El Gobierno trató ayer de «presionar» al Tribunal Supremo para que aplique la Ley de Amnistía al líder de Junts, Carles Puigdemont, como ellos quieren, es decir, borrando cualquier atisbo de consecuencia penal para el prófugo que lideró, en palabras del Tribunal Constitucional, una «crisis político-constitucional donde se cuestionó la unidad del Estado».
Tras conocer el fallo de la corte de garantías el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, declaró que el cambio de realidad en Cataluña que favorece esta norma «no será completo hasta que no incluya también a los líderes del proceso independentista». Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pidió «a las autoridades judiciales pertinentes, especialmente al Tribunal Supremo, con respeto pero con claridad, que se les aplique la ley con diligencia» a aquellas personas que aún no han podido beneficiarse de la misma, en clara alusión a Puigdemont.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, estas «presiones» sobre la Sala Segunda del Supremo no tendrán efecto alguno. El instructor del procés, Pablo Llarena, estudió en profundidad la Ley de Amnistía y consideró, en julio de 2024, que no era amnistiable el desvío de fondos imputado al ex presidente de la Generalitat por el 1-O.
En un auto, Llarena argumentó que las limitaciones que introdujo el propio legislador en la norma en lo que afecta al delito de malversación impedían aplicar la amnistía al dirigente independentista. El instructor explicó que el artículo 1.4 de la Ley indica que el concepto de enriquecimiento alcanza, además de a las actuaciones donde se obtenga cualquier ventaja personal de carácter patrimonial, a quien, con cargo a los caudales públicos, obtiene cualquier beneficio que hubiera exigido del pago de una contraprestación dineraria, aunque no aumente materialmente su nivel de riqueza. En el procés, los fondos salieron de las arcas de la Generalitat pero quienes disponían del control de esos recursos públicos decidieron ponerlos al servicio de una iniciativa política ilegal, como fue el referéndum del 1-O del año 2017, donde primó el interés personal y también colectivo de los independentistas.
El criterio de Llarena fue respaldado por la Sala de Apelaciones del TS, su superior jerárquico y órgano que el pasado miércoles dio vía libre para que Puigdemont recurra en amparo esta decisión ante el TC.
La defensa del líder de Junts dispone de 20 días hábiles para interponer una demanda de amparo por vulneración de derechos fundamentales donde previsiblemente solicitará al Constitucional que se deje en suspenso de forma cautelar la orden de nacional de detención que pesa contra él.
Pero la realidad es que a lo largo de 205 páginas de sentencia, la corte de garantías no se pronuncia sobre el delito de malversación. Además, en el Supremo defienden a capa y espada que la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía respecto al delito de desvío de fondos públicos es una «cuestión de legalidad ordinaria y no constitucional» y que, por lo tanto, le corresponde a la Sala Segunda del Alto Tribunal «interpretarla». «Corresponde al Supremo interpretar cuál es el ámbito de aplicación definido por una ley ordinaria», insisten.
De hecho, el fallo del TC no tendrá ninguna consecuencia inmediata para el ex presidente catalán porque el magistrado Llarena mantiene en vigor la orden nacional de busca y captura contra él. Si decide regresar a España podrá ser detenido.
Las fuentes jurídicas consultadas enmarcan las declaraciones de Bolaños e Illa en la «campaña» que otros miembros destacados del Ejecutivo y el PSOE han emprendido contra los miembros del Poder Judicial en los últimos meses. Las valoran como un intento más para «desacreditar» al Supremo. También interpretan que, con afirmaciones así, se está tratando de poner en cuestión la decisión de la Sala Segunda del TS para allanar el camino a que el Constitucional de Cándido Conde-Pumpido pueda en un futuro próximo amparar a Puigdemont.
