículos. Las fricciones que generó la gestión sanitaria llevaron al actual ministro de Política Territorial a destituir a su consejera de Salud, Teresa Cruz. La exdirigente socialista chocó con Conrado Domínguez, el hombre al que Torres encomendó la tarea de coordinar el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria. El testimonio de Cruz podría resultar clave, pero el PSOE y sus socios impidieron que diera explicaciones en el Congreso.
El PP registró en la Cámara Baja un listado de 67 comparecientes para la comisión de investigación por la compra de mascarillas durante la pandemia. En la relación aparecía Cruz, la consejera purgada por Torres cuando apenas llevaba ocho meses en el cargo. Sin embargo, el PSOE y sus aliados habituales decidieron excluirla de la lista definitiva de 134 comparecientes aprobada a mediados de abril, aunque una semana más tarde tuvieron que eliminar los nombres de los tres fiscales que aparecían.
Cruz acudirá a la comisión del caso Koldo en el Senado, donde los populares cuentan con mayoría absoluta y no tienen que negociar las comparencias. Por el momento, su esperada intervención no tiene fecha, ya que deben citarla. Una posibilidad que ha instalado el nerviosismo en el PSOE, muy pendiente de lo que pueda contar. De hecho, habría recibido una llamada del partido para conocer hasta dónde está dispuesta a llegar.
Nervios en el PSOE
La compra de mascarillas está en el ojo de huracán. Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) registraron este jueves la sede de la Consejería de Sanidad de Canarias para recabar correos electrónicos, documentos y archivos relacionados con el caso. La operación se produce a petición de la Fiscalía Europea, ya que el material sanitario se pagó con fondos comunitarios.
Entre los investigados se encuentra el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez, que el pasado lunes fue citado ante la Fiscalía Europea, aunque se acogió a su derecho a no declarar. El dirigente fue cesado en noviembre de 2022. La Fiscalía Europea también asumió el pasado 4 de marzo la investigación de los contratos suscritos por los servicios de salud de Baleares y Canarias para el suministro de mascarillas, conocido como caso Koldo por el nombre del asesor del exministro José Luis Ábalos, apartado por el PSOE.
La Fiscalía apreció irregularidades en la compra de mascarillas del Gobierno de Canarias, que pagó por adelantado cuatro millones a una empresa sin experiencia en el sector y que nunca llegó a entregar el material. Los investigadores apuntan a que días antes de contratar, el SCS rechazó ofertas de otras compañías que ofrecían mascarillas de forma inmediata porque «ya había en cantidades aceptables para varios meses», según consta en el sumario del caso.
La gestión de las compras de material sanitario generó un choque que se saldó con la salida de Cruz del Gobierno canario. El motivo fue el enorme poder que concentró Domínguez, que también aparece en la investigación de la rama sanitaria del caso Tito Berni, según los informes policiales a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Fue uno de los políticos con los que mantuvo contactos y reuniones la trama de corrupción presuntamente liderada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que intentó venderle drones para el SCS.
Comité de emergencias
Domínguez también figura entre los imputados por el conocido como caso Mascarillas en Canarias. Su irrupción en escena en ambos casos se produjo tras el estallido de la pandemia. A pesar de no ser militante del PSOE llegó llegó a formar parte del «núcleo duro» de Torres. El presidente canario le designó en marzo de 2020 coordinador del comité de emergencias a pesar de que, en aquella época, Domínguez ocupaba un cargo que poco tenía que ver con la salud: era el secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas.
Desde su nombramiento, Domínguez se erigió en una pieza fundamental en la adjudicación de contratos por el procedimiento de emergencia. La decisión de ponerle al frente del comité de emergencia provocó una grieta en el PSOE canario y el primer cese en el Ejecutivo encabezado por Torres. A la entonces consejera de Sanidad, Teresa Cruz, no le cayó bien la designación. Las primeras fricciones entre ellos habrían aparecido precisamente con el contrato sanitario bajo sospecha, que no lleva la firma de la exconsejera.
En una entrevista con el diario local La Provincia se mostró disconforme con el papel de Domínguez. Aseguró que ella daría «las órdenes» y que la labor de Domínguez sería «asesorar». Unos días más tarde, el 25 de marzo de 2020, Torres cesó a Cruz como consejera de Sanidad pese a que el archipiélago presentaba los indicadores epidemiológicos más favorables del país.
La mujer que había ocupado la portavocía del PSOE en el Parlamento canario en la oposición salía del Gobierno autonómico en el momento en que se empezaban a adjudicar a dedo los contratos millonarios. Torres mantuvo al frente del comité de emergencias a Domínguez. Junto a él se sentaron varios académicos que provenían de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, institución en la que fue gerente antes de dar el salto a la política.
«Núcleo duro» de Torres
Domínguez ya había desempeñado el cargo de director del CCS entre 2017 y julio de 2019 con el exconsejero de Sanidad José Manuel Baltar. A través del comité de emergencias, este hombre al que muchos consideraban vinculado a Coalición Canaria, volvía a ocupar un puesto en la cúpula de la sanidad canaria.
Cuando el PSOE ganó las autonómicas, Torres nombró a Cruz, que no quiso mantener a Domínguez al frente del CSC, según fuentes conocedoras del caso. Este consiguió hacerse un hueco en la Consejería de Obras Públicas. Cuando el presidente autonómico le designó como coordinador del comité de emergencias, Cruz se revolvió y acabó cesada. Domínguez volvería a ocupar dirección del SCS desde septiembre de 2020 a octubre de 2022, cuando se vio forzado a dimitir como consecuencia de su imputación en el caso Mascarillas.
Cruz rompió su silencio 14 meses después de su fulminantes destitución como consejera de Sanidad, aunque sus apariciones públicas han sido escasas. «Que se defienda la sanidad pública y ser honesta parece que no son valores para estar al frente de la consejería», aseguró en su primera entrevista tras su salida del Gobierno autonómico del PSOE, concedida en mayo de 2021 al programa Trópico Distópico de Televisión Canaria, que abordaba las debilidades del sistema público de salud en las islas.
