La primera auditoría del Tribunal de Cuentas a la Casa de S.M. el Rey determina que «las cuentas anuales» de la Corona «expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Casa de Su Majestad el Rey» a fecha del 31 de diciembre «así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto».
El Tribunal de Cuentas avala así la gestión económica de la jefatura del Estado en un informe que el Palacio de la Zarzuela publicó ayer en su página web, junto a las cuentas anuales de la Corona para el ejercicio 2023, y donde el órgano fiscalizador afirma que esta auditoría «se ha realizado y concluido» en aplicación de la modificación del Real Decreto Ley de reestructuración de la Casa del Rey 434/88 que aprobó el Consejo de Ministros en 2022 y al posterior convenio suscrito entre la Casa del Rey y el Tribunal de Cuentas.
Junto a ambos documentos, desde la Zarzuela añadieron una nota del Jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, en la que informa que está de acuerdo con ambos informes: «Apruebo las cuentas anuales, formuladas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública correspondientes al ejercicio 2023. A dichas cuentas anuales se refiere el informe de auditoría emitido, con fecha 24 de junio de 2024, por el Tribunal de Cuentas».
En la memoria explican que la Casa del Rey recibió mediante una transferencia de crédito establecida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, para el programa «Jefatura del Estado», un total de 8.431.150,00 euros, que es la asignación pública que el Gobierno destinó a la Corona el año pasado y que es la última que los últimos tres años, ya que el Gobierno la congeló por tercer año consecutivo. De esa cantidad total, el montante más elevado de este presupuesto (4.159.763,80 euros) fue para asumir los sueldos y salarios de todo el personal de la Casa del Rey y las asignaciones de los miembros de la Familia Real.
Con otros 605.935,43 euros la Corona hizo frente a cotizaciones sociales, formación de personal, acción social, economatos y comedores… Mientras que otros 2.520.927,02 euros fueron derivados a «otros gastos de gestión ordinaria», como el alquiler de medios de transporte y equipos para procesos de información, primas de seguros, combustibles, material de oficina o comunicaciones telefónicas, entre otros.
A los 8.431.150,00 euros iniciales, de los PGE, la Casa del Rey añadió otros 579.000 euros del fondo propio de remanentes de la Corona. Este incremento, según explican en la memoria, estuvo motivado por «determinadas obligaciones presupuestarias consecuencia del nuevo marco contable, junto con el mayor impulso de la agenda «de los Reyes, especialmente de la agenda internacional y de los viajes». Esto llevó a que el Rey contara el año pasado con un total de 9.010.150 euros para los gastos derivados de sus funciones institucionales.
La memoria anual de cuentas de la Casa del Rey refleja también el aumento de sueldos de los miembros de la Familia Real que se dedican a tiempo completo a sus funciones institucionales y de representación. Estas retribuciones están fijadas en la Ley de Presupuestos Generales (PGE) de cada año, por lo que aumentaron lo mismo que lo que el Gobierno acordó para funcionarios públicos y altos cargos en 2023.
A principios del año pasado, Felipe VI pasó de ingresar 270.609,60 euros a 278.727,98 euros. La Reina Letizia cobró 153.291,23 euros, frente a los 148.826,44 del año anterior. Y el sueldo de Doña Sofía ascendió a 125.429,42 euros.
Primera auditoría del Tribunal de Ceuntas
Fue a finales del pasado mes de enero cuando el equipo específico designado por la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, para auditar la contabilidad de la Casa del Rey desembarcó en el Palacio de la Zarzuela y realizó una serie de visitas para contabilizar hasta el último céntimo que entra y sale en la Casa del Rey.
Esta auditoría forma parte de las medidas que Felipe VI estableció tras ser proclamado Rey en 2014, con el objetivo de reforzar la transparencia y eficiencia del control contable de la Corona. Hasta 2022, estos informes los elaboraba la Intervención General del Estado, pero, por deseo voluntario del Rey, las finanzas a partir de 2023 y en adelante las realizará el Tribunal de Cuentas que, según la Constitución, es el órgano supremo fiscalizador del Estado y del sector público. Es independiente de la Administración del Estado y depende directamente de las Cortes.
Esta es, por tanto, la primera auditoría de la Casa del Rey que realiza el Tribunal de Cuentas, que tenía hasta el 30 de junio para terminar su informe. Algo que hizo en tiempo y forma e hizo llegar a la Casa del Rey el 24 de junio. El trabajo, según publicó ABC en su momento, se ha basado en tres ejes: la revisión de documentación, la realización de entrevistas al personal de la Casa del Rey y la ejecución de pruebas analíticas. Para ello, desde el Palacio de la Zarzuela tuvieron hasta el 31 de marzo para presentar su contabilidad del ejercicio 2023.
