El magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, ha rechazado imputar a Pilar Sánchez Acera, secretaria de Organización del PSOE de Madrid y antigua asesora del actual ministro Óscar López en su etapa como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. En un auto, Hurtado descarta la participación de Sánchez Acera en la filtración del correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía que su cliente había cometido dos delitos contra la Hacienda pública. El magistrado, no obstante, advierte de “fisuras” en el testimonio de la ex alto cargo de La Moncloa durante su declaración como testigo el pasado 12 de marzo.
Con la decisión adoptada este lunes, Hurtado entierra la posibilidad de extender a La Moncloa la investigación abierta al fiscal general del Estado, al menos mientras no surjan nuevos hechos que al juez le puedan servir de indicios. El instructor abrió esa vía después de que el exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, declarara que Sánchez Acera le envió el 13 de marzo de 2024 un mensaje con el contenido del correo del abogado de González Amador que acabó filtrado a la prensa. A partir de esa declaración, Hurtado dio por hecho que ese mail, en el que el abogado de la pareja de Ayuso proponía al ministerio público un pacto que le librara de entrar en la cárcel, había “salido” desde la Fiscalía General del Estado con “destino” a la Presidencia del Gobierno, para “circular” después hasta algunos medios de comunicación, por lo que optó por citar como testigo a la antigua asesora de Óscar López para explorar la posibilidad de ampliar la investigación hacia el Gobierno.
El instructor, sin embargo, ha cerrado por ahora esa puerta tras descartar la participación de Sánchez Acera en el delito de revelación de secretos. Hurtado esgrime dos razones: la primera, que la actual secretaria de Organización del PSOE no es funcionaria pública, condición indispensable para atribuir el delito de revelación de secretos por el que investiga a Álvaro García Ortiz y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El segundo argumento del juez es que, desde el momento en que Sánchez Acera recibió “una información reservada a la que ha dado publicidad otro”, no se le puede acusar a ella de publicar ningún secreto.
“No reveló nada”
Según el juez, la conducta de la ex alto cargo de La Moncloa “se circunscribe a que, habiendo recibido el correo de 2 de febrero de 2024, presumiblemente filtrado de Fiscalía, con las alteraciones que al mismo pudiera haber contribuido que se le practicasen, lo hace llegar a Juan Lobato, para que este haga uso de él en la Asamblea de la Comunidad de Madrid en la mañana del día 14″. “No reveló nada, por tanto, y, en consecuencia, falta el primero de los requisitos para poderle considerar partícipe de un delito de revelación de secretos, que, como digo, es fundamental para tomar la decisión sobre las diligencias de investigación que solicitan las acusaciones”, advierte el juez.
Pero Hurtado añade que el hecho de que descarte que Sánchez Acera cometiera un delito no significa que dé credibilidad a su testimonio, que, asegura, ofrece para él “importantes fisuras” a la vista de las diligencias practicadas, en particular los datos objetivos que aporta el informe de la Guardia Civil sobre el teléfono móvil de Lobato. En ese documento, los agentes recogieron las comunicaciones entre el entonces líder del PSOE de Madrid y la exasesora habidas entre ambos desde las 7.03 del día 14 de marzo de 2024, horas después de que el contenido del correo del abogado de González Amador apareciera por primera vez publicado en varios medios de comunicación.
Durante su declaración como testigo, Sánchez Acera aseguró no recordar quién le envió el pantallazo con el contenido del correo por cuya filtración se investiga al fiscal general del Estado, pero dijo que le llegó de periodistas que cubren la información regional de Madrid. La actual secretaria de Organización del PSOE madrileño desvinculó a La Moncloa y a la Fiscalía General, y sostuvo que ella solo envió a Lobato un documento que contenía los mismos datos que el email que centra la investigación, pero que no tenía fecha, ni destinatario ni formato de correo. Sánchez Acera aseguró también que cambió de terminal de teléfono tras salir de La Moncloa, en septiembre pasado, y que, en el proceso, se eliminó todo el contenido del anterior dispositivo.
Para el juez, la actuación de la exasesora de López, “tratando de encubrir a quien se lo envió”, es “un elemento más que apunta a que la filtración del correo del 2 de febrero de 2024 sale, presumiblemente, de Fiscalía, y en eso tiene importancia su declaración a los efectos de esta causa”. Y subraya que las respuestas dadas por la propia Sánchez Acera en su comparecencia en el Supremo, “dejan mucho que desear, cuando, al preguntársele al respecto, manifestó que no recibió tal correo electrónico, sino que fue un documento, que le llegó mediante una fotografía de WhatsApp, que no recuerda quien se lo envió, respuesta que, en sí misma, no le resulta creíble a este Magistrado”.
“Se trata de un documento al que da no poca importancia la propia Sánchez Acera, en la medida que, desde que le llega, lo pone en conocimiento de Juan Lobato, para que haga uso de él en la Asamblea de la Comunidad”, advierte el juez, para quien “no es explicable” que, siendo un documento tan significado, ella “no pueda recordar quien se lo proporcionó, y no solo eso, sino que, tratado de buscar el origen de esa información en su dispositivo móvil, no sea posible porque, al igual que alguno más de los intervinientes en la presente causa, cambió de teléfono y borró cuantos mensajes tenía en el que usó en aquel momento”.
El juez reprocha ese comportamiento, que señala, “no es ejemplo de colaboración” de cara al esclarecimiento de los hechos. Pero esta circunstancia, añade Hurtado, no es suficiente para atisbar una participación penal de Sánchez Acera en el delito de revelación de secretos. “Y por más que se pueda considerar reprobable, como así parece, incluso con aparente relevancia penal, de ser objeto de investigación debiera serlo en causa aparte” por falso testimonio. No obstante, Hurtado no da en el auto dictado este lunes el paso de derivar el caso a los Juzgados de Madrid para que se investigue si la exasesora del Gobierno mintió en su declaración como testigo, en la que estaba obligada a decir la verdad. El instructor señala que ese pasó habrá que darlo si Sánchez Acera es citada como testigo en un futuro juicio contra García Ortiz y mantiene la versión que le dio al instructor; este solo se planteará hacerlo, añade, en el supuesto de que la causa no llegue a juicio.
La imposibilidad de imputar a Sánchez Acera lleva al juez a desestimar una serie de diligencias solicitadas por la acusación particular en nombre de González Amador y de la acusación popular de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, tras las declaraciones prestadas tanto por ella como por el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès. Las dos acusaciones pidieron al instructor que ordenara investigar los teléfonos móviles de ambos, y de otros dirigentes y empleados del PSOE como Santos Cerdán o Antolín Llorente, además de la citación a testificar del jefe de Gabinete del exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato.
El auto argumenta que las diligencias pedidas irían encaminadas a averiguar el recorrido posterior que tuvo el correo en el que se centra la investigación desde que llega a manos de Sánchez Acera, lo que, según el magistrado, “ninguna relevancia tiene en orden al objeto de investigación, porque, descartada una eventual participación de ella en la presumible filtración del secreto”, “huelga extender la investigación sobre aspectos que solo aportarían información respecto de ese posterior recorrido”.
Óscar López: “Un paso más hacia la verdad”
Tras conocer el auto del Supremo, el antiguo jefe de Sánchez Acera y actual ministro de Transformación Digital, ha admitido sentirse “satisfecho y contento” y ha descartado la importancia de la decisión del juez porque supone “un paso más hacia la verdad”. “La verdad es que la pareja de la señora Ayuso cometió varios delitos y que el jefe de gabinete de la señora Ayuso filtró a la opinión pública una mentira”, ha señalado en referencia a que fue Miguel Ángel Rodríguez quien contó a los medios de comunicación la posibilidad de que la Fiscalía y el abogado de González Amador alcanzaran un pacto de conformidad, aunque dio una versión tergiversada de los hechos según la cual era el ministerio público el que se lo había propuesto al letrado, cuando realmente fue al revés.
“El auto de hoy nos da la razón y lo que espero es que haya disculpas por parte del PP, por la cacería a la que sometieron a La Moncloa y a Pilar Sánchez Acera”, ha dicho el ministro en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que ha insistido en que “la única filtración la hace el jefe de gabinete de Ayuso y los delitos los comete la pareja de la señora Ayuso. Esa es la verdad y, como es la verdad, saldrá a la luz”, ha insistido.
Por otra parte, el Supremo ha inadmitido a trámite una denuncia presentada por el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias por un delito de prevaricación administrativa contra el fiscal general del Estado, la ex abogada general del Estado y la jefa del Área Penal por haber asumido la Abogacía del Estado la defensa penal de García Ortiz en la causa en la que se le investiga. El tribunal considera que los hechos denunciados no son constitutivos de delito.
