El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que condena a Benidorm a indemnizar a la familia de promotores urbanísticos Murcia Puchades con 283 millones de euros, más intereses de demora, como compensación por la pérdida de derechos de urbanización de un terreno de su propiedad ubicado en suelo protegido del parque natural de Serra Gelada. La providencia dictada el pasado miércoles, 2 de abril, que es firme, abriría un agujero contable en la caja benidormí casi imposible de cerrar, ya que el saldo total de la indemnización fijada, estimado en unos 330 millones, duplica con creces los presupuestos municipales, que la capital turística alicantina mantiene prorrogados desde 2024 y que ascienden a 141,6 millones. El alcalde, Toni Pérez (PP), ya ha anunciado que seguirá luchando contra los convenios que firmaron los Murcia Puchades en los tribunales.
El conflicto entre los promotores urbanísticos y el Ayuntamiento de Benidorm nace en 2005, cuando se establece el plan de protección de Serra Gelada, un relieve montañoso de seis kilómetros de longitud desde el que se dominan todos los rascacielos del coloso turístico alicantino y la comarca en que se sitúa, la Marina Baixa. Los Murcia Puchades, dueños de tres parcelas en la sierra que sumaban algo más de 2 millones de metros cuadrados, con 102.000 de superficie útil, ceden 121.995 metros cuadrados, que se compensarán en solares de zonas urbanizables, y renuncian a construir en plena montaña. Este convenio lo firman con el entonces alcalde, Vicente Pérez Devesa (PP) y lo renuevan dos veces con Agustín Navarro (PSOE), durante su mandato al frente de la Alcaldía benidormí, en 2010 y 2013.
El acuerdo, sin embargo, no acaba de cumplirse. Y los Murcia Puchades inician una batalla judicial que, en 2019, cobra forma de una demanda interpuesta por los constructores a través de sus firmas Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, en la que solicitan 283 millones de euros como compensación por no haber obtenido los terrenos urbanizables que se les habían prometido. El juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Alicante, en febrero de 2022, les niega la razón, parcialmente, y reduce la indemnización a 683.000 euros, abonados desde las arcas municipales. Los demandantes recurren el fallo ante el TSJ. El alto tribunal valenciano aprecia errores en la calificación del Área de Planeamiento Remitido (APR7), que incluye las fincas propiedad de los Murcia Puchades, señala al Ayuntamiento como “responsable” y estima la reclamación de los Murcia Puchades “contra la resolución presunta por la que se desestima su reclamación de derechos y cumplimiento de convenio urbanístico”, consistente en una compensación que tasa en 283.055.750,12 euros, que deberá abonar el consistorio benidormí, con sus intereses legales.
La providencia del Supremo, adelantada por el diario Todo Alicante, inadmite el recurso presentado por el consistorio contra la sentencia del TSJ. Los magistrados apuntan hacia la “falta de fundamentación suficiente, con singular referencia al caso” para “apreciar el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y la conveniencia de un pronunciamiento de la sala de lo Contencioso-Administrativo” donde se dirime. También aprecian “carencia, en los términos en los que ha sido preparado el recurso, de interés casacional objetivo” para el caso, en el que, en su opinión, el demandante pretende un pronunciamiento a medida, “incompatible con la vocación generadora de jurisprudencia uniforme del vigente sistema casacional”. El fallo impone 2.000 euros al Ayuntamiento en costas procesales.
Tras conocer el dictamen del Supremo, Pérez volvió a convocar a los portavoces de los partidos presentes en el consistorio local y hoy, en rueda de prensa, ha tratado de transmitir un mensaje de tranquilidad. Según ha explicado, los servicios jurídicos municipales exploran “todas las vías” para defender el interés general de los ciudadanos. “Todavía es muy pronto para avanzar la hoja de ruta” jurídica que seguirán, advierte, pero estará cerca de las causas que actualmente siguen abiertas en los tribunales respecto a este asunto. Sobre todo, la línea relacionada con la revisión de oficio y declaración de nulidad de los convenios pactados con los Murcia Puchades, en la que dos juzgados de Primera Instancia han dado la razón a Benidorm y otros tres litigios siguen pendientes de sentencia, tal como ha recordado Pérez. “El ayuntamiento aún no ha agotado el camino”, ha declarado, “no estamos en el momento procedimental de tener que atender esa responsabilidad patrimonial”. “Los técnicos”, ha continuado, “han abierto un abanico de posibilidades que hay que concretar”.
