El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado libra a Diego Villafañe de la causa en la que se investiga al fiscal general por revelación de secretos. El magistrado considera que no hay motivos suficientes para mantener su imputación por la filtración de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. De esta manera, archiva el caso para el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y, por tanto, mano derecha de Álvaro García Ortiz. Sin embargo, en otro auto, el juez rechaza los recursos del jefe del Ministerio Público y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, contra la decisión de tomarles declaración como investigados.
En uno de los autos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Hurtado acuerda sobreseer de manera profesional las actuaciones respecto al hombre de confianza de García Ortiz al considerar que no hay motivos suficientes para mantener su imputación. El magistrado se basa en la propia declaración de Villafañe como investigado así como los testimonios de varios testigos y los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Durante su declaración el pasado 5 de febrero, Villafañe se desmarcó de la filtración sobre el novio de Ayuso. El lugarteniente de García Ortiz negó que facilitara la denuncia del Ministerio Público y señaló que más de 500 personas tenían acceso al expediente. El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado también insistió en que nunca tuvo el correo electrónico que el querellante envió para solicitar un pacto de conformidad.
El recurso de García Ortiz
Hurtado imputó a Villafañe al considerar que tuvo «un papel de relevancia» en la filtración al ser una «persona de confianza» de García Ortiz. De hecho, el fiscal general le pidió tanto a él como a Rodríguez el pasado 7 de marzo que le remitieran la denuncia, el expediente administrativo y demás documentación relativa al novio de Ayuso, que se publicaría en eldiario.es el 12 de marzo.
El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía afirmó que era el encargado de canalizar este tipo de peticiones y que estaba obligado a dar una dación de cuentas, como recogen los artículos 25 y 26 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
En otro auto, Hurtado desestima los recursos de reforma presentados por García Ortiz y Rodríguez Fernández contra el auto de 13 de enero que acordó tomarles declaración como investigados por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado descartar la «hipótesis» que plantean sobre la «posibilidad abstracta» de que otras personas que tuvieron acceso al email en cuestión de la pareja de Ayuso lo filtraran.
El juez que instruye el caso asegura que hay indicios «suficientes» para achacar a García Ortiz la presunta revelación de secretos porque nada más «cerrar el círculo» el correo electrónico se publicó en prensa. Hurtado se refiere a un email del 2 de febrero del año pasado, cuando la defensa de González Amador ofreció al fiscal que le investigaba, Julián Salto, reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo para evitar el juicio.
En su resolución, Hurtado rechaza los reproches que formulan los recurrentes sobre lo que consideran una inadecuada valoración de algunos testimonios prestados en la causa tanto por fiscales como por periodistas como por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso. El instructor tampoco comparte el intento de equiparación de la «filtración suprepticia» del correo con la «divulgación autorizada» del contenido del correo del 12 de marzo, ya que el juez entiende que son dos situaciones perfectamente diferenciales
El auto resalta que «el hecho nuclear de este delito consiste en revelar un secreto o información confidencial, al que ha tenido acceso el sujeto activo y no ha de ser divulgada, confidencialidad que no se pierde porque haya existido información previa sobre aspectos ajenos al núcleo de lo confidencial». Además, añade que las negociaciones entre la Fiscalía y González Amador es «material sensible» que pasa por criterios de confidencialidad y, si se quiebra, «puede entrañar una importante merma para el derecho de defensa».
