El PSOE ha decidido no cooperar con el plan de construcción de residencias de mayores “más ambicioso de la historia de la Comunidad de Madrid” por el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere que los Ayuntamientos cedan suelo a empresas privadas para que edifiquen y gestionen 40 centros. Los socialistas adoptaron una resolución contra ese programa autonómico en el congreso que aupó el fin de semana al nuevo líder de los socialistas en Madrid, Óscar López. El documento pide a los 179 municipios de la región que se opongan a esos traspasos de terrenos porque consideran que la gestión de estos servicios debería ser pública. Esto supone un giro drástico para algunas agrupaciones socialistas, como la de Rivas o Leganés, que habían pedido postularse para el programa de Ayuso, visto por muchos como una respuesta necesaria al envejecimiento demográfico.
El plan de las 40 residencias fue uno de los anuncios estrella de Ayuso durante el Debate del Estado de la Región, en septiembre. La presidenta prometió que la Comunidad construiría 40 residencias y 40 centros de día antes de 2030, por un modelo de cooperación público-privado. “Es el reto residencial más ambicioso de la historia de esta Comunidad”, dijo Ayuso. Su proyecto despertó el interés de muchos municipios donde en algunos casos los vecinos llevan décadas esperando estos centros. El PSOE en Rivas y Leganés incluso promovió mociones para ser candidatas al programa y fueron aprobadas en pleno.
Sin embargo, el PSOE ha definido en el congreso su postura contraria. Fuentes del partido indican que aunque los líderes locales tengan autonomía, se sobreentiende que deben obedecer. El PSOE controla, entre otras, las alcaldías de Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón, Parla, Coslada o San Fernando de Henares, y es decisivo en Rivas, donde apoya a una alcaldesa de Izquierda Unida.
La resolución recuerda que el último programa electoral ya apostaba por construir residencias de gestión pública: “Sin duda estamos ante una gran operación de privatización de servicios públicos, en este caso residencias de mayores”.
Ayuso ha recurrido a una fórmula habitual de los gobiernos madrileños para construir servicios públicos. Cede suelo a una empresa privada a cambio de que la adjudicataria construya y explote esas infraestructuras durante décadas, para que así recupere la inversión. La Comunidad se reserva unas plazas y la empresa puede explotar el resto al precio que crea conveniente.
Fondos, constructoras y empresas del sector de residencias están en conversaciones con el Gobierno regional, que está escuchando sus propuestas antes de redactar los pliegos. En octubre, el número dos de la consejería de Asuntos Sociales, Pablo Gómez-Távira, les dijo durante un evento empresarial que la Comunidad sigue el modelo del Plan Vive, un polémico plan para facilitar “vivienda asequible”, que ha sido muy críticado por los precios y por la calidad. Al igual que en el Plan Vive, la Comunidad apuesta para estas residencias por el tipo de construcción prefabricada.
La Comunidad no ha precisado muchos detalles. Una pregunta clave es por cuántos años serían cedidas las residencias. Se supone que esta duda quedará resuelta solo cuando la Comunidad suba las licitaciones a su portal de la contratación.
Lo que sí ha trascendido es que alrededor de 30 se ubicarán en la capital y 10 en otros municipios. Ya se sabe que una será levantada en el barrio de Las Rosas, en el este de la capital. Las residencias sumarían 4.215 camas a las algo más de 56.000 ya operativas en Madrid. La Comunidad se reserva 2.400 plazas y las empresas podrán ofertar 1.755 en el mercado libre.
El PSOE también rechaza este plan porque considera que los estándares son menores a los promovidos por el Gobierno central después de los debates sobre cómo mejorar el sector tras la pandemia. Las asociaciones de familiares Verdad y Justicia o Pladigmare han dado razones similares para oponerse al proyecto.
“¿Quién no quiere una residencia en su municipio? Todo el mundo. Pero no en estas condiciones”, dice el Secretario de Mayores y Calidad de Vida del PSOE de Madrid, José Ángel Chamorro. “El Gobierno regional una vez mas pone en mano de la iniciativa privada servicios básicos para la ciudadanía como son las residencias tratando así a residentes y ciudadanos como mercancía para favorecer a sus amigos”.
Confusión
El anuncio de Ayuso fue recibido con alegría no solo por el sector constructor. Muchos municipios de la región llevan años soportando largas esperas para que la Comunidad construya residencias en suelos cedidos. En ese contexto, el PSOE de Rivas (al sureste de la capital, 101.949 habitantes) promovió una moción para pedir “una de las 40 residencias públicas” que fue aprobada en noviembre por el pleno, donde tienen el control IU, Más Madrid y Verdes Equo. La moción recordaba que el Ayuntamiento cedió una parcela en 2006 y en 2018 se insistió desde el pleno en esa solicitud.
Ahora, el PSOE de Rivas ha cambiado su postura para pedir que la Comunidad use esa parcela solo si es para construir una residencia pública 100%. La concejala de Mayores del Ayuntamiento de Rivas, Marisa Pérez (PSOE) le dice a EL PAÍS que la ciudad cedió ese terreno con la idea de construir un centro gestionado por la Comunidad: “Queremos una residencia pública y en la que se garantice la atención sociosanitaria de nuestras personas mayores y en la que no tengan que perder su arraigo, apartados del sitio donde han desarrollado la mayor parte de sus vidas”.
En Leganés (sur, 194.084 vecinos), el PSOE presentó una iniciativa a mediados de enero. La moción pedía que el Ayuntamiento se postule para conseguir “una de las 40 residencias públicas”. En el pleno, pareció que nadie sabía qué se debatía. El alcalde popular, Miguel Ángel Recuenco, celebró que la izquierda se uniera “al lado del bien”. Luego, la representante de Podemos le preguntó al regidor si estaba a favor de lo público, y la representante del PSOE recalcó la expresión “residencia pública”. A pesar de la confusión, todos votaron a favor.
La desorientación sobre si estos 40 nuevos centros son públicos puede deberse a la variedad de modelos entre las 515 residencias madrileñas. Entre ellas hay 25 públicas de gestión directa y 18 públicas de gestión privada. Los centros que promueve el Gobierno de Ayuso no se parecen a este segundo modelo, sino más bien a otras 32 residencias que fueron inauguradas a principio de siglo en lo que se conoció como el Plan Velocidad. Esas residencias, gestionadas por grupos como Orpea, Amavir o DomusVi, son consideradas privadas. Fueron construidas sobre suelo público cedido durante 50 años y la Comunidad se reservó plazas, de forma parecida a la actual.
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