El Tribunal Supremo ha rechazado el último intento de José Luis Ábalos y Koldo García de frenar una parte de la investigación de adjudicaciones de obras públicas durante la etapa del primero al frente del Ministerio de Transportes (2018 a 2021). En un auto notificado este jueves, la Sala de Apelación ha confirmado la decisión del magistrado Leopoldo Puente de encargarle a la Guardia Civil un informe sobre la adjudicación de obras que aparecen subrayadas en fluorescente en unos documentos que presentó en el tribunal el comisionista Víctor de Aldama, el presunto cabecilla de la trama corrupta. La sala avala así la decisión del juez de extender la instrucción de esa parte de la causa más allá de los contratos de mascarillas durante la pandemia de covid-19 que originaron la investigación.
Los documentos que la sala respalda investigar se refieren a obras que, según Aldama, fueron pactadas con Ábalos a cambio de comisiones ilegales y sobre las que el instructor reclamó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identifique a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una ellas y fiscalice el procedimiento de adjudicación. El magistrado adoptó esta decisión después de que el informe pericial realizado en el Supremo con una prueba caligráfica de Koldo García concluyera que era suya la letra de las anotaciones recogidas en los documentos aportados por el empresario. Estas obras son, en principio, independientes de aquellas por las que se investiga al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que también se refieren a contratos vinculados a Transportes, pero con los que Aldama, supuestamente, no tuvo relación.
La sala —formada por los magistrados Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Pablo Llarena— rechaza todos los argumentos planteados por Ábalos y su antiguo asesor para oponerse a esas pesquisas, entre otros, que la investigación fuera “prospectiva” porque nada de lo investigado hasta ahora apunta a que se amañaran contratos de obras a cambio de mordidas. Avanzar en una investigación, señalan los jueces, “no exige poderosos indicios de criminalidad —la investigación se abre para eso, para buscar indicios que avalen o desmientan—”. “Indagar la veracidad de la información sobre comportamientos presuntamente delictivos puestos de manifiesto por un coinvestigado y con visos de verosimilitud, no tiene nada que ver con lo que sería una repudiada causa general”, añaden.
La sala ratifica también el rechazo, por parte del juez, de varias diligencias reclamadas por Ábalos y García, entre otras, la declaración como testigo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ex secretario de Estado de este Ministerio, Rafael Pérez Ruiz. El exministro de Transportes había solicitado estas declaraciones porque un informe de la UCO reseñaba que Interior también adquirió durante la pandemia una importante cantidad de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, que se encuentra investigada en el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, donde se instruye el llamado caso Koldo.
La fase de investigación en la que se encuentra la causa, advierte la sala, persigue únicamente “un inicial acopio indispensable para decidir sobre la prosecución del proceso; no recabar todas las pruebas imaginables o posibles”. “Para introducir matices, cuestionar declaraciones, pedir aclaraciones, modular la credibilidad o fiabilidad, etc… está el juicio oral” añaden los jueces, que asumen el razonamiento que expresó el juez para rechazar estas diligencias. “Con feliz imagen lo expresa el auto: la instrucción no está concebida como una primera vuelta o un ensayo general del juicio oral”.
En cualquier caso, los magistrados consideran que Grande-Marlaska y Rodríguez “no guardan relación con los hechos” que se atribuyen a Ábalos. “No se adivina qué relevante para su defensa pueden aportar esas declaraciones. En casos en que no es evidente, el recurrente ha de asumir la carga de justificar la utilidad para su defensa de las diligencias propuestas”, zanjan.
La defensa de Cerdán tendrá los audios originales
Este jueves, el juez Puente ha accedido a una petición de la defensa de Santos Cerdán, que había solicitado al instructor una copia original de las grabaciones que se describen en el auto que llevó al ex secretario de Organización a la cárcel. Puente emplaza al abogado de Cerdán a recoger esa copia el 23 de julio y también accede a que, como había pedido la defensa, se practique una pericial para comprobar si las conversaciones pudieron ser editadas, cortadas o manipuladas. De eso se encargará el Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil.
En cambio, el instructor ha rechazado otras tres peticiones del letrado de Cerdán. Una, en la que pedía acceder a todos los audios que se intervinieron en el domicilio de Koldo García y no solo a las que se mencionan en el auto de ingreso en prisión. Puente esgrime que se desconoce aún su contenido completo —el juez precisa que la información de los dispositivos intervenidos supera los 10 terabytes— y, por tanto, no se ha incorporado aún a la causa.
El segundo rechazo del magistrado se refiere a la solicitud de que la Guardia Civil informase al Supremo “de todas las colaboraciones realizadas” entre 2018 y 2024 de Koldo García con cualquier unidad del instituto armado. Puente entiende que esas diligencias son inútiles o perjudiciales. Por último, el juez también dice no a la petición para que el Juzgado Central de Instrucción número 32 de la Audiencia Nacional remitiera la totalidad de las diligencias que se siguen allí en la causa que dio origen a la iniciada en el Supremo.
