El acuerdo definitivo sobre el concierto económico solidario acordado entre el PSC y ERC no estará listo hasta el primer semestre de 2025, según consta en el documento para desencallar la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. El pacto se articulará a través de la comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado, cuyos acuerdos serán trasladados a la comisión mixta de asuntos económicos para que sean finalmente aprobados. La Agencia Tributaria Catalana se hará de forma “progresiva” con las competencias y la Generalitat asumirá asimismo “mayor capacidad tributaria”. La calendarización del despliegue dependerá de ese acuerdo, aunque el primer impuesto será el de la renta, del que se encargará la Generalitat a partir de 2026 (para la campaña del IRPF de 2025). Después se iniciarán los estudios para poder recaudar parte del IVA, el dirigido a las pymes y a alquileres turísticos, este último una vez se apruebe la directiva europea que lo regirá.
El preacuerdo, sin membrete y que no está firmado por ninguno de los dos partidos, asume que la Generalitat recaude los impuestos que se pagan en Cataluña para abonar después una parte al Gobierno central a través de dos vías. Por un lado, la Generalitat abonará a la Administración del Estado por los servicios e inversiones estatales en Cataluña que se establecerá a través “de un porcentaje de participación en los tributos”. Actualmente, son las comunidades las que participan en una cesta de impuestos estatales. La segunda se canalizará a través de una cuota de solidaridad que no se concreta, pero se afirma que tendrá que ser “transparente” y deberá asegurar que el resto de comunidades puedan prestar “niveles similares” de servicios públicos que Cataluña, “siempre que hagan un esfuerzo fiscal también similar”. Es decir, ninguna comunidad podrá contar con más recursos que Cataluña una vez aplicados los fondos de solidaridad, tal y como establece el “principio de ordinalidad”. ERC calificó el acuerdo de “concierto económico solidario”, pero esa terminología no aparece en el texto, sí, en cambio, la de “financiación singular” y “soberanía fiscal”.
La Agencia Tributaria catalana asumirá las competencias de “recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos generados en Cataluña”. Para ello, afirma el acuerdo, será necesario el “traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos” necesarios. No hace mención el acuerdo a la Agencia Tributaria estatal, pero se sobreentiende que esos medios tendrán que proceder de esa institución que ahora recauda los impuestos en toda España. El documento se ampara en los artículos 204 y 205 del Estatut que fija que la Generalitat puede recaudar sus propios impuestos sin perjuicio de los que le pueda ceder la Administración del Estado.
Tras la formalización del acuerdo en 2025, las sucesivas modificaciones y pactos se trasladarán a la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat donde se impulsarán cuatro objetivos: la asunción de todos los impuestos por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña; el aumento “sustancial” por parte de la Generalitat de la capacidad normativa tributaria en coordinación con el Estado y la UE; el despliegue calendarizado del nuevo modelo de financiación y el impulso de las modificaciones de la LOFCA, que requiere una mayoría en el Congreso. Pese a salir del régimen común, el acuerdo sostiene que la Generalitat pueda seguir participando en organismos multilaterales, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El acuerdo sostiene que Cataluña sufre una “infrafinanciación sostenida en el tiempo” que han sido incapaces de resolver los diferentes sistemas de financiación, que asimismo limitan las políticas públicas de la Generalitat en salud, servicios sociales y vivienda. Considera que, en vez de resolverse, esas “deficiencias” se perpetúan porque el actual modelo está caducado, es poco transparente y es insuficiente y supone un “lastre sistemático” para el crecimiento económico de Cataluña. Es por ello que se apuesta por cambiar el modelo sobre “un nuevo paradigma”, el del concierto.
El documento, que recoge algunas de las medidas de ERC durante la legislatura pasada -como, por ejemplo, el mantenimiento de la Oficina del Plan Piloto de la Renta Universal- incluye estos otros puntos.
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Una oficina sobre el conflicto político. ERC ha ladeado en esta negociación el referéndum, pero ha conseguido arrancar al PSC que en el primer pleno de esta legislatura impulsen una, la denominan así, Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político, que estará presidida por un miembro de ERC e integrará a representantes de todos los partidos. El PSC rechaza el referéndum, pero había pedido sin éxito al president Aragonès la creación de una mesa de partidos catalanes para abordar el asunto. La convención propondrá sugerencias y el Govern creará un ente con recursos humanos y técnicos para desarrollar esa tarea, así como el seguimiento de la aplicación de la ley de amnistía.
La protección del catalán. Bajo el epígrafe “Cataluña es una nación con la voluntad de proyectarse al mundo”, el documento despliega toda una serie de medidas para reforzar un conjunto de políticas encaminadas a potenciar el uso social del catalán empezando por la creación de un departamento de política lingüística que asumirá el PSC. En la campaña, los socialistas eran partidarios de que el catalán dependiera del departamento de Presidencia. El texto rescata la aprobación del Plan Nacional de la Lengua, en los primeros 100 días de gobierno, que quedó pendiente en la última legislatura.
Presencia de Cataluña en organismos internacionales. El documento recoge el compromiso de reforzar la presencia de la Generalitat en agencias e instancias internacionales vinculadas que traten asuntos que afecten a sus competencias. La prioridad será el concurso de Cataluña en la Unesco como ya hacen Flandes o el Quebec o un representante de la Generalitat al Senior Officials Meeting de la Unión por la Mediterránea.
El macrocasino del Hard Rock. El avance de la tramitación administrativa del recinto de ocio y juego en Vila-seca y Salou (Tarragona) fue el elemento que hizo saltar por los aires la anterior legislatura, al bloquear los comunes la aprobación de los Presupuestos. La instalación, que arrastra años de retrasos, vuelve ahora, con un punto que insta a modificar la legislación que la regula (la Ley del Consorcio Recreativo Turístico) para elevar el impuesto del juego vinculado a los casinos, que justo se rebajó hace una década (con el apoyo del PSC y la abstención de ERC) para hacer posible el proyecto. Del 10% pasará al 55%, un incremento apoyado abiertamente por los republicanos y los comunes.
Gobernanza del aeropuerto. El PSC y ERC consideran “imprescindible” que la Generalitat participe en aspectos clave y estratégicos de los aeropuertos catalanes de la red de Aena, empezando por el de El Prat. Se creará un nuevo ente, el Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña, para que el Gobierno catalán pueda participar en gestión del nuevo sistema aeroportuario. Asimismo, se creará una Autoridad Aeroportuaria de Cataluña.
Selecciones deportivas catalanas. “Se continuará trabajando por el máximo reconocimiento del deporte catalán a todos los niveles”, señala un punto del preacuerdo de gobierno, que abre la puerta a que tengan la posibilidad de participar directamente “en el ámbito internacional correspondiente por el hecho de haberse constituido antes que la federación estatal correspondiente”. Para trabajar en ello se constituirá una Oficina del Govern, adscrita al Consell Català de l’Esport.
Impuestos. El PSC se ha comprometido a impulsar durante su mandato la reforma del tramo catalán del impuesto de la renta en Cataluña, lo que supondrá una reducción de la presión fiscal para rentas inferiores a 33.000 euros. Asimismo, los socialistas se han comprometido con ERC a no modificar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, tributo en el que se está produciendo una importante batalla de gravámenes entre autonomías, iniciada por las rebajas de la Comunidad de Madrid.
Plan de Vivienda. Después de años de emergencia habitacional, los dos partidos acuerdan poner en marcha un programa urgente para construir 50.000 pisos nuevos en el periodo 2024-30, además de incentivar la rehabilitación para elevar el número de viviendas de alquiler asequible y social.
Lea el texto íntegro del acuerdo en catalán.
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