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En medio de tensos debates y más de 140 modificaciones, el Senado de la República aprobó este lunes en segunda lectura y por unanimidad el proyecto de ley orgánica del nuevo Código Penal, en lo que fue una acalorada asamblea por el tema de las tres causales del aborto y otros puntos.
La iniciativa —que deroga el decreto 2274 de 1884— pasa ahora a la Cámara de Diputados, que tiene hasta el sábado 26 de julio para ser sancionada. De no aprobarse en ese plazo, el presidente Luis Abinader tendría que convocar a una legislatura extraordinaria. En caso contrario, el proyecto no perimirá, pero deberá ser reintroducido a partir del 16 de agosto.
Más de 140 cambios
A diferencia de la primera lectura, celebrada el pasado 10 de julio, la propuesta aprobada este lunes incluyó más de 140 modificaciones, muchas de ellas sugeridas por la Procuraduría General de la República. Entre los ajustes figuran mejoras de redacción, supresión de artículos y la inclusión de multas en disposiciones que antes solo contemplaban prisión.
El aborto volvió a encender el debate
Aunque en la comisión bicameral se había acordado excluir el tema del aborto para facilitar la aprobación, varios senadores volvieron a plantear su inclusión, lo que provocó discusiones acaloradas, algunas con toques personales y políticos.
Antonio Taveras (PRM–Santo Domingo), Moisés Ayala (PRM–Barahona) y Ginette Bournigal (PRM–Puerto Plata) abogaron por incluir las tres causales del aborto. Ayala, ginecólogo de profesión, expuso casos de mujeres fallecidas por falta de flexibilidad legal, mientras que Taveras pidió incluir las tres circunstancias.
Del otro lado, Gustavo Lara (PRM–San Cristóbal) recordó a sus colegas que algunos de sus familiares no habrían nacido si se hubiese optado por el aborto en circunstancias médicas.
Rogelio Genao (PRSC–La Vega) señaló que el proyecto ya contempla excepciones cuando se busca salvar la vida de la madre. Aneudy Ortiz (PRM–San José de Ocoa) insistió en respetar el consenso alcanzado en la comisión bicameral para tratar el tema más adelante.
Las tres causales permitirían despenalizar el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el feto sea inviable con la vida o si el embarazo fue producto de violación o incesto.
Pese a las diferencias, el proyecto fue aprobado de forma unánime con los 28 senadores presentes.
Otro de los debates más significativos fue una propuesta de modificación al artículo 14, sobre la exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En ese punto se intentó excluir a las iglesias de pena, pero a última hora, Rafael Barón Duluc (La Altagracia-PRM) sometió para que se incluyan y la moción logró el voto de la mayoría.
Artículos eliminados y reformulados
Uno de los artículos más debatidos fue el 293, que sancionaba con hasta un año de prisión a los agentes policiales que revisaran vehículos sin causa probable ni consentimiento del ciudadano. Aunque algunos legisladores defendieron su permanencia como protección contra abusos, el Pleno decidió eliminarlo.
También se suprimió un párrafo del artículo 292. Ahora, el texto establece que «el agente policial o militar que impida a un tercero grabar un arresto será sancionado con quince días a un año de prisión menor y multa de una a dos veces el salario que perciba el imputado al momento de la infracción».
El artículo 303 fue modificado para extender la prescripción de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios a 20 años de inhabilitación, contados a partir de que cumplan condena.
Asimismo, el artículo 143 sobre exhibicionismo sexual fue ajustado: la pena general es de hasta un año, pero si la víctima es un menor de edad, el castigo se eleva de dos a cinco años de prisión.
En el artículo 158, se establece que quien obstruya el paso de una ambulancia o la siga indebidamente podrá recibir una pena de hasta dos años de prisión y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público. Si la obstrucción causa una muerte, la pena aumentará de dos a tres años de prisión.
¿Cuándo entrará en vigencia?
El senador Félix Bautista (Fuerza del Pueblo–San Juan) propuso que el nuevo Código Penal entre en vigencia 24 meses después de su promulgación (vacatio legis). Sin embargo, Pedro Catrain (PRM–Samaná) objetó la propuesta, indicando que el país no puede esperar más para aplicar la reforma.
Finalmente, el Pleno votó a favor de que la ley entre en vigor 12 meses después de su promulgación.
