El PSOE de Madrid ha iniciado el expediente para la suspensión cautelar de la militancia de cinco concejales socialistas en Móstoles ―entre los que se encuentran la exalcaldesa, Noelia Posse―, tras abrírseles juicio oral por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se investigan en el caso ITV, centrado en esclarecer si la decisión de condonar una deuda a una empresa dedicada a las revisiones de vehículos supuso un perjuicio a las arcas municipales. Así se lo avanzan a EL PAÍS dos fuentes de la confianza de Juan Lobato, el secretario general de los socialistas madrileños, que prometió firmeza frente a unos hechos que ocurrieron la pasada legislatura (2019-2023). En ese periodo, el PSOE gobernó el segundo municipio más poblado de la región (más de 200.000 habitantes) en coalición con Podemos. En total, el caso afecta a 11 personas.
“Se ha mandado el expediente a la comisión de garantías federal”, afirma una fuente conocedora de la decisión de elevar el caso al organismo con capacidad de decisión, tras conocer este lunes un auto fechado el 31 de julio que abría juicio oral en el caso.
El punto dos del artículo 90 de los estatutos del PSOE establece lo siguiente: “Procederá la suspensión cautelar de afiliación de aquellas personas incursas en un proceso penal respecto de las cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la violencia de género o la libertad e indemnidad sexuales (acoso, abuso o violación), contra la integridad moral o aquellos ligados con la corrupción”.
Según el relato de hechos que recoge el sumario judicial, la empresa de inspecciones técnicas de vehículos que está en el corazón del caso fue adjudicataria el 6 de junio de 2011 de una parcela en el Parque Móstoles Tecnológico. Tenía que pagar un canon anual de 133.000 euros y se le otorgaba la cesión del terreno por un periodo de 30 años. Esa cuantía debía incrementarse cada año según el índice de precios al consumo (IPC), de forma que en 2020 llegaba ya a los 147.653,59 euros anuales, según la querella.
Durante los dos primeros años, la ITV pagó sin problemas el canon, pero en 2013 solo ingresó, siempre según el escrito judicial, 713 euros. A fecha del 22 de julio de 2020, adeudaba al Ayuntamiento 1.129.570,78 euros. En noviembre de 2017, el servicio de Recaudación inició un procedimiento de cobro al llegar el pasivo a casi 550.000 euros.
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La empresa pidió entonces la condonación de las cargas y costas, la reducción de 400.000 euros y el fraccionamiento en 12 meses. Pero el secretario municipal se negó a la petición en un informe, con el argumento de que se trataba de una empresa privada que había iniciado una actividad “a riesgo y ventura” y que no cabía un reequilibrio económico “al no tratarse de un servicio público”, como la recogida de basuras o la grúa municipal.
En julio de 2020, la concesionaria presentó una solicitud en la que pedía la reducción del canon a 60.000 euros anuales, la condonación del 50% de la deuda acumulada y el pago de la otra mitad a razón de 30.000 euros al año hasta el final de la concesión. Alegó que había solicitado el preconcurso de acreedores con carácter previo a la solicitud.
Los informes del secretario y del interventor municipal echaron por tierra la petición, al no haber presentado las cuentas anuales, ni haberlas depositado en el Registro Mercantil, además de no haber aportado un informe de cuentas. La Junta de Gobierno del 1 de septiembre aceptó el preconcurso, que justo nueve días después fue retirado por la concesionaria. En el mismo momento, pedía la aplicación de las nuevas condiciones con carácter inmediato. Sin embargo, este no se aprobó hasta el 20 de octubre, pero con carácter de urgencia. Al otorgarle ese cariz de inminencia, el Gobierno municipal pudo sortear los informes en contra del secretario y del interventor, según el escrito de denuncia. El interventor llevó el caso el 5 de noviembre de 2020 ante el Tribunal de Cuentas por posible lesión a los intereses del Ayuntamiento de Móstoles, tras lo cual fue destituido.
En mayo de 2022, el juzgado de instrucción número 1 de la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid (207.000 habitantes) consideró que no había pruebas de que se hubiera cometido ningún delito, apuntó que de hecho la operación había beneficiado a la ciudad y sobreseyó la investigación. Sin embargo, en 2023, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó procesar a Posse, y a siete ediles de su equipo de gobierno, formado por PSOE y Podemos. Tras esa decisión ha llegado ahora la de la apertura de juicio oral.
No es esta la única polémica que afectó a Posse durante su mandato. Sus primeras controversias alcaldesa se remontan a 2019, cuando contrató a su hermana por 52.000 euros anuales para llevar las redes sociales del Ayuntamiento. Luego nombró a Jesús Miguel Espelosín, hijo de un exconcejal socialista de Madrid, gerente de la Empresa Municipal del Suelo. Además, ordenó el ascenso de su tío, funcionario municipal, al que se le otorgó un complemento de 1.600 euros al mes. También aprobó un incremento salarial de 800 euros para su expareja, Gonzalo Sánchez Oliva, colocado como supervisor del Grupo de Intervención Especial del Consistorio. Y fichó como coordinadora del Gabinete de Alcaldía a una amiga personal, Alicia Domínguez Villarino. Todos ellos dimitieron o fueron destituidos tras brotar el escándalo en los medios de comunicación.
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