La base militar de Aitana, inaugurada en 1960 tras un acuerdo entre España y Estados Unidos en plena Guerra Fría, agoniza en el punto más elevado de la Comunidad Valenciana, la sierra de Aitana, a más de 1.500 metros de altura, en un terreno que pertenece al municipio de Alcoleja (Alicante, 188 habitantes). Expoliado, vandalizado y en peligro de ruina, el Asentamiento ACAR EVA 5, uno de los 13 Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA) que se instalaron en España, iba a ser utilizado por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como Centro de Primeras Llegadas (CPLL) para albergar a 600 personas, según anunció el entonces titular de la cartera, José Luis Escrivá, el año pasado. Sin embargo, el gabinete, ahora liderado por Elma Saiz, ha desechado el proyecto porque el presupuesto inicial, de 25 millones, se ha encarecido y en Alcoleja han vuelto a poner el marcador a cero.
“Tenemos que buscar otra alternativa”, declara la alcaldesa, Gema Baldó (PSOE), “quizá un proyecto medioambiental que ofreceremos al ministerio de Transición Ecológica”. Llevan así desde que cerró en 2006 la base de radares y antenas, emplazada en un entorno privilegiado, a 5 kilómetros del casco urbano de Alcoleja, objeto de diversas reivindicaciones ecologistas, antimilitaristas y urbanísticas. A mediados de la década de los sesenta, EE UU perdió su interés por la base alicantina. El ministerio de Defensa, por su parte, recortó el número de efectivos y concentró su actividad en un radar cercano.
El antecesor al frente del Ayuntamiento y actual teniente de alcalde, Francisco Fenollar, desgrana para EL PAÍS todas las ideas que se han propuesto para no dejar morir las instalaciones. “Se propuso como centro para la Tercera Edad, como alojamiento para militares jubilados, como albergue juvenil, como centro de alto rendimiento para ciclistas”, para aprovechar las estancias invernales de numerosos equipos profesionales en territorio alicantino. “Incluso hablamos con Pedro Duque, cuando era ministro, para que lo convirtiera en observatorio espacial”, recuerda Fenollar. La sede de la Universitat Politècnica de València (UPV) en Alcoy redactó una memoria con los posibles usos en los que las instalaciones militares podían emplearse. Pero, al final, la base de Aitana “sigue siendo un problema que debería ser una oportunidad para el pueblo y su entorno”, un “revulsivo para la economía de la zona”.
Este fue uno de los argumentos utilizados por Escrivá a la hora de anunciar el proyecto finalmente desestimado. La acogida de refugiados durante sus primeras seis semanas de estancia en España iba a ser financiada con fondos europeos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de su apartado destinado a la necesidad de contar con los servicios y obras especificados para responder a la situación de fuerte presión migratoria y poder cumplir con las obligaciones actuales del Estado en materia de inmigración.
El plan del actual ministro para la Transformación Digital, tras su cambio de cartera, preveía la creación de 60 puestos de trabajo directos y otros 100 indirectos. Prácticamente un contingente tan numeroso como toda la población del municipio, situado en plena sierra al norte de la provincia, en la frontera entre las comarcas de El Comtat y la Marina Baixa. Pero el plan gubernamental ha naufragado, “como todos los que hemos propuesto, por falta de financiación”, lamenta Baldó. Con el proyecto ya licitado, la junta de contratación lo desestimó la semana pasada porque las lamentables condiciones de las infraestructuras, en estado confirmado de ruina, según Inclusión, elevaban el presupuesto por encima de lo aconsejable para acometer las obras necesarias.
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Y también porque la protesta vecinal, orientada a paralizar el proyecto amparándose en su impacto medioambiental, urbanístico, económico y social, podría haber llegado incluso a los tribunales, con lo que se alargarían los plazos de obra, circunstancia que obligaría a devolver los fondos europeos con que se pretendía sufragar. Las instalaciones, de unos 54.000 metros cuadrados, han vuelto a manos municipales, “a coste cero”.
“Ahora, reuniremos a los vecinos”, que habían expresado su rechazo al centro, sobre todo por motivos ambientales, liderados por la plataforma vecinal Salvem Aitana, “para explicarles lo que ha pasado, por qué no sigue adelante, y escuchar qué alternativas proponen”, avanza Baldó. De momento, la primera edil se ha reunido esta semana con el subdelegado de Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, para estudiar todas las posibilidades. De momento, desde el consistorio siguen con su tormenta de ideas. “Podría ser un centro de Formación Profesional especializado en energías renovables, en fabricación e instalación de plantas fotovoltaicas”, sugiere Fenollar. O un centro de interpretación de la naturaleza o, de nuevo, un albergue juvenil en plena cima.
Lo peor, subrayan tanto la alcaldesa como Fenollar, es que “las instalaciones están muy mal”. La base fue una de las trece que se repartieron por las cotas más altas de España. Lo que entonces se conocieron como Escuadrones de Vigilancia Aérea. Perfilado por dos gigantescas esferas blancas que protegían las antenas, el destacamento se mantuvo a las órdenes del ejército de Estados Unidos hasta 1964, fecha en que pasó a las fuerzas aéreas españolas. Llegó a albergar a unos 400 efectivos, sirvió como destino para el servicio militar –como atestigua una página de Facebook que congrega a los quintos que pasaron por allí- y fue desmantelada en 2007, tras casi cinco décadas de servicio. En sus inmediaciones, un radar del Ejército del Aire sigue dando servicio a las fuerzas de la OTAN.
“El problema fundamental es que este tipo de instalaciones se abandona en pleno uso y no hay un responsable que se ocupe de darle uno nuevo”, critica Fenollar, que estuvo al frente de la alcaldía de Alcoleja hasta que cedió su puesto a Baldó en esta última legislatura. El caso es similar al que padece otro municipio alicantino de montaña situado a unos 40 kilómetros en línea recta hacia el sur, Aigües de Busot, cuyo preventorio sigue a la espera de que alguien lo saque de la agonía. “Es un caso parecido, sí”, concede Fenollar, “y denota una falta de previsión” generalizada, en su opinión. “En 2006 habría estado todo hecho”, manifiesta, “los inmuebles estaban dotados hasta con calefacción y aire acondicionado, se le habría podido dar un uso inmediato, pero la burocracia lo complicó todo y ahora la base está parada, expoliada, hasta han encendido fogatas en su interior”.
