Desde que el presidente Pedro Sánchez anunció en abril que ponía en marcha la maquinaria para acabar con las Golden Visa -el sistema existente en España desde 2013 que otorga el permiso de residencia y trabajo a los extranjeros que adquieran una propiedad de al menos 500.000 euros, con la opción de traer a sus familiares-, algunos inversores internacionales e inmobiliarias especializadas han pisado el acelerador para no perder el último tren.
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